Yeni Berenice Reynoso, una de las Power Faces of Justice 2026

Más allá de los nombres que encabezan las principales instituciones, conviene mirar en su justa medida los cambios que se están viviendo en materia de leyes. En los últimos años, el sistema ha comenzado a modificar simultáneamente sus tiempos de respuesta, sus herramientas tecnológicas, su arquitectura institucional y la manera en que distribuye las responsabilidades entre los distintos órganos que intervienen en la administración de justicia.

En ese proceso, Yeni Berenice Reynoso ocupa una posición particularmente relevante. Como procuradora general de la República desde febrero de 2025, encabeza el Ministerio Público en un momento en que la institución enfrenta una exigencia doble de aumentar su capacidad para investigar y perseguir delitos complejos, mientras preserva las garantías que sostienen el debido proceso.

Es precisamente esa tensión, más que la dimensión simbólica de su cargo, la que convierte su trayectoria en una referencia para entender el momento actual de la justicia dominicana.

Reynoso es la única mujer incluida en el cover story “Power Faces of Justice”, correspondiente al Power Issue 2026 de revista Mercado, una selección que reúne a figuras vinculadas con distintos componentes del sistema de justicia dominicano.

Su presencia permite incorporar una dimensión particularmente significativa a una conversación que, durante mucho tiempo, se ha contado principalmente desde las instituciones y sus estructuras: quién investiga, quién acusa, quién juzga, quién interpreta la Constitución y quién vigila desde la sociedad civil.

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Una carrera construida dentro del Ministerio Público

La trayectoria de Yeni Berenice Reynoso tiene una característica poco frecuente en las altas posiciones del Estado: su recorrido profesional se desarrolló prácticamente dentro del propio Ministerio Público.

Comenzó en 1999 como paralegal voluntaria en la Fiscalía de Santiago. Durante los años siguientes pasó por distintas funciones en esa jurisdicción y en la Cámara Penal de la Corte de Apelación, hasta convertirse en fiscal titular de Santiago en 2009.

En 2011 fue designada fiscal del Distrito Nacional. Para entonces tenía 30 años y se convirtió en la persona más joven en ocupar esa posición, además de haber sido la primera mujer en dirigir la Fiscalía de Santiago. Permaneció al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional hasta 2018, cuando pasó a la Procuraduría Regional del Distrito Nacional como procuradora general de Corte de Apelación.

Su siguiente etapa la llevó directamente al centro de las investigaciones de mayor complejidad del Ministerio Público. En 2020 fue designada procuradora adjunta y titular de la Dirección General de Persecución, posición desde la que participó en investigaciones relacionadas con corrupción administrativa y crimen organizado. La memoria institucional de la Procuraduría de 2024 registra a Reynoso al frente de esa Dirección General.

En febrero de 2025, el Consejo Nacional de la Magistratura la escogió por unanimidad como procuradora general de la República para un período de dos años. La decisión representó además un cambio institucional: por primera vez, el CNM seleccionaba directamente a la persona que ocuparía la Procuraduría General bajo el nuevo esquema constitucional.

Su carrera, por tanto, no puede separarse de la evolución reciente del Ministerio Público. Reynoso no llega a la Procuraduría desde fuera del sistema: llega después de más de dos décadas trabajando dentro de él.

La justicia dominicana ya no se mide únicamente por expedientes

El contexto en el que Reynoso ejerce su función también ha cambiado.

Durante décadas, uno de los principales problemas de la justicia dominicana fue la acumulación de expedientes y los tiempos prolongados para obtener una decisión. Ese problema ha comenzado a ser abordado con herramientas de gestión, digitalización y medición de resultados.

Al cierre de 2025, el Poder Judicial reportó que 87 % de los tribunales del país estaba al día, frente a apenas 30 % en 2023. En materia penal, el 87 % de las salas concluyó el año sin mora estructural y la tasa de solución de los asuntos penales llegó a 100.3 %.

En la Suprema Corte de Justicia, el cambio también puede medirse en tiempo: para abril de 2026, el Poder Judicial informó que el 90 % de los casos se resolvía en tres, seis o 12 meses, mientras que el tiempo de tramitación asociado al recurso de casación había descendido de 707 a 27 días.

Estos números no describen por sí solos la calidad de una justicia. Sí muestran, sin embargo, que la discusión institucional está cambiando. La pregunta ya no es solamente cuántos casos llegan a los tribunales, sino cuánto tarda el sistema en procesarlos, qué herramientas utiliza, cómo distribuye sus recursos y qué tan accesible resulta para quienes necesitan utilizarlo.

Para el Ministerio Público, esa transformación tiene una consecuencia particular: investigar mejor se vuelve tan importante como investigar más.

El nuevo Ministerio de Justicia cambia el mapa institucional

A este proceso se suma una modificación de mayor alcance: la creación del Ministerio de Justicia mediante la Ley 80-25, promulgada en agosto de 2025.

La nueva institución comenzó su etapa operativa en 2026 y asumió responsabilidades vinculadas con la formulación de políticas públicas contra la criminalidad, la coordinación con el sistema de justicia, la representación judicial del Estado, los derechos humanos, asuntos registrales y el sistema penitenciario y correccional. Antoliano Peralta Romero fue designado como su primer ministro de esta nueva etapa.

La separación tiene una implicación importante para el Ministerio Público: algunas funciones administrativas que históricamente habían estado vinculadas a la Procuraduría pasan a una institución especializada, mientras el órgano persecutor concentra su misión en la investigación y persecución penal.

La propia explicación oficial del proyecto señaló que el traslado alcanzaría particularmente al sistema penitenciario y al registro de asociaciones sin fines de lucro, mientras que otras funciones esenciales del Ministerio Público, como la representación de víctimas, las extradiciones y la investigación penal, permanecerían dentro de la Procuraduría.

Yeni Berenice Reynoso en el evento de revista Mercado Top Lawyers 2026, junto a las Power Faces of Justice de nuestra más reciente edición.

La relevancia de esta reforma está menos en la creación de un nuevo cargo ministerial que en la posibilidad de delimitar mejor las funciones del Estado.

Una justicia moderna necesita jueces capaces de decidir, fiscales capaces de investigar y acusar, defensores capaces de garantizar la representación de los imputados, instituciones administrativas capaces de sostener el sistema y organismos de control capaces de observarlo. Cuando esas funciones se mezclan, la eficiencia institucional puede confundirse con concentración de responsabilidades.

Una justicia que también debe llegar fuera de los tribunales

Existe otra transformación menos visible en los indicadores de mora: la discusión sobre dónde ocurre la justicia.

En septiembre de 2026, Reynoso encabezó la inauguración de una nueva Fiscalía Ordinaria y una Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Villa Altagracia. La iniciativa forma parte de un modelo estandarizado de atención que busca acercar los servicios del Ministerio Público a las comunidades.

Esto conecta con una definición más amplia de acceso a la justicia.

Un sistema puede resolver expedientes con mayor rapidez y, aun así, mantener barreras para una persona que vive lejos de una sede judicial, desconoce el procedimiento, no tiene recursos para trasladarse o enfrenta una situación de vulnerabilidad.

La justicia, entonces, no termina en la sentencia. También comienza en la posibilidad de denunciar, recibir orientación, preservar evidencia, obtener representación y ser atendido dentro de un procedimiento comprensible.

El desafío de la próxima década

La justicia dominicana llega a esta etapa con avances concretos, pero también con una agenda considerable.

La reducción de la mora debe sostenerse. La digitalización debe traducirse en servicios utilizables y no solamente en infraestructura. Las investigaciones complejas requieren más especialización. La coordinación entre instituciones debe evitar duplicidades. Y la persecución penal debe producir resultados compatibles con las garantías constitucionales.

En paralelo, el nuevo Ministerio de Justicia tendrá que demostrar que la redistribución de funciones mejora la arquitectura del Estado sin crear nuevas capas burocráticas.

El dato más interesante, por tanto, no es que una mujer haya alcanzado la Procuraduría General de la República. Es que su trayectoria ocurre precisamente cuando la institución que dirige está redefiniendo qué significa investigar, perseguir y representar los intereses públicos dentro de un sistema de justicia que también está cambiando.

En ese sentido, Yeni Berenice Reynoso representa una de las piezas para leer el presente de la justicia dominicana: una etapa en la que la velocidad importa, pero también la evidencia; la tecnología importa, pero también el acceso; la persecución importa, pero también las garantías; y la transformación institucional solo adquiere significado cuando consigue convertir esas variables en una respuesta concreta para quien necesita justicia.

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