Cédula con errores en el acta de nacimiento: qué propone la JCE

La renovación de la cédula de identidad y electoral ha puesto de manifiesto una dificultad que afecta a personas que durante años han utilizado documentos dominicanos, pero ahora no pueden obtener el nuevo formato por inconsistencias en sus actas de nacimiento o registros civiles. Ante esa situación, una iniciativa depositada en la Cámara de Diputados propone establecer un régimen especial para reconstruir su identidad y regularizar su documentación.

El proyecto, presentado el 1 de octubre de 2026 por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantea que la Junta Central Electoral (JCE) examine cada expediente y determine si la persona cumple los requisitos legales para acreditar la nacionalidad dominicana. La propuesta contempla casos de suplantación de identidad, falsedad de datos, duplicidad de registros e inconsistencias en las actas.

La iniciativa llega mientras avanza el proceso de renovación de la nueva cédula, cuyo plazo en el territorio nacional concluye el 31 de marzo de 2027. A partir de esa fecha, solo se aceptará el nuevo documento para los trámites que requieran identificación en el país. Sin embargo, el régimen especial todavía debe recorrer el proceso legislativo y no constituye una vía de regularización que esté disponible para los ciudadanos.

Te puede interesar: La Suprema Corte de Justicia abre una nueva etapa en su cúpula judicial

¿A quiénes beneficiaría el régimen especial para renovar la cédula?

El proyecto está dirigido a personas que han contado con una cédula de identidad o de identidad y electoral dominicana, pero enfrentan impedimentos para renovarla debido a irregularidades en sus documentos personales o en los registros del Estado Civil.

Entre las situaciones que contempla estan:

Actas de nacimiento con datos inconsistentes o información falsa

Duplicidad de registros de nacimiento

Suplantación de identidad

Documentos que presentan irregularidades que impiden establecer quién es su titular legítimo

Casos en los que no se puede reconstruir o acreditar la identidad mediante los documentos disponibles

Uno de los aspectos de la iniciativa es que haber participado en alguna irregularidad documental no excluiría automáticamente a una persona del procedimiento. No obstante, acogerse al régimen no legalizaría las actuaciones anteriores ni eliminaría las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas.

¿Qué pasaría si la persona no puede demostrar que es dominicana?

El proyecto plantea dos posibles resultados después de que la JCE investigue cada expediente: acreditar que la persona reúne las condiciones para demostrar su nacionalidad dominicana o establecer que no ha sido posible determinarla jurídicamente.

En este segundo escenario, el organismo podría inscribir al solicitante en un registro especial de identidad y nacimiento y expedirle una cédula especial, con una leyenda visible que diga «NO VOTA». El documento tendría vigencia limitada y sería renovable. Su función sería permitir que la persona pueda acreditar su identidad y mantener determinadas relaciones civiles, familiares, laborales, económicas y administrativas. La cédula especial, no otorgaría ni acreditaría la nacionalidad dominicana. Tampoco permitiría solicitar o renovar un pasaporte dominicano ni ejercer derechos reservados a los nacionales o ciudadanos del país. En esos casos, la documentación indicaría «Nacionalidad no determinada».

De igual forma, la iniciativa contempla una certificación especial de nacimiento. Para elaborarla, se tomarían como referencia los datos de fecha y lugar de nacimiento que aparecen en la cédula anterior, siempre que puedan utilizarse conforme a los criterios del procedimiento. Si no es posible establecer alguno de esos datos, se consignaría que no ha podido determinarse.

¿Cómo sería el proceso de investigación de la JCE?

Tendría la responsabilidad de recibir las solicitudes, investigar los antecedentes y reconstruir la identidad jurídicamente acreditable de cada persona. El procedimiento podría iniciarse por petición del interesado o por iniciativa de la propia institución. El proyecto dispone que las solicitudes se presenten mediante formularios gratuitos y sencillos, de manera presencial o electrónica, sin que sea obligatorio contratar un abogado. A la vez, establece que la falta de documentos no será motivo suficiente para rechazar automáticamente un expediente.

Por lo que la JCE tendría que examinar las pruebas disponibles, consultar sus registros y realizar las investigaciones necesarias para determinar la identidad y la situación jurídica del solicitante. El plazo previsto para adoptar una decisión sería de 30 días laborables, con posibilidad de ampliarlo hasta 45 días en circunstancias excepcionales. Las resoluciones tendrían que explicar los hechos, las pruebas y los fundamentos que justifican la decisión.

Si la solicitud es rechazada, la persona podría pedir una reconsideración ante el Pleno de la JCE dentro de los 30 días laborables siguientes. Tendría la posibilidad de acudir a las vías de revisión jurisdiccional que correspondan, incluido el Tribunal Superior Electoral (TSE) cuando proceda. Otro punto relevante es que iniciar el procedimiento no implicaría, por sí solo, cancelar la cédula anterior ni eliminar los derechos de la persona mientras se examina su situación.

Te puede interesar: ¿Quién hereda si alguien muere sin testamento en RD? El orden que fija la ley para los bienes

El arraigo y los vínculos familiares serían evaluados

La propuesta incluye la valoración del arraigo de los solicitantes, pero plantea que no se mida únicamente por la cantidad de años que hayan vivido en República Dominicana.

Entre los elementos que la JCE podría considerar están los vínculos familiares y sociales, la trayectoria laboral y educativa, la afiliación a la seguridad social, las relaciones financieras y patrimoniales, la posesión de documentos oficiales, la participación electoral y el acceso a pensiones y beneficios sociales. Y el objetivo sería examinar las relaciones que una persona ha construido durante años utilizando documentos emitidos, renovados o reconocidos por instituciones dominicanas.

También, el proyecto procura proteger a terceros de buena fe. En los casos de suplantación, la JCE tendría que realizar investigaciones registrales, documentales y biométricas para determinar quién es el titular legítimo de la identidad. Cuando no sea posible localizar a esa persona, se contempla la publicación de un aviso para que pueda presentar reclamaciones durante un plazo de tres meses. La falta de respuesta no supondría automáticamente la pérdida de sus derechos.

¿Qué relación tiene la propuesta con la Ley 169-14?

Los considerandos del proyecto hacen referencia a la Ley 169-14 y a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, relacionadas con la documentación y la nacionalidad dominicana.

La diputada proponente sostiene que existen personas que han desarrollado su vida familiar, social y económica utilizando documentos dominicanos, pero que posteriormente encuentran obstáculos para renovarlos por irregularidades en sus registros. La iniciativa argumenta que determinados casos quedaron fuera de los mecanismos anteriores de regularización, especialmente aquellos en los que se identificaron falsedades o suplantaciones atribuibles a los propios beneficiarios.

Por eso, propone un procedimiento individualizado que permita establecer la identidad de cada solicitante y determinar qué documentación puede recibir, sin que la regularización implique borrar posibles responsabilidades legales.

La JCE ya aprobó un protocolo para adultos mayores de 60 años

Mientras el proyecto legislativo sigue su curso, la institución aprobó el 26 de octubre de 2026 un protocolo extraordinario para atender una situación más específica: la de personas de 60 años o más que tienen cédula, pero cuyos registros de nacimiento no aparecen en los archivos institucionales, están deteriorados o nunca fueron localizados.

Este mecanismo permite buscar, digitalizar o reconstruir las actas y, cuando no se encuentre el registro, tramitar una declaración de nacimiento fuera de plazo. Para acogerse, la persona debe tener al menos 60 años, poseer una cédula, cumplir las condiciones de depuración documental establecidas y haber proporcionado sus datos biométricos durante el proceso de renovación.

Dicha medida responde a una dificultad histórica: antes de 1992, no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para obtener la cédula. Por esa razón, algunas personas fueron identificadas por el Estado sin que existiera necesariamente un registro de nacimiento vinculado a su documento.

Te puede interesar: La JCE quita las citas para renovar la cédula en el exterior desde el 2 de noviembre: las oficinas

¿Qué pasa con el plazo para renovar la nueva cédula?

La JCE estableció que el proceso de renovación en República Dominicana comenzó el 12 de abril de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027. Desde entonces, solo se aceptará el nuevo formato en el territorio nacional para los trámites que requieran una identificación válida. El calendario es distinto para los dominicanos residentes en el exterior: la renovación comenzó en mayo de 2026 y se extenderá hasta enero de 2028.

La propuesta de régimen especial no modifica por sí misma ese cronograma ni garantiza que las personas con irregularidades documentales puedan renovar su cédula antes de marzo de 2027. Para que sus disposiciones entren en vigor, el proyecto debe ser conocido y aprobado por el Congreso Nacional y posteriormente promulgado y publicado.

Si se convierte en ley, la JCE dispondría de 60 días calendario desde su entrada en vigencia para aprobar el reglamento de aplicación. Asimismo, el texto contempla que los expedientes que estén en trámite o hayan sido rechazados o archivados antes de la nueva ley puedan solicitar acogerse al procedimiento.

Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.