¿Dónde están los RD$60,000 millones para retirar chatarras en RD?

La circulación de vehículos deteriorados vuelve a colocar sobre la mesa un problema pendiente del transporte dominicano y es el cómo retirar las unidades que ya no reúnen condiciones para operar y, al mismo tiempo, permitir que sus propietarios puedan sustituirlas sin perder su fuente de ingresos.

El presidente Antonio Marte de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), sostiene que alrededor del 70% de los vehículos dedicados al transporte en el país no estaría en condiciones adecuadas para circular. El dirigente afirma que el Gobierno dispone de más de RD$60,000 millones recaudados desde 2012 que podrían utilizarse para renovar esas flotillas.

El reclamo coincide con los preparativos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para implementar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) durante el primer semestre de 2027. La medida permitiría evaluar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, pero los transportistas advierten que retirar las unidades que no superen las pruebas requiere un mecanismo de financiamiento que facilite su reemplazo.

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¿De dónde salen los RD$60,000 millones que reclaman los transportistas?

La cifra mencionada por Marte está relacionada con la Ley 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. Su artículo 20 estableció un impuesto adicional de RD$2 por galón al consumo de gasolina y gasoil, tanto regular como premium, con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular del transporte público de pasajeros y de carga.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es la responsable de recaudar ese impuesto, mientras que la ley dispone que los ingresos estimados por este concepto sean asignados en el Presupuesto General del Estado. El Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo coordinar la utilización de esos recursos e identificar los programas y proyectos que recibirían financiamiento.

Sin embargo, hay una precisión importante, debido a que la legislación establece que el 25% de esos ingresos debe utilizarse exclusivamente para el programa de renovación vehicular del transporte público de pasajeros y de carga. El resto forma parte de los recursos destinados al objetivo más amplio de desarrollo vial y renovación del parque vehicular.

Por tanto, los más de RD$60,000 millones mencionados por Marte no deben interpretarse automáticamente como un fondo íntegro disponible para entregar a los transportistas. Para establecer cuánto se ha recaudado, cuánto se ha presupuestado, qué montos se han ejecutado y qué saldo permanece disponible sería necesario consultar la ejecución presupuestaria y los registros oficiales correspondientes.

¿Qué reclaman Antonio Marte y los transportistas?

El presidente de CONATRA considera que los recursos recaudados desde 2012 deberían traducirse en facilidades para sustituir los vehículos deteriorados por unidades nuevas.

Marte cuestionó que todavía no se haya presentado un programa que permita retirar de manera amplia las unidades que no reúnen condiciones para circular. A la vez, señaló que los autobuses de los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres fueron adquiridos mediante préstamos vinculados a esos recursos y que, según afirmó, ya fueron saldados. El dirigente considera que la renovación de las flotillas permitiría reducir los riesgos asociados a vehículos con problemas mecánicos, además de contribuir a disminuir la contaminación y mejorar las condiciones del servicio.

Asimismo, CONATRA ha planteado su interés en participar en el proceso de inspección técnica. Marte informó que la organización sometió solicitudes para habilitar sus 32 talleres, uno por provincia, como centros especializados para realizar las revisiones, pero aseguró que todavía no había recibido respuesta sobre esas solicitudes. El transportista advirtió que no cualquier taller puede asumir esa función, debido a que se necesitan equipos especializados y personal capacitado para evaluar correctamente las unidades.

¿Qué pasará con el 70% de los vehículos que no está en condiciones?

La estimación del 70% corresponde a la valoración de Marte sobre el parque vehicular dedicado al transporte. No se trata de un resultado oficial de una inspección nacional, pues el sistema de revisión técnica todavía no ha comenzado a operar. El dirigente se refirió a automóviles, microbuses, minibuses y autobuses que, según su evaluación, presentan condiciones que comprometen su circulación. La preocupación es que muchos de esos vehículos continúan prestando servicios de transporte de pasajeros y carga.

La Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contempla límites de antigüedad y condiciones técnicas para determinadas categorías de vehículos. También establece la obligación de retirar progresivamente las unidades de transporte público que se encuentren en mal estado.

Además, el artículo 347 dispone un cronograma para sacar de circulación esos vehículos, mientras que el artículo 41 establece límites de vida útil para distintas categorías. La aplicación efectiva de estas disposiciones depende, entre otros aspectos, de que funcione el sistema de inspección técnica y de que las autoridades definan los procedimientos correspondientes.

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La revista vehicular volvería durante el primer semestre de 2027

El Intrant informó el 4 de noviembre que trabaja para implementar la Inspección Técnica Vehicular durante el primer semestre de 2027, luego de casi una década sin un sistema general de revisión periódica. Su director ejecutivo, Juan Manuel Méndez García, explicó que la institución coordina con la Dirección General de Contrataciones Públicas para determinar el mecanismo que permita poner en funcionamiento el servicio.

Entre los preparativos figuran los levantamientos técnicos y la certificación de los talleres automotrices interesados en participar. Se contempla acreditar a los técnicos que realizarán las evaluaciones y validarán sus resultados. La inspección permitirá comprobar aspectos relacionados con el estado mecánico, los sistemas de seguridad y las condiciones ambientales de los vehículos. Las unidades que no cumplan con los requisitos establecidos podrían quedar impedidas de obtener la certificación necesaria para circular.

No obstante, el anuncio del Intrant todavía no establece un calendario definitivo por tipo de vehículo ni identifica todos los centros que prestarán el servicio.

¿Cómo se financiaría el reemplazo de las unidades deterioradas?

La principal preocupación de los transportistas es que la inspección técnica no se convierta únicamente en un mecanismo para impedir la circulación de vehículos, sin ofrecer alternativas para quienes dependen de ellos para trabajar.

De igual forma, la Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (FENATRAPEGO) ha pedido que se aplique el mecanismo previsto en la Ley 253-12 para facilitar la sustitución de las flotillas. Su presidente, Eddy Francisco Sánchez, planteó la necesidad de establecer una mesa de diálogo entre las autoridades y los representantes del sector antes de poner en marcha las revisiones.

El gremio considera que los propietarios de vehículos que no superen las inspecciones necesitarán incentivos, facilidades económicas y opciones de financiamiento para adquirir unidades en mejores condiciones. Por tanto, la discusión no se limita a determinar qué vehículos pueden seguir circulando. Incluye quién asumirá el costo de reemplazarlos, bajo cuáles condiciones podrán acceder los transportistas a los recursos y qué criterios se utilizarán para seleccionar a los beneficiarios.

El Plan Cero Chatarra de la CNTU ha triturado unas 850 unidades

Mientras el Gobierno prepara la inspección técnica, algunas organizaciones del transporte han desarrollado iniciativas propias para retirar vehículos deteriorados.

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció el relanzamiento de su Plan Cero Chatarra, con el objetivo de sustituir unidades en malas condiciones por vehículos nuevos y eléctricos. Su presidente, Williams Pérez Figuereo, informó que la organización ha triturado aproximadamente 850 vehículos como parte del programa. La nueva etapa contempla la renovación de unidades que prestan servicio en la avenida John F. Kennedy, de acuerdo con el anuncio de la organización.

Es más, el programa constituye una iniciativa del gremio y no debe confundirse con un plan estatal financiado con los recursos de la Ley 253-12. Tampoco representa, por sí solo, una solución para la totalidad de los vehículos deteriorados que circulan en el país.

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