Liz Mieses suma un nuevo avance legislativo con proyecto sobre Educación Moral y Cívica
La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la iniciativa que haría obligatoria la enseñanza de Educación Moral y Cívica en el sistema preuniversitario. El proyecto todavía no es ley: ahora pasa al Senado, en un momento en que República Dominicana ya ha comenzado a reintroducir estos contenidos en las aulas mediante una ordenanza del Ministerio de Educación.
La discusión sobre la Educación Moral y Cívica en República Dominicana acaba de cambiar de escenario. Lo que durante años había dependido de decisiones curriculares y administrativas del sistema educativo busca ahora adquirir rango legal.
La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece como obligatoria la enseñanza de Educación Moral y Cívica en el sistema educativo preuniversitario, tanto en centros públicos como privados. La iniciativa continuará ahora su recorrido en el Senado de la República.
El proyecto adquiere relevancia porque intenta resolver una cuestión que va más allá de recuperar una asignatura en el horario escolar. Se enfoca en cómo garantizar que la formación ciudadana permanezca en el sistema educativo independientemente de los cambios de administración o de las decisiones futuras del Ministerio de Educación.
¿Qué establece el proyecto de Educación Moral y Cívica?
El texto aprobado plantea incorporar la Educación Moral y Cívica como parte integral y obligatoria del currículo del sistema educativo preuniversitario, con alcance para escuelas públicas y colegios privados.
Su aplicación abarcaría los niveles inicial, primario y secundario, con contenidos adaptados progresivamente a la edad y necesidades de los estudiantes.
La materia no se limitaría a una enseñanza abstracta de valores. El proyecto contempla contenidos relacionados con:
- principios éticos y valores morales;
- derechos y deberes ciudadanos;
- conocimiento básico de la Constitución;
- respeto de los derechos humanos;
- funcionamiento de las instituciones del Estado;
- cultura democrática;
- participación ciudadana;
- respeto a los símbolos patrios;
- identidad nacional;
- cultura de paz y convivencia social;
- responsabilidad y compromiso con la comunidad.
El proyecto también propone que la enseñanza utilice metodologías participativas que permitan a los estudiantes reflexionar, desarrollar pensamiento crítico y llevar esos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana.
Después de todo, la educación cívica contemporánea no se reduce a memorizar fechas patrias, artículos constitucionales o nombres de instituciones. Su objetivo es que el estudiante pueda comprender cómo funciona el Estado, cuáles son sus derechos, qué responsabilidades tiene y cómo participa dentro de una sociedad democrática.
El proyecto no parte de cero: Moral y Cívica ya volvió al currículo
La iniciativa legislativa llega después de que el Ministerio de Educación ya había comenzado a reincorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana al sistema educativo.
La Ordenanza 02-2025 del Consejo Nacional de Educación estableció la incorporación explícita de estos contenidos para el sistema educativo dominicano a partir del año escolar 2025-2026. La disposición contempla su presencia en todos los niveles, modalidades, ciclos y grados del sistema preuniversitario, sin alterar la carga horaria.
La ordenanza también mantiene el enfoque por competencias y la transversalidad, y establece que los contenidos de Moral y Cívica y Ética Ciudadana estén presentes en las distintas áreas, prácticas y actividades de los centros educativos.
El Ministerio ha desarrollado además materiales específicos para apoyar esta implementación, incluyendo guías para docentes y estudiantes. La memoria institucional de 2025 registra nueve guías de orientación para docentes y nueve para estudiantes, junto con otros materiales didácticos relacionados con ciudadanía, derechos humanos y Constitución.
La diferencia que introduce ahora el Congreso es institucional: una ordenanza pertenece al ámbito de regulación administrativa del sistema educativo; una ley tiene un rango normativo superior y requiere el proceso legislativo y constitucional correspondiente para ser modificada o sustituida.
Ese es, en esencia, el argumento central detrás de la iniciativa.
¿Qué cambia para las escuelas públicas y privadas?
Si el proyecto completa su recorrido legislativo y es promulgado, la obligación alcanzaría tanto al sistema público como al privado.
Eso significa que la enseñanza de Educación Moral y Cívica dejaría de depender exclusivamente de cómo cada centro interprete el currículo y pasaría a formar parte de una obligación establecida por ley.
Para el sistema público, el reto estaría principalmente en la formación y disponibilidad del personal docente, la planificación curricular y los mecanismos de seguimiento.
Para los colegios privados, supondría igualmente la obligación de incorporar los contenidos establecidos dentro de su oferta educativa, bajo la supervisión de la autoridad educativa.
La responsabilidad institucional recaería fundamentalmente sobre el Ministerio de Educación, que tendría que garantizar que la norma no permanezca únicamente en el papel.
Liz Mieses: una ley promulgada y varios proyectos en trámite
Para Liz Mieses, el proyecto de Educación Moral y Cívica se suma a una agenda legislativa que ha tenido como uno de sus resultados concretos la creación del Sistema Nacional de Alertas.
La Ley 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas, fue impulsada por Mieses junto a la diputada Carmen Ligia Barceló. La Cámara de Diputados la aprobó en mayo de 2026 después de su paso por el Senado y posteriormente fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
La normativa establece mecanismos de activación inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas y contempla diferentes categorías de alerta, entre ellas Amber para menores, Silver para adultos mayores, Azul para personas con discapacidad y Rosa para mujeres en contextos de violencia o trata.
Su agenda legislativa también incluye iniciativas sobre asuntos como delitos de alta tecnología y espacios públicos, lo que muestra que su actividad parlamentaria no se limita al ámbito educativo.
La cuestión que queda después de la votación
La aprobación en segunda lectura resuelve una parte del problema político-legislativo, pero abre otra pregunta mucho más compleja: qué tipo de educación cívica necesita República Dominicana en 2026.
El país ya cuenta con una ordenanza que incorpora explícitamente estos contenidos. Ahora se debate si esa incorporación debe convertirse en una obligación legal permanente.
La respuesta legislativa dependerá del Senado y, posteriormente, del Poder Ejecutivo. Pero incluso si el proyecto se convierte en ley, el resultado no debería medirse únicamente por la cantidad de escuelas que incorporen la asignatura.
El indicador más exigente será otro: si una nueva generación termina la educación preuniversitaria comprendiendo mejor la Constitución, las instituciones, sus derechos, sus deberes y las reglas de convivencia democrática.
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