El dinero que WE Finance Code finalmente está revelando en RD

La decisión de República Dominicana de incorporar el WE Finance Code al marco regulatorio nacional mediante la Circular CSB-REG-2026000008 de la Superintendencia de Bancos no representa únicamente una política de género. Marca un cambio estructural en la forma en que el sistema financiero medirá riesgo, asignará capital y comprenderá el comportamiento empresarial de las mipymes.

El anuncio convierte al país en el primero de América Latina y el Caribe donde el sector financiero privado logra que la recopilación de datos desagregados por sexo pase de ser voluntaria a formar parte de la supervisión regulatoria formal. La medida obliga a todas las entidades financieras a reportar trimestralmente información sobre propiedad empresarial, solicitudes de crédito aprobadas y rechazadas, así como las razones detrás de esas decisiones.

Se trata de un movimiento que redefine la capacidad del mercado para detectar oportunidades económicas históricamente invisibles.

El acceso al crédito solo fue la punta del iceberg

Durante décadas, la narrativa regional sostuvo que las mujeres empresarias enfrentaban una “falta de financiamiento”. Pero organismos multilaterales y bancos de desarrollo comenzaron a identificar otro fenómeno, y es que el sistema financiero operaba con información insuficiente para evaluar correctamente ese segmento.

Sin datos comparables, el mercado no podía distinguir si existía discriminación, subatención o simplemente ausencia de productos financieros adecuados.

Ese vacío estadístico tiene consecuencias reales. Según estimaciones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el déficit global de financiamiento para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres supera los USD 1.7 billones. En América Latina y el Caribe, la brecha continúa limitando la expansión de empresas formalizadas que ya participan activamente en sectores productivos, comercio, servicios y tecnología.

La lógica detrás del WE Finance Code parte precisamente de ahí: antes de corregir una brecha, primero debe medirse con precisión. Por eso el programa no se concentra únicamente en otorgar préstamos. Su núcleo es la estandarización de datos financieros para identificar patrones de exclusión, oportunidades de crecimiento y eficiencia de cartera.

Por qué los mercados avanzados están apostando por sistemas de datos desagregados

La estrategia no es nueva. Reino Unido lanzó el Investing in Women Code en 2019 para aumentar el financiamiento hacia empresas lideradas por mujeres. Desde entonces, el modelo ha sido replicado y adaptado en decenas de mercados.

El resultado más importante no ha sido reputacional, sino operativo. Los bancos comenzaron a descubrir segmentos con menores niveles de morosidad, alta fidelización y capacidad de crecimiento subestimada.

En varios países, los programas basados en métricas desagregadas terminaron produciendo algo inesperado, con una mejora en los modelos de evaluación de riesgo.

Cuando las entidades financieras comienzan a observar el comportamiento específico de distintos grupos empresariales, pueden construir productos más precisos, reducir sesgos históricos y ampliar su cartera de clientes sin necesariamente aumentar exposición. En otras palabras, el dato se convierte en infraestructura financiera.

El WE Finance Code, impulsado globalmente por la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) y la OCDE, opera justamente bajo esa premisa. Actualmente está activo en más de 33 países y cuenta con más de 460 instituciones signatarias. Su siguiente fase de expansión prevé alcanzar 60 nuevos mercados y más de 2,500 entidades financieras entre 2027 y 2031.

La apuesta dominicana: convertir un piloto en regulación

Lo que diferencia a República Dominicana del resto de la región es la velocidad con la que el ecosistema financiero decidió institucionalizar el modelo.

El proceso inició en 2023 como una adhesión voluntaria impulsada por BID Invest y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). En apenas dos años, el piloto logró integrar a 26 instituciones financieras que representan cerca del 97 % de los activos del sistema financiero nacional.

Durante ese período se desarrolló una infraestructura técnica inédita para el país con estándares comunes de reporte, tableros nacionales de seguimiento y una definición homologada de mipymes lideradas por mujeres alineada con las normativas empresariales vigentes.

La transición de voluntario a obligatorio es el punto verdaderamente relevante.

En muchos mercados emergentes, las iniciativas de inclusión financiera fracasan porque dependen de incentivos reputacionales temporales. Cuando los datos pasan a formar parte del marco supervisor, el sistema adquiere continuidad institucional y comparabilidad estadística a largo plazo.

Lo que puede cambiar dentro del sistema financiero dominicano

La implementación obligatoria de datos desagregados podría modificar tres áreas clave del sistema financiero local.

1. Nuevos modelos de evaluación crediticia

La banca dominicana históricamente ha operado con metodologías tradicionales de riesgo enfocadas en historial financiero, garantías y formalización empresarial. La nueva base de datos permitirá identificar comportamientos diferenciados dentro del universo mipymes.

Eso podría derivar en productos más especializados, líneas de crédito segmentadas y herramientas de evaluación menos dependientes de garantías patrimoniales tradicionales.

En mercados donde ya se implementaron sistemas similares, algunos bancos descubrieron que determinados segmentos de empresarias presentaban niveles de pago iguales o incluso superiores a los promedios generales de cartera pyme.

2. Mayor sofisticación regulatoria

La Superintendencia de Bancos introduce un modelo de supervisión basado en evidencia granular, alineado con tendencias internacionales de regulación financiera inteligente.

La recopilación sistemática de información permite construir indicadores más sofisticados sobre inclusión, acceso al crédito y desempeño empresarial.

En términos regulatorios, esto acerca a República Dominicana a estándares utilizados por organismos multilaterales y economías OCDE.

3. Atracción de capital internacional

Los inversionistas institucionales y organismos multilaterales están priorizando mercados capaces de producir métricas verificables sobre inclusión financiera y desarrollo productivo.

Los datos comparables reducen incertidumbre y facilitan programas de financiamiento vinculados a impacto económico y social.

No es casualidad que BID Invest haya movilizado más de USD 160 millones en operaciones relacionadas con instituciones financieras comprometidas con financiamiento a mujeres empresarias en el país.

En la economía contemporánea, la calidad de los datos se ha convertido en un activo competitivo.

El desafío silencioso: evitar que la inclusión se vuelva burocracia

La gran prueba para República Dominicana no será emitir reportes trimestrales. Será transformar esa información en decisiones económicas concretas.

Existe un riesgo frecuente en programas de inclusión financiera, que es producir enormes volúmenes de datos que terminan convertidos en ejercicios regulatorios sin impacto real en el mercado.

Para evitarlo, el sistema financiero necesitará traducir la información en productos bancarios, criterios de evaluación, innovación tecnológica y estrategias comerciales medibles. La diferencia entre una política simbólica y una transformación estructural suele depender de eso.

El WE Finance Code ofrece una ventaja importante, y es que ya llega al país con aprendizajes internacionales acumulados. Los mercados que han mostrado mejores resultados son aquellos donde los bancos utilizaron los datos no como obligación reputacional, sino como inteligencia de negocio.

Una señal regional en medio de la desaceleración económica

La decisión dominicana ocurre además en un momento delicado para América Latina. Las economías regionales enfrentan menor crecimiento, crédito más caro y reducción del apetito de riesgo.

En ese contexto, ampliar la base de clientes financieramente atendidos deja de ser un asunto exclusivamente social y se convierte en una necesidad económica.

Las mipymes representan más del 90 % del tejido empresarial latinoamericano y una parte sustancial del empleo formal. Mejorar la precisión con la que el sistema financiero entiende esos segmentos puede influir directamente en productividad, formalización y crecimiento.

República Dominicana parece haber entendido algo que muchos mercados aún discuten: en la economía de datos, medir correctamente también es una forma de desarrollo.