¿Qué países pierden más electricidad en América Latina?

¿Qué países de América Latina pierden más electricidad en la distribución? RD está entre los primeros

La República Dominicana enfrenta uno de los mayores niveles de pérdidas de electricidad en América Latina, con un indicador del 30 %, según un estudio presentado por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (Adelat).

Persona sosteniendo una vela encendida entre sus manos, rodeada de otras velas iluminadas en un ambiente oscuro, como representación de la falta de electricidad.

Foto: República Dominicana figura entre los países latinoamericanos con elevados niveles de pérdidas en la distribución de electricidad.

La cifra coloca al país por encima de otras economías de la región y vuelve a poner el foco sobre la eficiencia del sistema eléctrico, la sostenibilidad financiera de las distribuidoras y los desafíos para mejorar el servicio.

El dato forma parte de la investigación Recuperando energía: innovación y estrategias para la gestión de pérdidas no técnicas en América Latina y el Caribe, presentada durante la XI Semana de la Energía.

El documento reúne información general de 14 países, aunque solo dispone de estadísticas de pérdidas eléctricas para siete de ellos.

Más allá de la comparación regional, el resultado plantea una cuestión económica importante: cuánta electricidad comprada logra convertirse efectivamente en energía facturada y cobrada.

Las pérdidas representan un desafío para las empresas distribuidoras, porque afectan su capacidad de recuperar los recursos destinados a abastecer a los consumidores y mantener la infraestructura.

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República Dominicana supera a siete mercados latinoamericanos en pérdidas eléctricas

El estudio de Adelat sitúa las pérdidas de electricidad de República Dominicana en un 30 %. En la comparación presentada, Argentina registra entre 15 % y 18 %, Colombia entre 8 % y 10 %, Brasil un 14 %, Ecuador un 15.6 %, México un 10.5 % y Uruguay un 15 %.

La diferencia evidencia la magnitud del reto dominicano. Mientras los demás países incluidos en la comparación presentan indicadores inferiores, el país mantiene un nivel que exige revisar tanto la infraestructura como los mecanismos de gestión comercial de las distribuidoras.

Sin embargo, la presidenta de Adelat, Alessandra Amaral, advierte que no existe una cifra universal que permita determinar qué porcentaje de pérdidas resulta aceptable. Las condiciones geográficas, económicas y sociales de cada territorio influyen en el desempeño de las empresas y deben considerarse al evaluar sus resultados.

Esta precisión es importante para interpretar las estadísticas: la comparación regional permite identificar brechas, pero no sustituye un análisis de las particularidades de cada sistema eléctrico.

En el caso dominicano, el desafío consiste en transformar esa diferencia en mejoras medibles. Para ello, la investigación recomienda fortalecer los métodos de seguimiento y distinguir con mayor precisión las pérdidas técnicas de las no técnicas.

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Fraude eléctrico, medición y cobro: las claves para reducir las pérdidas

Las pérdidas de electricidad no responden necesariamente a una sola causa. Por eso, el estudio destaca la importancia de separar los problemas asociados con las condiciones técnicas de las redes de aquellos relacionados con la gestión comercial, la medición y otras irregularidades.

Entre las medidas propuestas figura mejorar la calidad de los datos de medición, facturación y cobro, mediante verificaciones cruzadas y auditorías selectivas que permitan identificar inconsistencias.

La investigación también recomienda establecer criterios homogéneos entre las empresas distribuidoras. Contar con información comparable facilitaría evaluar los resultados, identificar deficiencias y comprobar si las medidas adoptadas producen mejoras sostenidas.

Otro componente es el fortalecimiento de la regulación. El documento plantea incorporar incentivos más claros y, cuando corresponda, mecanismos sancionadores efectivos que orienten la gestión empresarial hacia la reducción de pérdidas.

A esto se suma una mayor coordinación entre la Superintendencia de Electricidad, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico y las empresas distribuidoras, con protocolos de intercambio de información que faciliten detectar e investigar el fraude eléctrico.

La propuesta apunta a que las mejoras no dependan únicamente de compromisos institucionales, sino de procedimientos verificables y consecuencias concretas cuando se incumplan los objetivos establecidos.

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Un sistema eléctrico más complejo exige nuevas inversiones

La reducción de las pérdidas ocurre en un momento en que la distribución eléctrica experimenta cambios importantes. Según Amaral, los consumidores participan cada vez más activamente en el sector y algunos buscan producir su propia energía, lo que impulsa un modelo más descentralizado.

Este escenario obliga a las distribuidoras a adaptar sus operaciones e invertir en nuevas tecnologías, mientras atienden problemas pendientes, como el acceso universal al servicio y las pérdidas acumuladas.

La presidenta de Adelat señala que las inversiones necesarias son cada vez más exigentes, tanto por el costo de las tecnologías como por la complejidad de gestionar un sistema con nuevas dinámicas de consumo.

En ese contexto, reducir las pérdidas puede contribuir a mejorar la gestión de las empresas, aunque los resultados dependerán de la calidad de las medidas aplicadas y de su continuidad.

El estudio también subraya que la eficiencia no depende exclusivamente de que una distribuidora sea pública o privada. Amaral sostiene que existen empresas estatales con un desempeño destacado y que la forma en que se conduce la gestión interna resulta determinante.

Para República Dominicana, el indicador del 30 % constituye una señal de la dimensión del problema. La prioridad será convertir las recomendaciones en acciones que permitan medir mejor la energía, detectar irregularidades y reforzar la capacidad de recuperación de los recursos invertidos.

El reto no consiste únicamente en reducir una estadística regional desfavorable. También implica construir un sistema de distribución más eficiente, con información confiable y mecanismos de supervisión capaces de sostener los avances a largo plazo.

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