EDE pierden 44.1 % de energía: el costo para el Estado

Las EDE pierden 44.1 % de la energía que compran: cuánto cuesta al Estado y quién paga la diferencia

El sistema eléctrico dominicano enfrenta un problema que trasciende los apagones y las interrupciones del servicio: las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) pierden casi la mitad de la energía que compran, una ineficiencia que incrementa la presión sobre las finanzas públicas y termina trasladando parte de sus costos a los contribuyentes.

Bombilla eléctrica transparente apagada sobre documentos financieros y varias monedas, una composición que simboliza los costos de la electricidad, las pérdidas energéticas y su impacto económico.

Foto: Las empresas distribuidoras de electricidad de República Dominicana registran pérdidas equivalentes al 44.1 % de la energía adquirida, según la cifra señalada en el informe.

Entre enero y julio de 2026, las tres distribuidoras estatales acumularon pérdidas equivalentes al 44.1 % de la energía adquirida, de acuerdo con el informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales de julio de 2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas.

La dimensión del problema se refleja en las cifras: de cada 100 unidades de energía compradas, aproximadamente 44 no se convierten en ingresos efectivos para las empresas, ya sea porque no se facturan o porque, aunque llegan a facturarse, no se cobran.

El resultado es un sistema que necesita cada vez más recursos públicos para cubrir sus déficits, mientras persisten las dificultades para recuperar el costo de la electricidad distribuida.

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¿De dónde salen las pérdidas del 44.1 % de las EDE?

Para comprender la magnitud de las pérdidas eléctricas en República Dominicana, es necesario separar dos indicadores: la energía que las distribuidoras entregan, pero no facturan, y aquella que sí aparece en las facturas, pero no logra convertirse en dinero cobrado.

Durante los primeros siete meses de 2026, las EDE compraron 12,072.1 gigavatios hora (GWh) de electricidad. De ese volumen, 4,814.9 GWh no fueron facturados, lo que representa el 39.9 % de la energía adquirida.

A esto se suman otros 508.8 GWh que sí fueron facturados, pero no cobrados. Esta cantidad equivale al 4.2 % de las compras totales.

En consecuencia, la combinación de ambos componentes explica el 44.1 % de pérdidas reportado para el período.

La diferencia también permite dimensionar cuánto logra recuperar el sistema: de los 7,257.2 GWh facturados, las distribuidoras consiguieron cobrar 6,748.4 GWh.

Las pérdidas de electricidad no responden a una sola causa. Por un lado, existen pérdidas técnicas relacionadas con las condiciones de las redes y la infraestructura de distribución. Por otro, intervienen factores no técnicos, como el robo de electricidad y las dificultades para cobrar el servicio.

Esta combinación evidencia que el desafío no consiste únicamente en comprar y distribuir más energía, sino en garantizar que una proporción mayor llegue a los usuarios y se traduzca en ingresos para las empresas.

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RD$77,926 millones transferidos: el impacto sobre las finanzas públicas

Las consecuencias de estas ineficiencias no se quedan dentro de las empresas distribuidoras. Cuando los ingresos obtenidos por la venta y el cobro de electricidad no son suficientes para cubrir sus compromisos, el Estado debe intervenir mediante transferencias de recursos públicos.

Hasta agosto de 2026, el Gobierno central había transferido RD$77,926.0 millones a las EDE, una cantidad equivalente al 84.6 % de los RD$92,124.2 millones presupuestados para todo el año.

En otras palabras, antes de finalizar los primeros ocho meses de 2026, las autoridades ya habían utilizado más de cuatro quintas partes de los recursos previstos para respaldar financieramente a las distribuidoras.

El ritmo de ejecución presupuestaria plantea dudas sobre la suficiencia de la partida original. De mantenerse las necesidades de financiamiento, las transferencias al cierre del año podrían acercarse a los RD$116,394.7 millones, monto contemplado en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027.

Este escenario refleja la magnitud del compromiso fiscal que representa el sector eléctrico. Los recursos destinados a cubrir el déficit de las distribuidoras compiten con otras necesidades del gasto público y reducen el margen disponible para financiar prioridades nacionales.

El problema también se relaciona con el costo de mantener las tarifas y sostener el funcionamiento del sistema. En ese contexto, el subsidio eléctrico en República Dominicana se convierte en una pieza central del debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No se trata solamente de cuánto dinero recibe cada distribuidora, sino de cuánto de ese financiamiento termina compensando pérdidas que podrían reducirse mediante una gestión más eficiente.

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¿Quién termina pagando la electricidad que las EDE no cobran?

Aunque las pérdidas se originan en la operación de las distribuidoras, sus consecuencias alcanzan al conjunto de la sociedad. El dinero que el Gobierno transfiere para cubrir los déficits proviene de los recursos públicos, por lo que los contribuyentes terminan asumiendo parte del costo de la ineficiencia del sistema eléctrico.

Esto significa que la diferencia entre la energía adquirida, la facturada y la efectivamente cobrada no desaparece. Se convierte en una necesidad de financiamiento que debe cubrirse mediante transferencias estatales.

La situación plantea además un problema de equidad para los consumidores que sí pagan regularmente sus facturas. Mientras estos hogares y empresas cumplen con sus obligaciones, las pérdidas derivadas del robo de electricidad, las deficiencias de infraestructura y la falta de cobro siguen generando presiones financieras sobre el sistema.

El desafío también tiene implicaciones para la calidad del servicio. Un modelo que depende de transferencias públicas para compensar sus déficits necesita mejorar su capacidad de distribución, medición, facturación y recuperación de ingresos.

En este sentido, reducir las pérdidas eléctricas representa una condición fundamental para disminuir la dependencia del presupuesto nacional y avanzar hacia un sistema financieramente sostenible.

La discusión no se limita a establecer si las tarifas deben aumentar o si el Estado debe continuar subsidiando a las distribuidoras. También exige determinar cómo se utilizan los recursos transferidos y qué resultados producen en términos de eficiencia operativa.

Mientras las EDE no consigan recuperar una proporción mayor de la energía que compran, el Gobierno seguirá enfrentando la presión de financiar sus déficits. Y detrás de cada transferencia millonaria permanece una pregunta de fondo: ¿cuánto más puede asumir el presupuesto público para sostener un sistema que todavía no logra cobrar buena parte de la electricidad que distribuye?

La reducción de las pérdidas, el combate al fraude eléctrico y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro serán determinantes para cambiar esa ecuación.

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