¿Quién paga las campañas de las mujeres de Latam?

Ese problema acaba de entrar en una nueva fase en las Américas con el lanzamiento de la Coalición Regional para Promover el Acceso de las Mujeres al Financiamiento Electoral, una iniciativa impulsada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con apoyo del Gobierno de Francia y cuya coordinación asumirá la República Dominicana a través del Ministerio de la Mujer.

El anuncio se produjo durante el cierre de la Semana del Impulso a la Paridad Política. Más que crear una nueva plataforma de formación para mujeres, la coalición coloca sobre la mesa una cuestión mucho más estructural, considerando que la igualdad de candidaturas no garantiza igualdad de condiciones para competir por los votos.

Su objetivo es articular a instituciones electorales, partidos, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil de las Américas para identificar las brechas existentes y promover soluciones relacionadas con el acceso, distribución, fiscalización y transparencia de los recursos electorales.

El movimiento llega además en un momento en el que las Américas mantienen la mayor proporción regional de mujeres en los parlamentos, pero todavía están lejos de una representación paritaria. A enero de 2026, las mujeres ocupaban el 35,6 % de los escaños parlamentarios de la región. La cifra es la más alta entre las regiones del mundo, pero significa que aproximadamente dos de cada tres parlamentarios siguen siendo hombres.

La discusión, por tanto, se está desplazando de una pregunta que durante años dominó las reformas electorales de ¿cuántas mujeres llegan a las papeletas? hacia otra más incómoda: ¿con qué recursos llegan a competir?

La paridad tiene un límite cuando el dinero no se distribuye de manera equivalente

Las últimas décadas han producido avances importantes en las reglas de representación femenina en América Latina y el Caribe. Cuotas, listas paritarias y mecanismos de alternancia han modificado la composición de numerosos congresos. Pero una candidatura formalmente habilitada no es necesariamente una candidatura materialmente competitiva.

Una campaña requiere equipos, transporte, comunicación, publicidad, producción audiovisual, asesoría legal y electoral, presencia territorial, movilización y tiempo. En sistemas donde una parte relevante de esos gastos depende de recursos privados o de la distribución interna de los partidos, el acceso al capital puede convertirse en un filtro previo a la elección.

Una investigación publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, que estudió los sistemas de financiamiento electoral de 19 países de América Latina y el Caribe, documentó precisamente esta dimensión. El análisis señala que las mujeres candidatas han enfrentado mayores dificultades para obtener recursos y que suelen disponer de menor acceso a financiamiento privado, redes familiares o personales y respaldo económico partidario.

En una encuesta digital analizada por las investigadoras Betilde Muñoz-Pogossian y Flavia Freidenberg, 80 % de las 225 personas candidatas consultadas en América Latina señaló que no contaba con apoyo económico para realizar campañas; el dato corresponde a la investigación publicada en 2022 y no debe interpretarse como una medición actual de todas las candidaturas de la región.

El dato permite entender por qué el financiamiento no es un asunto accesorio. Cuando los recursos determinan cuánto tiempo puede permanecer una candidatura en circulación pública, qué alcance puede tener su campaña y qué redes puede activar, la distribución del dinero termina afectando las condiciones mismas de la competencia.

Qué cambia con una coalición regional

La importancia de la nueva coalición está menos en el anuncio institucional que en el problema que intenta convertir en agenda común.

Los sistemas electorales de las Américas no funcionan bajo una única fórmula de financiamiento. Hay países con predominio de recursos públicos, otros donde el financiamiento privado tiene mayor peso y otros que combinan distintas modalidades, con límites, controles y obligaciones diferentes.

Eso significa que una reforma aislada puede resolver una parte del problema sin necesariamente modificar las condiciones que producen la brecha.

La coalición coordinada por República Dominicana busca precisamente reunir a quienes intervienen en esos distintos niveles como los organismos electorales, partidos, candidatas y candidatos y sociedad civil. La CIM ha planteado que la desigualdad en el acceso a los recursos debe analizarse como una barrera estructural de la democracia paritaria y no únicamente como una dificultad individual de las mujeres que aspiran a una candidatura.

En términos prácticos, esto abre varias líneas de trabajo: cómo se distribuye el financiamiento público dentro de los partidos, qué recursos llegan realmente a las candidatas, cómo se fiscalizan esos fondos, qué incentivos existen para que las organizaciones políticas financien candidaturas femeninas y qué gastos específicos pueden dificultar la participación de las mujeres.

Ese último punto es particularmente relevante porque el costo de una candidatura no se limita a la publicidad electoral.

La experiencia regional ya ofrece algunas herramientas

La nueva coalición no parte de cero.

Distintos países latinoamericanos han desarrollado mecanismos que vinculan el financiamiento público de los partidos con objetivos de igualdad de género. Un estudio de International IDEA documentó que al menos seis países habían relacionado el financiamiento público directo con la igualdad entre candidaturas, mediante mecanismos que incluyen recursos destinados a campañas de mujeres, formación o distribución de espacios de publicidad.

Brasil, por ejemplo, estableció que los partidos deben destinar una proporción de sus recursos de campaña a candidaturas femeninas, mientras México utiliza parte del financiamiento público partidario para actividades relacionadas con la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres. Panamá también ha incorporado obligaciones específicas vinculadas con la formación política femenina.

Estas experiencias son relevantes para la coalición porque permiten cambiar la conversación de la intención a la arquitectura institucional. No basta con pedir a los partidos que apoyen más candidaturas femeninas si las reglas no permiten verificar cuánto dinero reciben, cómo se distribuye y qué ocurre cuando las obligaciones no se cumplen.

El informe de ONU Mujeres Hacia la democratización del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina, publicado en 2024 a partir de un análisis comparado de 18 países, también apunta hacia esa dimensión. Su revisión combina análisis normativo, entrevistas con mujeres vinculadas a la política y consultas con especialistas y autoridades electorales, y examina cómo las reglas de financiamiento público pueden contribuir a condiciones más equitativas.

República Dominicana entra en esta conversación desde una posición particular

Para República Dominicana, el debate tiene una dimensión concreta.

Después de las elecciones legislativas de 2024, las mujeres pasaron a ocupar 70 de los 190 escaños de la Cámara de Diputados, equivalentes al 36,8 %. Los datos más recientes de la Unión Interparlamentaria sitúan la representación femenina en la Cámara en 37,4 %, con 71 mujeres.

El contraste aparece cuando se observa el Senado: tras las elecciones de 2024, las mujeres ocuparon cuatro de los 32 escaños, equivalentes al 12,5 %.

Es decir, incluso dentro de un mismo sistema político, la representación femenina puede variar considerablemente según el tipo de elección y las reglas de competencia.

El financiamiento no explica por sí solo esas diferencias. Intervienen también el sistema electoral, la selección de candidaturas, las estructuras partidarias, las redes políticas, el acceso a medios, las responsabilidades familiares y la violencia política, entre otros factores. Pero precisamente por eso la discusión sobre dinero adquiere importancia: es una variable institucional que puede observarse, regularse y auditarse.

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