Ministerio de Justicia: ¿qué funciones tendrá en RD?

La justicia dominicana pone el pie en el acelerador ¿qué está cambiando? Yeni Berenice y otros juristas lo explican

Los actos recientes de violencia extrema para robar celulares conmueven a la opinión domimicana. La Procuradora General Yeni Berenice Reynoso lo sabe y entiende la conmoción ciudadadana y el desafío para la institución que lidera.

Elba Reyes

DIGITAL EDITOR

15.09.2026 18:02

"Estamos impulsando una transformación 360 porque la justicia tiene que estar centrada en las personas y tiene que esforzarse por ser más transparente, más eficiente, darle mayor acceso a cada persona. No importa si necesita la justicia en la sede central o en el lugar más apartado del país. Es un reclamo justo y en ese sentido creo en una transformación que busque una justicia más a accesible, más humana y más eficiente": aseguró Reynoso durante su participación en Mercado Top Lawyers.

Los asaltos cotidianos también preocupan a la Defensoría del Pueblo y así lo manifestó su titular, Pablo Ulloa: "Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público tienen una incidencia en el combate de este tipo de delincuencia. Nos preocupan mucho esos casos que incluyen agresiones físicas. El 70% de los casos que recibimos van relacionados con la violencia interpersonal y la conflictividad social".

En Mercado Top Lawyers Power Lunch 2026, el encuentro de los más importantes bufetes dominicanos con los poderes Ejecutivo y Judicial, la jefe del Ministerio Público manifestó que la institución implementa sin demora el recién expedido Código Penal.

"Hace más de un año nos estábamos preparando en la Escuela Nacional del MP, en el equipo de fiscales y todo el personal técnico. En la actualidad lo estamos aplicando desde su entrada en vigencia y es una aplicación que no ha tenido traumas. Sí tiene desafíos, pero damos la garantía a la sociedad de que estamos comprometidos con la ejecución de nuestra misión constitucional", subrayó.

Esos desafíos del nuevo Código Penal ocupan diariamente la atención de Ulloa quien emprendió unos recorridos pedagógicos dos veces por semana.

"Estamos recorriendo todas y cada una de las regiones del país explicando cuáles son los nuevos actos delictivos y también los nuevos instrumentos de los que disponemos para combatirlos. Pero necesitamos que todos los operadores de justicia entiendan y formalicen los procesos que allí se plantean. Hace falta formación y conocimiento. Estamos desplegando un dispositivo en todas las gobernaciones haciendo pedagogía sobre delitos nacionales y transnacionales como ciberdelincuencia, narcotráfico, entre otros".

Ulloa considera que los asuntos penitenciarios, la formación y la reinserción a la sociedad de quienes cometieron delitos es una de las tareas prioritarias del recién creado Ministerio de Justicia.

En el mismo escenario de Top Lawyers, el ministro Antoliano Peralta defendió la estructura de la institución y las funciones que le fueron atribuidas.

La creación del Ministerio de Justicia, aseguró, marca un cambio en la forma en que el Estado dominicano organiza y gestiona las responsabilidades vinculadas con el sistema jurísdiccional. La reforma constitucional impulsó una redistribución de funciones que busca delimitar mejor el papel del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo.

Uno de los principales argumentos a favor de esta transformación es la necesidad de separar la persecución penal de otras tareas administrativas y de política pública. Con la reforma, la prevención del delito pasa a estar vinculada a la política criminal del Ejecutivo, mientras el Ministerio Público concentra su labor en la persecución de los delitos.

Una institución para coordinar y especializar

El Ministerio de Justicia asume funciones que anteriormente estaban dispersas entre distintas instituciones. Entre sus prioridades figuran la coordinación del Ejecutivo con el sistema de justicia, la formulación de políticas públicas, la prevención del delito, la atención ciudadana y la coordinación del sistema nacional de derechos humanos.

También incorpora la representación jurídica del Estado, una responsabilidad que busca centralizar la defensa de las instituciones públicas y evitar que los procesos judiciales se manejen de forma fragmentada.

A partir de este nuevo esquema, las instituciones estatales que sean demandadas deberán notificar al Ministerio de Justicia en un plazo de 24 horas. La medida permite concentrar información sobre los litigios y anticipar posibles riesgos para el Estado.

Menos carga para el Ministerio Público

Otro de los cambios destacados es el traslado del sistema penitenciario hacia una estructura especializada dentro del Ministerio de Justicia. La reorganización responde a la nueva naturaleza constitucional del Ministerio Público, que pasó a funcionar como un órgano extrapoder.

La lógica detrás de esta separación es que una institución encargada de la persecución penal no debería asumir, al mismo tiempo, responsabilidades administrativas propias del sistema penitenciario o de la defensa jurídica del Estado.

El nuevo modelo también contempla una revisión especializada de los contratos estatales que incluyan cláusulas de arbitraje, con el objetivo de identificar riesgos antes de que puedan convertirse en controversias.

Una justicia con responsabilidades más claras

La apuesta por el Ministerio de Justicia parte de una mayor especialización institucional. La idea defendida es que cada organismo concentre sus esfuerzos en las funciones que le corresponden, mientras el Ejecutivo cuenta con una estructura dedicada a diseñar políticas y coordinar sus responsabilidades frente al sistema de justicia.

El reto ahora será convertir esta reorganización en una gestión efectiva, capaz de anticipar riesgos, reducir duplicidades y ofrecer una respuesta más coordinada del Estado frente a los desafíos del sistema de justicia.

En Mercado Top Lawyers fue homenajeado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien recordó los reconocimientos internacionales que ha recibido la justicia dominicana por su proceso de modernización. Enumeró -por ejemplo- pronunciamientos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del World Justice Project.

Molina pidió mayor confianza de la ciudadanía pues asegura que el sistema se mueve hacia una justicia más ágil y en línea.

"Ya nadie tiene que ir a un tribunal a depositar un documento; lo que nos falta ahora es que la gente aprenda a usarlo. En Santiago el 60% de los usuarios de la justicia hacen sus trámites desde sus casas, eso tiene que llegar a todo el país", sentenció.

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