Quién es Lana Nusseibeh, la candidata emiratí a dirigir la ONU

La candidatura de Lana Nusseibeh introduce una cuestión incómoda en la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas: hasta dónde puede separarse la trayectoria de una diplomática de los intereses del Estado al que ha representado durante buena parte de su carrera.

A sus 48 años, Nusseibeh conoce desde dentro los procedimientos, las negociaciones y las alianzas que articulan la organización. Fue representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU entre 2013 y 2024, ocupó cargos en la Asamblea General y en ONU Mujeres, y participó en las negociaciones de reforma institucional. El 21 de octubre de 2026, su país formalizó su candidatura para suceder a António Guterres, cuyo mandato termina el 31 de diciembre.

Su nombre ha recibido menos atención mediática que el de la costarricense Rebeca Grynspan, una de las figuras más visibles de la contienda. Sin embargo, la postulación emiratí merece una lectura propia: combina experiencia directa en el Consejo de Seguridad, una agenda de reforma multilateral y una controversia diplomática que podría convertirse en uno de los principales interrogantes de su candidatura.

El asunto central no es únicamente qué propone Nusseibeh para Naciones Unidas, sino qué implica que una diplomática estrechamente vinculada a la política exterior de un Estado aspire a convertirse en la principal autoridad administrativa de una organización cuya legitimidad depende, entre otras cosas, de la aplicación consistente del derecho internacional.

Quién es Lana Nusseibeh y cómo construyó su carrera diplomática

Nusseibeh desarrolló su carrera en la intersección entre planificación estratégica, diplomacia multilateral y representación estatal. Antes de llegar a Nueva York, trabajó con la UNESCO en París y pasó a formar parte del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, donde estableció el Departamento de Planificación de Políticas. Entre 2010 y 2012 también ejerció como enviada especial adjunta de Emiratos para Afganistán y Pakistán, según su biografía profesional.

En 2013 se convirtió en la primera mujer emiratí en ocupar el puesto de representante permanente de su país ante la ONU. Permaneció en esa función durante once años, un periodo que le permitió trabajar en expedientes relacionados con conflictos armados, asistencia humanitaria, derechos humanos y desarrollo sostenible. Su trayectoria se desarrolló, además, durante una etapa en la que Emiratos amplió su participación diplomática y su presencia en iniciativas multilaterales.

Su experiencia incluye la presidencia de la junta ejecutiva de ONU Mujeres en 2017, una vicepresidencia de la Asamblea General y la copresidencia de procesos de negociación sobre la revitalización de la Asamblea y la reforma del Consejo de Seguridad. No se trata solo de un currículum vinculado a relaciones bilaterales: buena parte de su recorrido profesional se ha desarrollado dentro de las estructuras que tendría que administrar como secretaria general.

Ese conocimiento institucional constituye uno de los argumentos centrales de su candidatura. La Secretaría General no es una presidencia ejecutiva con capacidad para imponer unilateralmente decisiones a los Estados miembros. Requiere gestionar una burocracia internacional, negociar con gobiernos de intereses divergentes, coordinar operaciones humanitarias y mantener canales diplomáticos incluso cuando las potencias que financian o integran la organización están enfrentadas.

Nusseibeh conoce ese sistema desde la posición de una representante nacional. La pregunta que plantea su candidatura es si esa experiencia puede trasladarse a un cargo que exige actuar en nombre de la organización en su conjunto.

Su experiencia en el Consejo de Seguridad y la diplomacia humanitaria

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria ocurrió durante el mandato de Emiratos como miembro electo del Consejo de Seguridad para el periodo 2022-2023. Durante esos dos años, Nusseibeh encabezó la delegación emiratí y presidió el órgano en dos ocasiones. Su trabajo incluyó negociaciones sobre Afganistán, la relación entre discriminación y conflictos, y el acceso de ayuda humanitaria a Gaza.

En diciembre de 2023, el Consejo aprobó la Resolución 2720, que estableció un mecanismo de la ONU para facilitar y ampliar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Emiratos participó en la elaboración y negociación del texto. La resolución fue uno de los resultados diplomáticos destacados de la delegación durante ese periodo, aunque su adopción no eliminó las restricciones operativas ni las dificultades políticas para distribuir asistencia en el territorio.

La experiencia es relevante porque muestra una faceta concreta del trabajo multilateral: convertir una demanda humanitaria en un acuerdo que pueda superar las objeciones de los miembros del Consejo. También permite distinguir entre conseguir una resolución y garantizar su aplicación. En Naciones Unidas, ambas cosas dependen de condiciones políticas, cooperación estatal y capacidad operativa que exceden el trabajo de una sola delegación.

La misma distinción será importante para evaluar las propuestas de Nusseibeh. Su programa de candidatura plantea actuar antes de que las crisis se agraven, proteger la asistencia esencial, facilitar acuerdos diplomáticos y reformar la organización para reducir duplicaciones y acelerar decisiones.

Son prioridades que responden a problemas reconocidos del sistema multilateral, pero su aplicación dependería de la cooperación de los Estados miembros y, en cuestiones de seguridad, de la disposición de las grandes potencias a alcanzar acuerdos.

Sudán, el principal foco de controversia de su candidatura

La candidatura de Nusseibeh llega acompañada de un cuestionamiento que trasciende las diferencias habituales entre aspirantes al mismo cargo. Varias organizaciones de derechos humanos han pedido a los Estados miembros que impidan su elección, al considerar que su defensa de la posición emiratí frente a la guerra de Sudán plantea dudas sobre su capacidad para actuar con independencia.

El conflicto, iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), ha provocado desplazamientos masivos, hambre y atrocidades contra civiles. Una misión internacional de investigación de Naciones Unidas informó en 2026 de que redes transnacionales vinculadas a Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chad contribuyeron a proporcionar armas, logística, entrenamiento y personal extranjero a las FAR. Abu Dabi niega haber prestado apoyo militar a cualquiera de los bandos.

Las acusaciones no proceden únicamente de las autoridades sudanesas. En mayo de 2026, Human Rights Watch publicó una investigación sobre el reclutamiento y despliegue de contratistas militares colombianos en Sudán. La organización documentó vínculos entre una empresa de seguridad radicada en Emiratos y el despliegue de esos combatientes junto a las FAR, y presentó indicios adicionales sobre el posible respaldo emiratí a la fuerza paramilitar. Emiratos rechazó las acusaciones.

El alcance de las pruebas y la responsabilidad específica de las autoridades emiratíes son cuestiones que deben distinguirse de las denuncias formuladas por las organizaciones y los gobiernos implicados. Sin embargo, la acumulación de investigaciones ha convertido la relación entre Abu Dabi y las FAR en un asunto relevante para la diplomacia internacional, con consecuencias potenciales para la credibilidad de cualquier iniciativa de mediación.

Nusseibeh ha defendido públicamente a su país frente a esas acusaciones. En una entrevista con el diario alemán Welt, según la información difundida sobre su candidatura, sostuvo que atribuir a Emiratos la prolongación de la guerra era un error. Tras anunciar su postulación, identificó el conflicto sudanés como una prueba decisiva para el próximo secretario general y afirmó que respaldaría las investigaciones de la ONU orientadas a la rendición de cuentas y la justicia transicional. También calificó de atroces las acciones de las FAR.

Las declaraciones sitúan el problema en el centro de su candidatura. La diplomática tendría que gestionar una organización que investiga abusos, documenta vulneraciones del derecho internacional y promueve mecanismos de rendición de cuentas, mientras responde a las críticas sobre la política exterior del país que la nominó.

Ken Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, cuestionó públicamente la postulación, al considerar que la posición de Nusseibeh sobre Sudán hace inadecuada su candidatura. Kate Ferguson, codirectora de la organización británica Protection Approaches, también expresó dudas sobre su independencia respecto del Estado emiratí. Se trata de objeciones formuladas por defensores de derechos humanos, no de una determinación jurídica sobre la responsabilidad personal de la candidata.

La controversia, por tanto, no consiste en demostrar que una diplomática comparte la política exterior de su país: esa representación forma parte de su función. El interrogante es cómo ejercería una autoridad internacional que debe responder a los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluso cuando su aplicación entra en conflicto con los intereses del Estado que respaldó su candidatura.

Qué propone Nusseibeh para Naciones Unidas

En su programa, titulado A United Nations for the Next Eighty Years, la diplomática articula su propuesta en torno a tres áreas: prevención de conflictos, cooperación para el desarrollo y reforma institucional. El planteamiento busca que Naciones Unidas intervenga antes de que las crisis humanitarias alcancen una escala mayor y que la organización pueda convertir los acuerdos diplomáticos en resultados verificables.

Su agenda también incluye la protección de la asistencia humanitaria, la movilización de inversión para el desarrollo, la atención a los problemas de deuda y una aplicación consistente del derecho internacional y los derechos humanos. En el plano administrativo, plantea reducir la duplicación de funciones, establecer prioridades más claras y reforzar la rendición de cuentas.

Estas propuestas se inscriben en una discusión más amplia sobre la capacidad de Naciones Unidas para responder a un escenario de conflictos prolongados, rivalidad entre potencias y restricciones presupuestarias. El organismo depende de la voluntad política de sus miembros para ejecutar buena parte de sus decisiones, mientras que las divisiones en el Consejo de Seguridad limitan su margen de actuación precisamente en algunas de las crisis más graves.

La reforma institucional tampoco depende exclusivamente del secretario general. Modificar las atribuciones de los órganos principales, alterar los procedimientos de decisión o cambiar la composición del Consejo exige negociaciones y acuerdos entre los Estados miembros. La Secretaría General puede impulsar propuestas, coordinar esfuerzos y ejercer presión diplomática, pero no sustituye la autoridad política de los gobiernos.

La diferencia entre una agenda programática y su ejecución será especialmente importante para Nusseibeh. Su experiencia incluye procesos de negociación dentro del sistema; su candidatura exige explicar cómo transformaría ese conocimiento en una administración capaz de actuar con independencia de las prioridades nacionales de sus miembros.

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