Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú con un país dividido

Keiko Fujimori llega este 28 de julio al Palacio de Gobierno después de 15 años de campañas presidenciales, tres derrotas en segunda vuelta y una elección definida por una diferencia de apenas 49.641 votos. Su victoria frente al izquierdista Roberto Sánchez, con 50,135% de los votos válidos frente a 49,865%, le entrega el mandato 2026-2031, pero también la tarea de gobernar un país que ha convertido la inestabilidad institucional en parte de su paisaje político.

Keiko Fujimori se convierte, además, en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú. Su investidura ocurre en una fecha particularmente simbólica: el mismo día en que el país recupera formalmente el Congreso bicameral, suspendido durante 34 años, con un Senado de 60 integrantes y una Cámara de Diputados de 130.

El dato que mejor explica la magnitud del momento quizá no esté en la ceremonia. Está en la sucesión presidencial: desde 2016, Perú ha pasado por nueve jefaturas de Estado, si se cuenta a Fujimori y al presidente interino José María Balcázar, después de las administraciones de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. La presidencia de Fujimori comienza, por tanto, en un país donde completar un mandato constitucional dejó de ser una expectativa automática.

Una investidura con un nuevo Congreso y una señal internacional

La ceremonia de transmisión de mando se celebra en el Congreso de la República a partir de las 11:30 de la mañana, seguida por el primer discurso de Fujimori ante el nuevo Parlamento. La escena institucional tiene un componente adicional: será el primer mensaje presidencial pronunciado ante un Legislativo compuesto simultáneamente por senadores y diputados después de más de tres décadas de unicameralidad.

Entre los invitados internacionales figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y Rodrigo Paz, de Bolivia. Estados Unidos está representado por el subsecretario de Estado Christopher Landau, enviado por Donald Trump.

La composición de la delegación es significativa porque ofrece una primera fotografía del entorno internacional que recibirá a Fujimori. La mayoría de los mandatarios presentes procede de gobiernos conservadores o de centroderecha, mientras que la ausencia de algunos referentes de la izquierda regional hace visible el desplazamiento ideológico de Lima en los últimos años.

Pero la señal diplomática más importante probablemente estará en otro lugar: Estados Unidos y China. Fujimori ha planteado una relación más estrecha con Washington, particularmente en seguridad, comercio e inversión, pero Perú mantiene una relación económica estructural con China. El puerto de Chancay, construido con participación china y convertido en una pieza estratégica del comercio del Pacífico, hace improbable cualquier ruptura brusca con Beijing.

En los días previos a la investidura, Fujimori se reunió tanto con Felipe VI como con el embajador estadounidense Bernie Navarro. En este último encuentro se abordaron comercio, inversión, seguridad ciudadana y cooperación frente a El Niño.

La economía que recibe Fujimori: más sólida que su política

La paradoja peruana es que su situación macroeconómica resulta considerablemente menos frágil que su sistema político.

El Banco Mundial estima que la economía creció 3,4% en 2025 y proyecta una expansión de 3,1% para 2026. El FMI, en cambio, calcula un crecimiento de 2,8%, condicionado por la evolución de los precios de la energía y el escenario internacional. En ambos casos, Perú conserva una posición relativamente favorable dentro de América Latina.

El FMI destaca que el crecimiento de 2025 estuvo respaldado por términos de intercambio favorables, recuperación del empleo, consumo e inversión privada, particularmente en sectores vinculados a los metales y la infraestructura. El déficit fiscal se redujo a 2,2% del PIB y la deuda pública se mantiene alrededor de 32% del PIB.

Esa fotografía, sin embargo, tiene una segunda mitad menos cómoda. El país debe convertir el crecimiento agregado en mejores condiciones de vida. El Banco Mundial calcula que la pobreza alcanzó 36,2% de la población en 2024 y proyecta una reducción a 33,4% en 2026. La cifra recuerda que la estabilidad macroeconómica peruana todavía convive con una considerable vulnerabilidad social.

La otra presión está en las finanzas públicas. El FMI advierte que, aunque el déficit se redujo, permanece elevado en términos estructurales. Para Fujimori, el desafío será sostener inversión pública y servicios esenciales sin deteriorar el espacio fiscal que ha contribuido a diferenciar a Perú de otras economías latinoamericanas.

El Niño convierte al clima en una prueba fiscal

El reto menos visible durante la campaña electoral podría terminar siendo uno de los primeros problemas concretos de gobierno.

El Ejecutivo declaró a comienzos de julio el estado de emergencia en 796 distritos, aproximadamente 40% del país, ante el riesgo asociado a lluvias intensas vinculadas con El Niño 2026-2027. La medida alcanza regiones de la costa, los Andes y la Amazonía y permite ejecutar acciones extraordinarias de prevención, reducción del riesgo y rehabilitación.

La dimensión económica es considerable. Credicorp Capital Asset Management calcula que El Niño podría restar aproximadamente S/16.000 millones a la economía peruana entre 2026 y 2027, más de 1% del PIB. Agricultura, pesca, transporte, comercio y empleo se encuentran entre las actividades más expuestas.

La Unión Europea también ha advertido que el episodio 2026-2027 es prácticamente seguro y podría alcanzar una intensidad muy elevada, con consecuencias sobre alimentos, desplazamientos y riesgos humanitarios.

El problema para la nueva administración no será solamente reconstruir después del desastre. Será prevenir con recursos limitados, mientras intenta evitar que el gasto de emergencia se convierta en un nuevo deterioro fiscal.

Seguridad: la demanda inmediata de una sociedad agotada

Si El Niño representa el riesgo externo que puede alterar las cuentas públicas, la inseguridad representa la presión cotidiana.

Según el INEI, durante el segundo semestre de 2025 la corrupción fue identificada como el principal problema nacional por 60,3% de la población, mientras la delincuencia llegó a 53,7%, un aumento de 8,7 puntos porcentuales frente a 2024. La falta de seguridad ciudadana también aumentó hasta 23,3%.

Fujimori llega al Gobierno con una promesa de endurecimiento frente al crimen organizado, las extorsiones y los asesinatos. El desafío será traducir esa demanda social en instituciones capaces de producir resultados sin agravar las tensiones con organismos judiciales, organizaciones civiles y sectores que todavía cuestionan la tradición autoritaria asociada al fujimorismo.

Ese pasado seguirá formando parte del presente. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por corrupción y violaciones de derechos humanos. El autogolpe de 1992, mediante el cual disolvió el Congreso, permanece como una de las referencias más controversiales de la historia reciente peruana.

La elección de Keiko no elimina esa memoria. La convierte en una variable de gobernabilidad.

El Congreso será una prueba distinta a la de sus antecesores

Fujimori no recibe un Congreso controlado por su partido. Fuerza Popular obtuvo 22 de los 60 escaños del Senado y 41 de los 130 diputados, lo que la convierte en la fuerza individual más grande, pero lejos de una mayoría propia. Juntos por el Perú obtuvo 14 senadores y 32 diputados.

La nueva arquitectura legislativa introduce, además, una diferencia fundamental. El Senado tendrá funciones de revisión legislativa y participación en la designación, ratificación y remoción de altos funcionarios del Estado, mientras la Cámara de Diputados ejercerá funciones legislativas, de control político y representación.

Para Fujimori, esto significa que la relación con el Parlamento ya no se reducirá al equilibrio con una sola cámara. Tendrá que operar dentro de una estructura institucional más compleja justo cuando el país intenta recuperar previsibilidad.

Y hay una ironía histórica difícil de ignorar: el primer Congreso bicameral que recibe a Fujimori regresa exactamente tres décadas después de que su padre lo disolviera.

El verdadero punto de partida

Keiko Fujimori ha llegado a la Presidencia después de una carrera electoral excepcionalmente larga, pero el mandato que comienza hoy no será juzgado por la duración de esa preparación. Será medido por variables mucho más concretas: seguridad, inversión, inflación, disciplina fiscal, infraestructura, empleo y capacidad de respuesta ante un fenómeno climático que ya ha obligado a declarar en emergencia a cerca de 40% del territorio.

Perú no comienza este periodo desde el colapso económico. Tampoco desde la estabilidad institucional.

Esa diferencia es esencial. La nueva presidenta recibe una economía con fundamentos que todavía ofrecen margen de maniobra, pero un Estado cuya credibilidad ha sido erosionada por una década de sucesiones presidenciales, confrontaciones entre instituciones y desconfianza ciudadana.

Su primera prueba, por ello, no será únicamente política. Será demostrar que un país puede volver a tener continuidad suficiente para que sus fortalezas económicas dejen de coexistir con una institucionalidad impredecible.

En el Perú de 2026, estabilizar el Gobierno significará algo mucho más concreto que permanecer en Palacio: conseguir que las instituciones vuelvan a durar lo suficiente para que sus políticas produzcan resultados.

Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.