Regulación de rentas cortas en República Dominicana: Claves del nuevo marco legal y fiscal

El Gobierno de República Dominicana dio un paso relevante hacia la formalización del mercado de rentas cortas al abrir un proceso de consulta pública sobre una propuesta que busca establecer un marco regulatorio para los alquileres vacacionales de corta estadía. Aunque la iniciativa aún no constituye una norma vigente, representa el primer esfuerzo formal para definir reglas específicas en un segmento que ha experimentado un crecimiento acelerado y que ya ocupa un lugar estratégico dentro de la industria turística nacional.

Jhojhanni Fiorini

DIGITAL EDITOR

22.07.2026 05:58

La expansión de plataformas digitales como Airbnb ha transformado la forma en que los viajeros eligen hospedarse, impulsando un modelo que convive con la hotelería tradicional, pero que hasta ahora operaba sin una regulación específica. Con este proyecto, el Ministerio de Turismo (MITUR) pretende fortalecer la seguridad, mejorar la transparencia y ordenar un mercado que mueve miles de propiedades y millones de visitantes cada año.

MITUR busca ordenar el crecimiento de los alquileres vacacionales

El turismo dominicano funciona como un ecosistema donde la reputación del destino depende del desempeño de todos los actores. Un incidente en un apartamento turístico puede afectar la percepción internacional del país tanto como un problema ocurrido en un hotel.

Bajo esa premisa, el Ministerio de Turismo sometió a consulta pública un proyecto que plantea la creación de un Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR), requisito que sería obligatorio para todas las propiedades destinadas al alquiler vacacional antes de ser anunciadas en plataformas digitales o comercializadas de forma directa.

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La propuesta también incluye el registro de propietarios, administradores, anfitriones y empresas vinculadas a esta actividad, quienes tendrían que cumplir con una serie de requisitos documentales para operar dentro del nuevo esquema regulatorio.

Aunque posteriormente el ministerio retiró el documento antes de concluir el proceso de consulta, la iniciativa dejó claro que el Gobierno considera necesaria una actualización del marco normativo frente a la rápida evolución del mercado inmobiliario turístico.

La justificación oficial parte del crecimiento sostenido de las plataformas digitales y de los nuevos modelos de contratación que han cambiado la industria del alojamiento durante los últimos años.

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El auge de las rentas cortas cambia el panorama del turismo dominicano

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno.

Según datos compartidos por la viceministra técnica de Turismo, Jaqueline Mora, República Dominicana cuenta actualmente con aproximadamente 56,000 propiedades destinadas al alojamiento no hotelero, una cantidad superior incluso a la registrada en importantes destinos turísticos del Caribe.

El crecimiento también se observa en la capacidad de alojamiento del país. Al cierre de 2025, República Dominicana disponía de unas 214,000 habitaciones, de las cuales alrededor de 136,000 pertenecían al segmento no hotelero y cerca de 77,000 correspondían a hoteles tradicionales.

La evolución también se refleja en el comportamiento de los visitantes.

Entre 2018 y 2024, la cantidad de turistas hospedados en hoteles pasó de 5.2 millones a 5.8 millones. Sin embargo, quienes optaron por alojamientos no hoteleros aumentaron de 1.2 millones a 2.7 millones, una tendencia que evidencia una diversificación de las preferencias del viajero más que una sustitución del modelo hotelero.

Para las autoridades, este cambio responde a una transformación global en la demanda turística, donde cada vez más viajeros buscan experiencias diferentes, estadías prolongadas o alojamientos adaptados a grupos familiares y viajes de negocios.

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Las obligaciones propuestas y el debate que abre la regulación

Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que ninguna propiedad podría promocionarse sin estar previamente inscrita en RENATUR.

Además, cuando el inmueble forme parte de un condominio, el Ministerio de Turismo verificaría que el reglamento interno autorice expresamente el alquiler de corta estadía. En caso contrario, la propiedad no obtendría el registro correspondiente.

La propuesta también incorpora responsabilidades para las plataformas digitales.

Estas tendrían que exigir el número de registro a las nuevas publicaciones y conceder un plazo de hasta 60 días para que los anuncios existentes regularicen su situación. Finalizado ese período, las plataformas deberían retirar aquellas propiedades que no cumplan con la inscripción oficial.

Sin embargo, el proyecto ha generado diversas reacciones dentro del sector.

La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) considera positiva la intención de formalizar la actividad, aunque sostiene que la regulación debe construirse mediante un diálogo más amplio con todos los actores involucrados.

El gremio argumenta que las rentas cortas no responden únicamente al turismo vacacional, sino también a viajes corporativos, estadías académicas, alojamiento temporal de dominicanos residentes en el exterior y otras modalidades de ocupación que forman parte del mercado inmobiliario.

Por ello, propone ampliar la consulta pública, crear una mesa técnica de trabajo y establecer requisitos diferenciados según el tipo y la escala de cada operador.

La organización insiste en que una regulación excesivamente enfocada en el turismo podría dejar fuera parte de la realidad del sector y generar un marco normativo incompleto.

Airbnb también expresó su posición sobre la propuesta.

La empresa manifestó su disposición a colaborar con las autoridades dominicanas y respaldó la creación de un sistema de registro para los alquileres vacacionales, siempre que la regulación sea proporcional, evite cargas burocráticas innecesarias y reconozca las diferencias entre los anfitriones particulares y la operación hotelera tradicional.

Asimismo, la plataforma señaló que miles de familias y pequeños emprendedores obtienen ingresos mediante este modelo de alojamiento, por lo que cualquier regulación debería proteger tanto la formalización como la competitividad del país como destino turístico.

En definitiva, el debate sobre las rentas cortas en República Dominicana marca un punto de inflexión para la industria. Mientras el Gobierno busca establecer reglas claras que fortalezcan la seguridad y la transparencia del mercado, propietarios, asociaciones y plataformas digitales coinciden en la necesidad de contar con una regulación moderna, aunque reclaman un proceso participativo que contemple la diversidad de un ecosistema que ya representa una parte esencial del turismo y de la economía nacional.

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