Gobierno plantea reajustar la tarifa eléctrica en RD

El Gobierno dominicano considera imperativo retomar en el corto plazo el reajuste de la tarifa eléctrica, una medida que podría impactar directamente el presupuesto de los hogares si se traduce en un aumento del precio que pagan los usuarios por el servicio.

La propuesta está contemplada en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, que identifica el esquema tarifario desactualizado como uno de los factores detrás del déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).

El documento plantea que la tarifa debe avanzar hacia un esquema que refleje los costos reales del servicio y permita desmontar progresivamente el subsidio cruzado. El proceso de ajuste había sido suspendido en 2022 debido a las presiones inflacionarias.

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¿Por qué el Gobierno plantea subir la tarifa eléctrica?

La principal razón expuesta por las autoridades es el déficit financiero que arrastran las tres distribuidoras públicas: Edesur, Edenorte y Edeeste.

Según el plan gubernamental, este déficit está relacionado con un esquema tarifario que no refleja completamente los costos del servicio. Mantener esta situación obliga al Estado a destinar recursos públicos para cubrir las pérdidas de las empresas.

Es más, entre 2014 y 2024, el Estado dominicano transfirió RD$505,629 millones para cubrir el saldo negativo de las tres distribuidoras. El Gobierno sostiene que enfrentar el problema requiere actuar en tres áreas: reformar la tarifa eléctrica, reducir las pérdidas de las distribuidoras y acelerar la transición energética.

¿Cuánto ha gastado el Gobierno en el subsidio eléctrico?

La presión sobre las finanzas públicas continúa durante 2026.

De igual forma, solo entre enero y el 14 de agosto, el subsidio eléctrico había devengado RD$78,800 millones, de los RD$85,586.7 millones presupuestados para ese propósito durante el año. Esto significa que para mediados de agosto ya se había utilizado alrededor del 92% del presupuesto vigente destinado al subsidio eléctrico.

La magnitud de estos recursos explica por qué el Gobierno plantea una modificación estructural del esquema que determina cuánto pagan los usuarios y cuánto debe cubrir el Estado.

Pérdidas de las distribuidoras siguen siendo elevadas

El problema no está únicamente en la tarifa. Las tres empresas distribuidoras registraron pérdidas técnicas y no técnicas de 38.9% hasta mayo de 2026, según los datos citados en el plan.

El peor desempeño correspondió a Edeeste, con pérdidas de 56%

Le siguieron Edesur, con 31.6%, y Edenorte, con 26.1%

Estas pérdidas incluyen tanto las asociadas a aspectos técnicos de las redes como aquellas relacionadas con conexiones irregulares, fraude y otros factores que impiden que toda la energía comprada por las distribuidoras se convierta en electricidad facturada y cobrada.

Por eso, el Gobierno plantea que cualquier reforma tarifaria debe estar acompañada de una reducción sostenida de las pérdidas.

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¿Qué propone el Gobierno para reducir las pérdidas?

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público plantea fortalecer los programas destinados a disminuir las pérdidas de las distribuidoras.

Entre las medidas contempladas están una mayor fiscalización de los circuitos de distribución y la ampliación del uso del Sistema de Información Geográfica (IGEA) para controlar las pérdidas no técnicas.

Además, la lógica es que aumentar la tarifa sin corregir las deficiencias operativas no resolvería por sí solo el problema financiero del sector. La reducción de las pérdidas permitiría mejorar los ingresos de las distribuidoras y disminuir la cantidad de recursos que el Estado debe transferir para sostenerlas.

¿Desde cuándo está pendiente el reajuste de la tarifa?

El proceso de actualización de la tarifa eléctrica fue suspendido en 2022, en un contexto marcado por las presiones inflacionarias. Desde entonces, el Gobierno ha mantenido mecanismos de subsidio para evitar que el costo real del servicio se traslade completamente a los consumidores.

Ahora bien, el plan oficial plantea retomar el proceso de ajuste en el corto plazo para avanzar hacia una estructura tarifaria que refleje mejor los costos reales de generación, transmisión y distribución.

Esto no significa que el documento establezca por sí mismo un porcentaje específico de aumento para los hogares, sino que plantea la necesidad de retomar el proceso de reajuste.

¿Cómo podría impactar a las familias?

Un aumento de la tarifa eléctrica tendría un efecto directo sobre los hogares que reciben una factura mensual más elevada.

El impacto dependería del consumo de cada usuario y de cómo se implemente el reajuste. Una familia que consume una cantidad relativamente baja de electricidad no tendría necesariamente el mismo incremento absoluto que un hogar con un consumo mayor.

Además, el efecto sobre el presupuesto familiar podría extenderse más allá de la factura eléctrica. La electricidad es un insumo utilizado por comercios, industrias y empresas de servicios, por lo que un aumento de sus costos puede trasladarse parcialmente a los precios de otros bienes y servicios.

Por eso, el debate sobre la tarifa eléctrica tiene una dimensión tanto fiscal como familiar y empresarial.

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La generación eléctrica enfrenta desafíos

Asimismo, el Gobierno identifica otro problema estructural, la planificación de la generación.

De acuerdo con el documento, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) aumentó de 4,889 megavatios en 2019 a 5,795.9 MW en 2024. Durante ese mismo período, la generación total pasó de 19,266 gigavatios-hora (GWh) a 25,397 GWh.

Sin embargo, el sistema continúa dependiendo en gran medida de combustibles fósiles. El plan plantea fortalecer la expansión de la generación mediante metas vinculantes y mecanismos de seguimiento que permitan orientar las inversiones hacia tecnologías más limpias y reducir la dependencia de los hidrocarburos.

El Gobierno busca reducir la presión sobre las finanzas públicas

El problema de las distribuidoras tiene una consecuencia directa para las cuentas del Estado. Mientras las empresas mantengan elevados déficits, el Gobierno debe destinar recursos del presupuesto para cubrir sus necesidades financieras.

Los RD$505,629 millones transferidos entre 2014 y 2024 muestran el tamaño acumulado de ese esfuerzo fiscal. A esto se suman los RD$78,800 millones devengados en subsidio eléctrico hasta el 14 de agosto de 2026.

La intención oficial es avanzar hacia un modelo en el que una mayor proporción del costo del servicio sea cubierta mediante la tarifa, mientras se reducen las pérdidas y se mejora la eficiencia del sistema.

¿La tarifa eléctrica aumentará de inmediato?

El planteamiento del Gobierno establece que el reajuste es imperativo en el corto plazo, pero la información publicada no establece una fecha específica ni un porcentaje determinado de aumento para los consumidores.

Por tanto, no puede afirmarse todavía cuánto subiría la factura de cada hogar.

Lo que sí está definido en el plan es la dirección de la política: retomar el proceso de reajuste tarifario, reducir las pérdidas de las distribuidoras y disminuir progresivamente la dependencia del subsidio estatal.

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Reforma que toca el bolsillo y las cuentas públicas

La discusión sobre la tarifa eléctrica en República Dominicana coloca frente a frente dos necesidades.

Por un lado, el Gobierno busca reducir el costo fiscal de mantener un sistema deficitario y lograr que las tarifas reflejen los costos reales del servicio.

Por otro, cualquier aumento trasladado a los consumidores puede representar una presión adicional para los hogares y las empresas, especialmente en un contexto en el que la electricidad forma parte de numerosos gastos cotidianos. El reto será determinar cómo distribuir ese costo mientras se reducen las pérdidas y se mejora la eficiencia de las distribuidoras.

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