The World Justice Project® (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) es una organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo.
Para el WJP, el concepto “Estado de Derecho” trasciende fronteras, y se refiere a un sistema de gobernanza en el que se cumplen cuatro principios universales:
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En ese sentido, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza. Además, es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales.
De ese modo y durante más de una década, el WJP ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo
A través de un índice de medición, basado en encuestas a más de 138,000 hogares y 4,200 especialistas alrededor del mundo, realiza una valoración cuantitativa y ofrece un cuadro detallado y comprensible del grado práctico de el Estado de Derecho en los países analizados.
Este índice proporciona datos sobre ocho aspectos de medición:
Estos factores se desagregan a su vez en 47 indicadores, los cuales, proporcionan conjuntamente un detallado panorama sobre el Estado de Derecho y, normalmente, este resultado se publica cada año.
El índice de Estado de Derecho de este 2021, que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones de estas naciones, posicionó a República Dominicana en el lugar 94 de los naciones y jurisdicciones en el mundo. Esto significó que el puntaje general aumentara menos de 1% en el Índice de este año.
De este modo, nuestro país subió tres posiciones en la clasificación global en comparación al índice 2020. Además, el puntaje de República Dominicana lo ubica en la posición 23 entre 32 países en la región de América Latina y el Caribe y en la 30 de 40, entre países de ingreso mediano alto.
En la categoría ausencia de corrupción República Dominicana se ubicó en el puesto 100 de 139 países, en término global; en el 21 de 32 naciones de la región Latinoamericana y en el lugar 32 de 40 por ingreso medio alto.
En el ítem Gobierno abierto, la posición de nuestro país a nivel global es 59 de 139 países, en el puesto 14 de 32 en Latinoamérica y en el lugar 15 de 40 países de mediano y alto ingreso.
Respecto a los derechos fundamentales el país se ubicó en el puesto 67 de los 139 países, en el 14 de 32 naciones de la región y en el puesto 18 entre los 40 países de ingreso medio y alto.
En términos de orden y seguridad el puesto alcanzado es el 117 a escala global, lo que evidencia la situación global que se vive en estos tiempos y en la posición 27 de 32 en nuestra región. En tanto, nuestro país se ubica 38 de las 40 naciones con ingreso mediano y alto.
En justicia civil los indicadores ubican a RD en el puesto 111 de 139 naciones, en el 24 de los 32 países de la región y en el 34 de 40 de mediano y alto ingreso. En justicia penal, el puesto alcanzado fue de 96 de 139 países del mundo, en el 17 de 32 regionales y en el puesto 28 de 40 de ingreso mediano y alto.
Cabe destacar que en el último año, 22 de 30 países redujeron su puntaje en la región. De estas 22 naciones, 13 ya lo habían hecho también en la versión pasada del Índice.
Para este año en la región de América Latina y el Caribe, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el lugar 25), seguido de Costa Rica (31) y Chile (32). En tanto, los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua (131), Haití (132) y Venezuela (139).
En esta edición, más países disminuyeron sus puntajes de los que lo aumentaron en el Índice de Estado de Derecho, por cuarto año consecutivo.
En un año dominado por la pandemia de covid-19, 74.2 % de los 139 países incluidos experimentaron descensos en su puntaje del Estado de Derecho, mientras que solo 25.8 % mejoró. El 74.2 % de los países que experimentaron descensos este año representan el 84.7 % de la población mundial equivalente a más de 6,000 millones de personas.
En el transcurso del año pasado, 82% de los países del Índice experimentó una disminución en al menos una dimensión relacionada con el espacio cívico (participación cívica, libertad de opinión y expresión y libertad de reunión y asociación), y en 94% de los países del Índice aumentaron las demoras en procedimientos administrativos, civiles o penales.
Los países con puntajes más altos este año fueron Dinamarca (primer lugar), Noruega (2) y Finlandia (3). En contraste, República Democrática del Congo (137), Camboya (138) y Venezuela (139) tuvieron los puntajes generales más bajos.
Por su parte, los países con mayores incrementos de puntaje fueron Uzbekistán (4.1%), Moldavia (3.2%), y Mongolia (2.0%). Los países con mayores descensos fueron Bielorrusia (-7.5%) y Myanmar (-6.3%), mientras que Nigeria, Nicaragua, República Kirguisa y Argentina empataron con el tercer declive más grande (-3.7%). (por Rodrigo Muñoz)
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