Quién es Analisa Torres, la nueva jueza del caso Maduro

En este caso, la inmunidad soberana y el alcance de la jurisdicción estadounidense serán determinantes. Después de todo, se trata de un expediente judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que no cambia de jurisdicción, aunque ahora cambie de manos.

La muerte del juez federal Alvin K. Hellerstein, a los 92 años, llevó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a reasignar el proceso a Analisa Torres, una magistrada que lleva más de una década en el sistema federal estadounidense y cuya carrera transcurrió entre los tribunales penales de Nueva York y litigios que han tenido repercusiones internacionales.

La sustitución se produce en un momento delicado. La causa contra el exmandatario venezolano y su esposa no solo involucra acusaciones de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. También plantea interrogantes sobre la inmunidad de un antiguo jefe de Estado, la legitimidad de su procesamiento en Estados Unidos y los límites jurídicos de una operación que terminó con su traslado a Nueva York en enero de 2026.

Torres no fue seleccionada mediante un procedimiento diseñado específicamente para este caso ni por una decisión política sobre el resultado que debería producir. Su designación responde al mecanismo de reasignación de expedientes que quedan sin juez por fallecimiento o retiro del magistrado responsable. Sin embargo, la consecuencia es sustancial: una nueva jueza deberá familiarizarse con un proceso de gran complejidad jurídica y conducir las próximas decisiones antes de un juicio previsto para junio de 2027.

Quién es Analisa Torres y cómo llegó a la judicatura federal

Nacida en Nueva York en 1959, Analisa Nadine Torres pertenece a una familia de ascendencia puertorriqueña con una trayectoria vinculada a la administración pública y la judicatura. Su padre, Frank Torres, fue juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York y miembro de la Asamblea estatal; su abuelo, Felipe N. Torres, también ejerció como juez y legislador.

Dos instituciones de alto perfil de los Estados Unidos encabezaron su formación técnica. Se graduó magna cum laude en Harvard College en 1981 y obtuvo el título de Derecho en Columbia Law School en 1984.

Después trabajó en firmas privadas de Nueva York, experiencia que precedió a una carrera pública en la que pasó por funciones administrativas y judiciales antes de incorporarse al sistema federal.

Entre 1992 y 1999 trabajó como secretaria judicial del juez Elliott Wilk, de la Corte Suprema estatal, y también formó parte de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York.

En 2000 comenzó a ejercer como jueza del Tribunal Penal de la ciudad; posteriormente pasó al Tribunal Civil y, en 2004, llegó a la división penal de la Corte Suprema del estado, donde permaneció hasta 2013.

Ese recorrido importa para entender su perfil profesional. Antes de recibir un expediente federal de repercusión internacional, Torres había acumulado experiencia en distintas fases de la administración de justicia: desde la gestión de controversias civiles hasta el conocimiento de causas penales y la evaluación de pruebas y argumentos de las partes.

El presidente Barack Obama la nominó en enero de 2013 para el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El Senado confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año y su comisión judicial se emitió cinco días después. Desde entonces, Torres ejerce como jueza federal de distrito.

El caso Ripple: una muestra de cómo aborda cuestiones jurídicas complejas

Uno de los antecedentes más conocidos de Torres fuera del ámbito penal es la disputa entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Ripple Labs, empresa vinculada al activo digital XRP.

En julio de 2023, la jueza emitió una decisión que distinguió entre determinadas ventas institucionales de XRP y las transacciones programáticas realizadas a través de plataformas de intercambio.

En su análisis, las primeras podían quedar sujetas a la legislación federal sobre valores, mientras que las segundas, atendiendo a las circunstancias examinadas, no cumplían el mismo criterio. La decisión fue parcial: no concedió una victoria absoluta a ninguna de las partes.

El interés de este precedente no radica en que permita establecer cómo resolverá el caso Maduro. Los litigios financieros y una acusación penal por delitos transnacionales responden a normas, pruebas y procedimientos diferentes. Su utilidad consiste en mostrar que Torres ha tenido que interpretar disposiciones legales complejas y delimitar el alcance de las normas a partir de los hechos y argumentos presentados ante el tribunal.

En 2024, además, volvió a pronunciarse sobre las medidas correspondientes al caso Ripple, concediendo parcialmente las solicitudes de la SEC y rechazando otras. El expediente ilustra una dimensión relevante de la función judicial: las decisiones pueden distribuirse entre distintos argumentos, sin que la controversia tenga que reducirse a una victoria completa de una de las partes.

En el proceso contra Maduro, esa distinción será importante. La jueza no tendrá que emitir una valoración política general sobre Venezuela, sino resolver cuestiones concretas de derecho penal federal, admisibilidad de pruebas, garantías procesales y jurisdicción, conforme a las normas aplicables y al expediente que presenten la fiscalía y las defensas.

Qué cambia con la salida de Alvin Hellerstein

Hellerstein estuvo al frente de la causa desde la acusación original presentada en marzo de 2020. Su fallecimiento, el 28 de octubre de 2026, interrumpe esa continuidad judicial en una etapa en la que ya se habían producido comparecencias, se habían fijado fechas procesales y las defensas habían planteado objeciones centrales al procedimiento.

El juez había establecido junio de 2027 como horizonte para el juicio. Tras la reasignación, Torres tendrá que continuar el expediente a partir de las actuaciones existentes, revisar los asuntos pendientes y determinar cómo proceder dentro del calendario judicial.

La sustitución no implica que el caso deba comenzar desde cero. Las resoluciones ya emitidas y las actuaciones incorporadas al expediente siguen formando parte del proceso, salvo que exista una base jurídica para revisarlas. Tampoco significa que la nueva jueza esté obligada a reproducir de manera automática el criterio personal de su predecesor en las cuestiones aún no resueltas.

La diferencia entre ambos escenarios es importante. La continuidad institucional permite preservar el trabajo procesal acumulado, mientras que las decisiones pendientes quedan bajo la responsabilidad de una magistrada distinta, que deberá estudiarlas conforme a la ley y al estado de la causa.

El reto inmediato será combinar el conocimiento de un expediente con implicaciones internacionales con la disciplina ordinaria de un tribunal federal: delimitar las controversias, establecer qué cuestiones deben resolverse primero y evitar que la notoriedad pública de los acusados sustituya los requisitos legales de cada decisión.

Inmunidad soberana: la primera gran prueba jurídica

La cuestión más inmediata es la solicitud de la defensa para desestimar la acusación sobre la base de la inmunidad soberana. La audiencia dedicada a estos argumentos está prevista para el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información disponible sobre el calendario del caso.

La defensa sostiene que el estatus de Maduro como jefe de un Estado soberano plantea obstáculos jurídicos a su procesamiento. La discusión obliga a examinar una cuestión previa a la determinación de culpabilidad: si el tribunal puede ejercer jurisdicción penal sobre el acusado en las circunstancias específicas del caso.

La inmunidad de un jefe de Estado extranjero no es una categoría única e ilimitada. El análisis puede depender de la condición que se le reconoce al funcionario, del tipo de actuación que se le atribuye, de las reglas aplicables en Estados Unidos y de las decisiones de las autoridades competentes en materia de reconocimiento diplomático. Es necesario distinguir, además, entre la inmunidad personal que puede proteger a determinados funcionarios en ejercicio y otras formas de inmunidad que se refieren a actos oficiales.

La posición jurídica de Maduro añade complejidad a esa discusión, debido a las circunstancias políticas e institucionales que rodearon el final de su mandato y su traslado a territorio estadounidense. La respuesta no puede deducirse únicamente de su cargo anterior ni de la postura del Gobierno de Estados Unidos: requiere examinar los argumentos jurídicos, los precedentes pertinentes y los hechos que el tribunal considere relevantes.

Para Torres, esta será una de las primeras decisiones capaces de alterar sustancialmente el curso del proceso. Si la defensa obtiene una resolución favorable, el alcance de la acusación podría cambiar de forma significativa. Si la solicitud es rechazada, el caso podrá avanzar hacia las siguientes etapas, aunque ese resultado no equivaldría a una determinación de culpabilidad.

En cualquiera de los escenarios, la resolución tendrá importancia más allá de los acusados. Contribuirá a definir cómo se aplican las reglas de inmunidad en un proceso penal estadounidense que involucra a una figura que ejerció la jefatura de un Estado extranjero.

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