La justicia dominicana atraviesa uno de los procesos de transformación institucional más importantes e interesantes de las últimas décadas. No se trata solamente de una reducción de expedientes pendientes, de la incorporación de plataformas digitales o de la creación de nuevas estructuras administrativas. El cambio es más profundo: República Dominicana está intentando construir un sistema de justicia capaz de acompañar la complejidad de una economía moderna, de una sociedad más informada y de un ciudadano que ya no acepta que el acceso a sus derechos dependa de la distancia, la burocracia o la espera.
La justicia dominicana atraviesa uno de los procesos de transformación institucional más importantes e interesantes de las últimas décadas. No se trata solamente de una reducción de expedientes pendientes, de la incorporación de plataformas digitales o de la creación de nuevas estructuras administrativas. El cambio es más profundo: República Dominicana está intentando construir un sistema de justicia capaz de acompañar la complejidad de una economía moderna, de una sociedad más informada y de un ciudadano que ya no acepta que el acceso a sus derechos dependa de la distancia, la burocracia o la espera.
Hablar de justicia es, en esencia, hablar de confianza
Es la certeza de que busca una persona cuando acude a un tribunal, la tranquilidad de una familia frente a un conflicto, la seguridad que necesita una empresa para invertir y la responsabilidad de las instituciones de responder oportunamente. Esa idea atraviesa el momento actual del sistema dominicano: la justicia ha dejado de ser solamente un asunto de tribunales y expedientes para convertirse en una pieza central del desarrollo económico, la democracia y la estabilidad institucional. Como plantea Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, cada avance debe traducirse en “más acceso, más confianza y una mejor respuesta para la ciudadanía”.
El punto de partida no es menor. Durante décadas, República Dominicana creció, diversificó su economía y aceleró su desarrollo social a una velocidad que el sistema judicial no siempre pudo acompañar. Esa brecha generó una urgencia institucional: modernizar la justicia sin sacrificar independencia, garantías ni debido proceso. La transformación que hoy se observa busca precisamente cerrar esa distancia.
Justicia logró eliminar una mora estructural que se prolongó durante más de cuatro décadas. Al cierre de 2025, ningún caso en la alta corte superaba los seis meses de antigüedad y el 87 % de los tribunales operaba sin expedientes en retraso. La Ley núm. 2-23 sobre el recurso de casación redujo en un 93 % la duración promedio de esos procesos. Pero el verdadero salto quizá esté ocurriendo en otra dimensión: la relación entre justicia y tecnología. El Portal de Acceso Digital, el Sistema de Gestión de Casos, las audiencias virtuales, la firma digital, la Jurisdata, el Observatorio Judicial, la transcripción automática y los datos abiertos están cambiando la experiencia cotidiana del sistema. Más de tres millones de documentos han sido firmados digitalmente, mientras que en febrero de 2026 el Poder Judicial reportaba que el 73 % de los trámites en el Distrito Nacional ya se realizaba mediante Acceso Digital y que la herramienta alcanzaba el 65 % en la provincia Santo Domingo.
La transformación tiene, por tanto, una dimensión práctica y otra institucional. Una justicia más rápida disminuye costos. Una justicia digital reduce desplazamientos. Una justicia predecible mejora la seguridad jurídica. Una justicia transparente fortalece la confianza. Y una justicia capaz de utilizar datos e inteligencia artificial abre posibilidades inéditas para anticipar problemas y administrar mejor sus recursos.
Ese es el horizonte que plantea Justicia del Futuro 2034, la hoja de ruta decenal del Poder Judicial. El plan fue construido mediante un proceso participativo que involucró a más de 3,000 personas y alrededor de 210 mesas de trabajo, con representantes de los poderes públicos, jueces, abogados, empresarios, academia, sociedad civil y organismos internacionales. Sus tres grandes destinos son claros: justicia ágil, justicia accesible y justicia transparente.
La apuesta es ambiciosa: cero mora, acceso universal y transparencia plena. Pero también revela que las autoridades son conscientes de que modernizar no significa simplemente digitalizar lo existente. Significa rediseñar procesos, fortalecer el talento humano, mejorar infraestructura, proteger la independencia judicial y hacer que la innovación tenga una finalidad esencial.
En 2024, al hablar de los avances institucionales, Molina advertía: “aunque hemos logrado mucho, somos conscientes de que queda mucho por hacer”. Esa frase funciona como una de las claves para entender el momento actual. La transformación judicial dominicana no puede medirse únicamente por indicadores de productividad. Su verdadera prueba está en que una persona vulnerable puede acceder efectivamente a sus derechos, si una empresa puede confiar en las reglas, y si una justicia respeta las garantías y si una decisión llega cuando todavía puede cambiar una vida. Y en esa arquitectura, la Suprema Corte no está sola.
La presidencia del Tribunal Constitucional, encabezada por Napoleón R. Estévez Lavandier, representa otra dimensión de esta evolución.
Se trata de la defensa de la supremacía constitucional en un momento en que las fronteras entre Estado, sociedad y tecnología se vuelven cada vez más complejas. Su gestión ha enfatizado la independencia, la transparencia y la eficacia de la justicia constitucional. En 2025, el Tribunal reportó 1,849 expedientes fallados frente a 1,249 en 2024. En el primer semestre de 2026 decidió 937 expedientes, 126 más que en el mismo período del año anterior, un aumento de 15.5 % en productividad.
Pero el dato adquiere significado cuando se entiende su función. El Tribunal Constitucional no solamente resuelve expedientes: define los límites del poder y protege el espacio donde los derechos pueden ejercerse. En palabras de Estévez Lavandier:
Defender la Constitución implica salvaguardar el espacio democrático donde las ideas pueden debatirse libremente”.
El debate desde los tribunales hacia la sociedad y hacia el futuro regulatorio.
Es precisamente allí donde adquiere especial relevancia la colaboración de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS. Su mirada amplía el debate desde los tribunales hacia la sociedad y hacia el futuro regulatorio. Castaños ha desarrollado una trayectoria vinculada a la reforma judicial, electoral, penitenciaria y policial, combinando análisis técnico con participación activa en el debate público.
Su advertencia sobre la nueva realidad tecnológica es especialmente pertinente. Los derechos humanos están entrando en una dimensión digital en la que los datos personales se convierten en materia prima de modelos algorítmicos capaces de influir en decisiones financieras, laborales, comerciales y administrativas. El reto ya no consiste únicamente en proteger al ciudadano frente al poder estatal. También implica determinar cómo se controla el poder ejercido por grandes plataformas tecnológicas, sistemas automatizados y ecosistemas digitales.
Como plantea Castaños Guzmán en su colaboración para esta edición, “el desafío contemporáneo no consiste únicamente en regular tecnologías emergentes”, sino en garantizar que el desarrollo digital permanezca subordinado a los principios democráticos al Estado de derecho y a la dignidad humana.
República Dominicana cuenta con antecedentes regulatorios, como la Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Pero fenómenos como los deepfakes, la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, la difusión automatizada de contenido íntimo, la sextorsión digital y el fraude algorítmico plantean problemas que obligan a actualizar la arquitectura jurídica.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede el derecho seguir regulando el futuro con herramientas diseñadas para el pasado?
La respuesta determinará buena parte de la próxima etapa de la justicia dominicana.
Mientras el Poder Judicial transforma sus procesos y el Tribunal Constitucional fortalece la tutela de derechos, el Estado dominicano también ha emprendido una modificación institucional de gran alcance: el regreso del Ministerio de Justicia.
La promulgación de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, el 7 de agosto de 2025, y el inicio formal de sus labores en enero de 2026 recuperaron una figura ausente durante más de seis décadas. La nueva estructura busca ordenar funciones que históricamente estuvieron dispersas y mejorar la coordinación en ámbitos como justicia, derechos humanos, política criminal y sistema penitenciario.
Luis Henry Molina/Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Jurista dominicano formado en Derecho por la UASD, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria incluye la dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y responsabilidades vinculadas a la modernización judicial. Desde 2019 preside la SCJ y el Consejo del Poder Judicial dominicano.
El regreso del Ministerio de Justicia. Su primer ministro, Antoliano Peralta Romero, llega a esa responsabilidad después de años como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y de una trayectoria vinculada al derecho público y a las reformas institucionales.
Desde su perspectiva, el Ministerio no debe convertirse en una instancia que invada las competencias del Poder Judicial o del Ministerio Público, sino en una pieza de coordinación, apoyo técnico, gestión administrativa y servicio ciudadano. La idea central de su propuesta es particularmente relevante: “colocar al ciudadano en el centro de la gestión pública”. Esa arquitectura será puesta a prueba por su propia capacidad de coordinación.
El Ministerio nace con responsabilidades en planificación, política criminal, política penitenciaria, derechos humanos y otras áreas, apoyado por órganos especializados.
El desafío será demostrar que esta nueva estructura no produce más burocracia, sino mayor claridad, capacidad de respuesta y coherencia institucional. Y esa palabra coordinación es fundamental. Porque una justicia moderna no depende de una sola institución.
Napoleón Estévez L./Presidente Tribunal Constitucional
Abogado, juez y académico dominicano, licenciado en Derecho por la UASD, con especialización en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Civil y Procesal Civil. Ha combinado ejercicio profesional, docencia universitaria y experiencia jurisdiccional. Desde 2025 preside el Tribunal Constitucional, máxima instancia de justicia constitucional.
El Ministerio Público ocupa otra posición crítica. La gestión de Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, ha estado marcada por la lucha contra la corrupción, la modernización institucional y la defensa de la legalidad. Su trayectoria, que incluye haber sido la primera mujer fiscal titular en Santiago y posteriormente fiscal del Distrito Nacional, la convirtió en una de las figuras más visibles del sistema penal dominicano.
Su gestión enfrenta, sin embargo, una paradoja propia de toda institución encargada de perseguir delitos: debe ser firme sin perder garantías; eficiente sin sacrificar debido proceso; independiente sin aislarse de los demás componentes del sistema.
La frase que mejor resume su visión es contundente: “la justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho accesible para todos”.
Ese principio lleva directamente a algunos de los desafíos pendientes: fortalecer la coordinación con el Poder Judicial, garantizar seguridad y calidad en las investigaciones y consolidar la independencia del Ministerio Público. La transformación tecnológica también tendrá un papel creciente: digitalizar expedientes puede acelerar procesos, pero investigar delitos contemporáneos exige además capacidades especializadas en evidencia digital, cibercriminalidad, análisis de datos y nuevas modalidades de fraude.
Jorge Subero Isa/Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
Abogado, profesor universitario y exmagistrado dominicano, presidió la Suprema Corte de Justicia entre 1997 y 2011. Doctor en Derecho por la UASD, desarrolló una extensa trayectoria jurídica y académica. Su experiencia institucional incluye procesos de modernización del Poder Judicial y asesoramiento jurídico, convirtiéndolo en una figura de referencia del derecho.
La justicia penal enfrenta, por tanto, una doble presión. Por un lado, la ciudadanía demanda resultados frente a la criminalidad la corrupción. Por otro, el Estado constitucional exige que esos resultados se obtengan dentro de las reglas que protegen a todos. Ese equilibrio será una de las grandes pruebas de la próxima década.
Y si Luis Henry Molina representa la modernización del Poder Judicial, Napoleón Estévez Lavandier la defensa constitucional, Antoliano Peralta la nueva arquitectura institucional, Yeni Berenice la persecución penal y Servio Tulio Castaños la vigilancia crítica desde la sociedad civil, Jorge A. Subero Isa representa la memoria institucional de la justicia dominicana y su conexión con el presente.
Consultor jurídico del Poder Ejecutivo con larga memoria. Su designación como consultor jurídico del Poder Ejecutivo en enero de 2026 devuelve al centro de la vida pública a uno de los juristas que más profundamente participaron en la transformación del Poder Judicial moderno.
Presidió la Suprema Corte de Justicia entre 1997 y 2011, período en el que se impulsaron reformas estructurales como la carrera judicial basada en mérito, la reorganización administrativa, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Defensa Pública y la modernización de la infraestructura judicial.
Su regreso a una posición de alta responsabilidad pública también plantea una idea poderosa: las instituciones evolucionan, pero necesitan memoria.
El desafío de la justicia dominicana no consiste en romper con lo construido, sino en convertir décadas de reformas en una plataforma para el siguiente salto. Subero Isa aporta precisamente esa perspectiva de largo plazo. Su trayectoria académica y judicial, combinada ahora con su función como consultor jurídico del Ejecutivo, coloca experiencia y modernización en una misma conversación.
Antoliano Peralta/Ministro de Justicia
Abogado dominicano con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, especializado en Derecho Electoral, Constitucional y Administrativo. Doctor en Derecho por la UASD, posee formación de posgrado en Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Ha ejercido como litigante, consultor y docente. Fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y posteriormente asumió como ministro.
Pero ningún sistema judicial puede descansar exclusivamente sobre sus grandes figuras. La verdadera transformación ocurre cuando las instituciones consiguen convertirse en cultura. Cuando un juez entiende que la independencia es una responsabilidad y no un privilegio. Cuando un fiscal sabe que perseguir el delito implica proteger simultáneamente las garantías. Cuando un abogado entiende que la tecnología puede mejorar su práctica, pero nunca sustituir su criterio. Cuando el Estado comprende que una reforma legal solamente adquiere valor cuando produce mejores resultados para las personas.
También cuando la sociedad civil puede cuestionar, advertir y participar. En ese terreno, Castaños Guzmán ha mantenido una posición particularmente activa. Desde FINJUS ha participado en procesos de reforma policial y penitenciaria, ha formulado observaciones sobre legislación penal y ha insistido en la necesidad de fortalecer la institucionalidad. En 2025 calificó positivamente varios avances estructurales, pero también señaló que la reforma policial todavía no había completado su recorrido y que persistían problemas que requerían desmontar culturas y prácticas arraigadas.
En mayo de 2026, además, FINJUS participó en un acuerdo de colaboración con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para fortalecer el Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica. La participación crítica es, en consecuencia, parte de la transformación. Porque los avances no eliminan los retos. Los hacen más visibles.
El propio Plan Justicia del Futuro 2034 contempla escenarios en los que la mora podría regresar, la confianza ciudadana podría deteriorarse y las instituciones podrían quedar expuestas a presiones políticas, económicas o geopolíticas.
La justicia también necesita recursos. En mayo de 2026, el Consejo del Poder Judicial impulsó medidas para fortalecer talento humano e infraestructura, con respaldo presupuestario gradual para objetivos del Plan, incluida la lucha contra la mora.
La modernización, entonces, no es solamente tecnológica. Es presupuestaria, humana, normativa y cultural.
Y hay otra frontera que comienza a adquirir una importancia decisiva: la inteligencia artificial. La justicia puede utilizar la IA para clasificar información, facilitar búsquedas, analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, automatizar tareas administrativas y mejorar la gestión de expedientes. El propio Plan Justicia del Futuro 2034 contempla innovación, analítica de datos e inteligencia artificial. Pero la tecnología también puede reproducir sesgos, afectar la privacidad, producir decisiones difíciles de explicar y crear nuevas formas de desigualdad. De ahí que la pregunta no sea si la justicia dominará la inteligencia artificial, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué responsabilidad humana.
La frontera digital devuelve al sistema a su principio fundamental: los derechos. La justicia del futuro será tecnológica, pero no podrá ser deshumanizada. Será más rápida, pero no puede ser superficial. Será más accesible, pero no puede ser menos rigurosa. Será más transparente, pero debe proteger la privacidad. Será más automatizada, pero la responsabilidad última deberá seguir siendo humana. Ese equilibrio resume el momento que vive República Dominicana.
Los Power Faces of Justice de esta edición representan precisamente distintas dimensiones de ese proceso. No son únicamente rostros de poder institucional. Son, cada uno desde su lugar, expresiones de una misma conversación nacional: cómo construir un Estado de derecho capaz de responder a una sociedad que cambia.
Molina representa la apuesta por una justicia ágil, accesible y transparente. Estévez Lavandier, la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Peralta Romero, la reorganización de la arquitectura estatal. Reynoso, la exigencia de una persecución penal firme y legítima. Reynoso, la exigencia de una persecución penal firme y legítima. Subero Isa, la memoria de las grandes reformas judiciales y su conexión con el presente. Castaños Guzmán, la mirada vigilante de la sociedad civil y la necesidad de que cada reforma conserve su dimensión democrática.
Son caminos diferentes hacia una misma pregunta: ¿qué justicia necesita la República Dominicana?
La respuesta no estará únicamente en una sentencia, una ley, una plataforma o una reforma. Estará en la capacidad de todas estas piezas para funcionar como sistema. Porque el poder de la justicia no se mide solamente por su capacidad de decidir. Se mide por su capacidad de generar confianza. Y esa confianza es el verdadero desafío.
La República Dominicana llega a 2026 con avances que hace pocos años parecían difíciles de imaginar: una Suprema Corte que ha reducido radicalmente sus tiempos, un sistema judicial que avanza hacia la digitalización, un Tribunal Constitucional con mayor capacidad de respuesta, un Ministerio de Justicia recién creado, un Ministerio Público que busca consolidar su independencia y una agenda pública donde la transparencia, los datos, la tecnología y los derechos fundamentales ocupan un lugar cada vez más central.
Pero la historia todavía está escribiéndose. El próximo capítulo exigirá instituciones suficientemente fuertes para resistir presiones, suficientemente modernas para adaptarse y suficientemente humanas para recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Ese es, finalmente, el verdadero Power de la justicia dominicana: no quién tiene el poder, sino cómo se utiliza el poder para garantizar derechos.
Y si la justicia del pasado se medía en tribunales, códigos y sentencias, la justicia del futuro tendrá que medirse también en acceso, confianza, transparencia, tecnología, independencia y dignidad.
Yeni Berenice Reynoso/Procuradora General de la República
Jurista dominicana, licenciada en Derecho por la UTESA, con maestrías en Ciencias Penales y Derecho de la Administración del Estado. Inició su carrera como fiscal y posteriormente fue fiscal del Distrito Nacional. Ha ocupado posiciones claves en el Ministerio Público, incluida la Dirección General de Persecución. Desde 2025 es procuradora general de la República.
El objetivo no es solamente construir una justicia más rápida. Es construir una justicia más legítima. Una justicia que acompañe el crecimiento del país sin quedar detrás de él. Una justicia capaz de entender los algoritmos sin perder de vista los derechos. Una justicia que pueda utilizar la tecnología sin entregarle a ella el juicio humano. Una justicia que proteja al ciudadano frente al Estado, pero también frente a nuevas concentraciones privadas de poder. Una justicia que comprenda que la democracia no termina en las urnas, sino que se sostiene todos los días en instituciones capaces de hacer valer la ley.
Servio Tulio Castaños G./Vicepresidente Ejecutivo de Finjus
Jurista y politólogo dominicano, doctor en Derecho por la UASD. Como vicepresidente de FINJUS, se ha consolidado como una voz influyente en institucionalidad, reforma judicial, seguridad, derechos fundamentales y fortalecimiento democrático. Su trayectoria combina análisis jurídico, participación en políticas públicas e incidencia en reformas estatales.
En esa tarea, los rostros de esta portada son protagonistas de un proceso que trasciende sus cargos y sus nombres.
Son Power Faces of Justice porque encarnan, desde diferentes posiciones, el desafío de construir el próximo orden jurídico dominicano.
Y porque el verdadero poder de la justicia no está en imponer la ley está en conseguir que la sociedad crea en ella.
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