JCE en riesgo de embargo en Nueva York: Bienes irían a subasta por deuda de casi US$1 millón
La obligación a favor de Latin Events asciende a US$982,261.88 con intereses y gastos; la venta de equipos y mobiliario está prevista para el 1 de octubre.
Foto: La disputa legal entre la JCE y Latin Events podría derivar en el remate de equipos y mobiliario del órgano electoral en Nueva York el próximo 1 de octubre si no se subsana el compromiso financiero.
La Junta Central Electoral (JCE) enfrenta un proceso de embargo sobre equipos y mobiliario de su oficina en Manhattan, Nueva York, como parte de la ejecución de una sentencia que ordena al organismo pagar US$838,337.50 a Latin Events, LLC. Con intereses y gastos acumulados, la obligación asciende actualmente a US$982,261.88.
El procedimiento podría llevar a la subasta pública de los bienes ubicados en la sede de la JCE en el 1501 Broadway, suite 410, Manhattan. La venta está programada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, aunque puede quedar sin efecto si la institución salda la totalidad de la deuda al menos 72 horas antes de la fecha establecida.
La medida fue notificada el pasado 6 de septiembre por el alguacil de la ciudad de Nueva York Martin A. Bienstock, mediante un aviso de embargo y venta. El proceso busca hacer efectivo un fallo emitido por una corte federal estadounidense en noviembre de 2025.
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¿Por qué la JCE enfrenta un embargo en Nueva York?
El proceso tiene su origen en una sentencia dictada el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
El tribunal condenó a la JCE a pagar US$838,337.50 a favor de Latin Events, LLC, monto que posteriormente aumentó debido a intereses y gastos acumulados.
La sentencia fue registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026. Según la información disponible, la obligación continúa pendiente de pago y el monto reclamado alcanza los US$982,261.88. Y el caso corresponde al expediente 1:25-cv-02830-PKC y forma parte de un proceso de ejecución de la decisión judicial en territorio estadounidense.
¿Qué bienes de la JCE fueron embargados?
El aviso de embargo abarca distintos bienes ubicados en la oficina de la JCE en Manhattan.
Los artículos incluidos son equipos de oficina, computadoras, impresoras, dispositivos electrónicos, televisores y mobiliario, además de obras de arte y otros bienes localizados en la sede.
De igual forma, la medida no implica que todos estos bienes hayan sido vendidos. El embargo constituye una etapa del proceso de ejecución, mientras que la eventual subasta está prevista para octubre si la deuda no es saldada y el procedimiento no cambia por otra vía.
¿Cuándo serían subastados los bienes de la JCE?
La fecha establecida para la eventual subasta es el 1 de octubre de 2026 a las 9:00 de la mañana.
Sin embargo, el procedimiento contempla una condición para evitar la venta: la JCE debe satisfacer la totalidad de la obligación con al menos 72 horas de anticipación a la fecha fijada para el remate.
Por tanto, la fecha de octubre representa el siguiente paso previsto en el proceso, pero no significa que la subasta vaya necesariamente a ejecutarse.
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¿De cuánto es la deuda que reclama Latin Events?
La sentencia original estableció un pago de US$838,337.50 a favor de Latin Events.
Con la acumulación de intereses, recargos y gastos relacionados con el proceso, el monto reclamado se elevó a US$982,261.88, según las informaciones suministradas por la parte demandante. La cifra continúa aumentando debido a los intereses calculados diariamente.
Es más, el abogado Julio Cury, representante de Latin Events en República Dominicana, afirmó que las gestiones para conseguir un pago voluntario no dieron resultado y que esa situación llevó a la empresa a continuar con las medidas de ejecución.
¿Cuál es el origen del conflicto entre la JCE y Latin Events?
El conflicto está relacionado con una contratación entre la JCE y Latin Events, LLC, vinculada a actividades dirigidas a dominicanos residentes en Nueva York y otros estados del noreste de Estados Unidos.
También, el caso ha sido relacionado con actividades realizadas en Nueva York durante la serie de béisbol entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en noviembre de 2023. Reportes sobre el proceso señalan que la JCE y Latin Events habían suscrito un acuerdo por US$1 millón relacionado con una campaña de registro de votantes.
La controversia contractual terminó ante los tribunales estadounidenses y posteriormente dio paso a las acciones para ejecutar la sentencia.
El caso se encuentra en los tribunales dominicanos
Ahora bien, la disputa no está limitada a Estados Unidos. La sentencia estadounidense fue sometida a un proceso de homologación en República Dominicana, mediante el Auto número 036-2026-SAUT-00294.
La JCE apeló esa decisión, por lo que mantiene abierta una vía judicial en el país. Paralelamente, Latin Events tiene un embargo retentivo sobre fondos de la institución electoral depositados en el Banco de Reservas.
Este elemento agrega otra dimensión al conflicto, ya que las partes mantienen procesos relacionados tanto en territorio estadounidense como dominicano.
¿Qué tendría que pasar para evitar la subasta?
El escenario establecido en el aviso de embargo contempla principalmente el pago de la obligación antes del plazo fijado para la venta.
Si la deuda es satisfecha en su totalidad al menos 72 horas antes del 1 de octubre, la subasta podría evitarse. A la vez, podría producirse algún cambio en el procedimiento como resultado de las actuaciones judiciales pendientes.
Mientras tanto, los bienes de la oficina de la JCE en Manhattan permanecen sujetos al proceso de ejecución.
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Conflicto que trasciende la oficina electoral en Nueva York
El caso coloca a la JCE ante un proceso judicial con implicaciones tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. La disputa contractual que comenzó con una sentencia por US$838,337.50 ha evolucionado hasta un reclamo cercano al millón de dólares por la acumulación de intereses y gastos.
Además, el próximo punto de referencia será el 1 de octubre, fecha establecida para la eventual subasta de los bienes, salvo que la deuda sea pagada o que una actuación judicial modifique el curso del proceso.
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