Tres juristas: una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia

La composición de los órganos superiores de justicia suele examinarse a través de sus decisiones, sus competencias constitucionales y la trayectoria de quienes ocupan sus asientos. Sin embargo, también revela transformaciones menos visibles: la evolución de las carreras jurídicas, las especialidades que adquieren relevancia en los tribunales y la incorporación de nuevas experiencias profesionales a las instituciones encargadas de interpretar y aplicar la ley.

En República Dominicana, la participación femenina en el Poder Judicial ha dejado de ser un fenómeno excepcional. Las mujeres constituyen una mayoría dentro de su estructura administrativa y tienen una presencia significativa entre quienes ejercen directamente la función jurisdiccional. El desafío institucional ya no se limita a facilitar su ingreso a la carrera judicial, sino que comprende su participación en los espacios donde se establecen criterios jurisprudenciales, se revisan decisiones y se define la orientación de la justicia nacional.

Las cifras permiten dimensionar esa transformación. A marzo de 2025, las mujeres representaban el 64 % de la empleomanía del Poder Judicial dominicano, con 4,654 servidoras de un total de 7,253 personas. Dentro de la estructura jurisdiccional, 459 de los 737 jueces y juezas eran mujeres, equivalentes a aproximadamente el 62.3 % de la magistratura. Los datos fueron publicados por el propio Poder Judicial.

La proporción demuestra que la presencia femenina en la administración de justicia no se concentra exclusivamente en las funciones de apoyo, sino que alcanza directamente el ejercicio de la jurisdicción.

A esa evolución se suma el interés de las nuevas generaciones por incorporarse al sistema. Según datos divulgados por el Poder Judicial, de 45 aspirantes a jueces entre 2021 y 2025, 24 fueron mujeres. La cifra representa más de la mitad de las personas interesadas en ingresar a la judicatura durante ese período.

Sin embargo, la representación numérica no describe por sí sola la distribución de responsabilidades ni la influencia de las mujeres en los tribunales de mayor jerarquía. Es precisamente en ese punto donde adquiere relevancia la más reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia.

El 2 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionó a seis nuevos integrantes para completar la matrícula del máximo tribunal, entre ellos tres mujeres: Antonia Josefina Grullón Blandino, Arelis Socorro Ricourt Gómez e Ylona María de la Rocha Camilo. Las tres fueron juramentadas el 10 de noviembre, junto con los demás magistrados designados y ratificados.

Sus incorporaciones reúnen tres vertientes distintas del ejercicio jurídico. Una procede de décadas de trabajo en la jurisdicción especializada de familia y niñez; otra, de una extensa carrera en los tribunales civiles y comerciales y en la coordinación judicial; y la tercera, del ejercicio privado, la investigación jurídica, la docencia universitaria y el arbitraje.

La convergencia de esas experiencias constituye uno de los elementos más interesantes de la nueva composición de la Suprema Corte.

Antonia Josefina Grullón Blandino: la especialización en derecho de familia llega al máximo tribunal

La trayectoria de Antonia Josefina Grullón Blandino tiene un rasgo que la diferencia dentro de la nueva composición de la Suprema Corte: su extensa vinculación con la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, un ámbito donde las decisiones judiciales tienen consecuencias directas sobre las relaciones familiares, la protección de menores y el reconocimiento de derechos fundamentales.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde se graduó en 1983, Grullón Blandino desarrolló sus primeros años profesionales en el sector privado. Trabajó en el departamento legal de La Universal de Seguros y posteriormente como abogada asociada en la firma Marranzini-Abogados. También ocupó responsabilidades jurídicas en el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), donde ejerció como consultora jurídica y subdirectora.

Su ingreso a la carrera judicial se produjo en 1999. Desde entonces, su ejercicio profesional se ha desarrollado principalmente en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes, primero en tribunales de primera instancia y posteriormente en cortes de apelación.

En 2012 pasó a formar parte de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, posición que ocupaba antes de su selección para la Suprema Corte de Justicia. Su formación incluye especializaciones en estudios judiciales y derecho judicial, además de preparación en derecho constitucional.

Su experiencia también trasciende el ámbito nacional. Desde 2008 figura como jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya, vinculada a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Asimismo, ha participado en espacios de cooperación jurídica iberoamericana y centroamericana, y ha presidido la Asociación de Jueces de Familia Iberoamericanos.

Esta dimensión internacional adquiere particular importancia en una jurisdicción donde los conflictos familiares pueden involucrar a personas que residen en diferentes países, procesos de custodia, restitución internacional de menores y reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras.

Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura en octubre de 2026, Grullón Blandino abordó precisamente la necesidad de fortalecer la cooperación jurídica internacional. También se refirió a cuestiones relacionadas con la filiación socioafectiva, la guarda compartida y la aplicación del principio del interés superior del niño, asuntos que exigen una interpretación judicial capaz de responder a transformaciones en las estructuras familiares.

Su incorporación introduce en la Suprema Corte una experiencia construida alrededor de una especialidad que conecta el derecho civil, constitucional, familiar y de protección de menores. También incorpora conocimientos sobre cooperación internacional que pueden resultar relevantes para la evolución de los criterios jurisprudenciales dominicanos en materia de familia.

Arelis Socorro Ricourt Gómez: casi 35 años de carrera judicial y una nueva responsabilidad en la Suprema Corte

La designación de Arelis Socorro Ricourt Gómez tiene una particularidad dentro de la renovación judicial de 2026: además de incorporarse como jueza de la Suprema Corte de Justicia, fue escogida como segunda sustituta del presidente del alto tribunal, una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro de su estructura.

Su recorrido profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la jurisdicción civil y comercial. Nacida en San Francisco de Macorís en 1959, es licenciada en Derecho por la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también obtuvo una maestría en Derecho de las Obligaciones. Su formación incluye estudios de derecho comparado e internacional de los negocios en la Universidad de Saboya, Francia.

Ingresó al Poder Judicial en noviembre de 1991 y construyó buena parte de su carrera en La Vega. Desde junio de 1998 presidía la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, función que desempeñó durante casi tres décadas. En 2020 asumió también la coordinación del Departamento Judicial de La Vega, responsabilidad relacionada con la organización y el funcionamiento de los tribunales de esa demarcación.

Su experiencia no se restringe al conocimiento de expedientes y recursos judiciales. También ha participado en actividades de formación y administración del sistema. Entre 2014 y 2017 dirigió la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Cibao, mientras que su trayectoria académica y docente se ha vinculado con la formación de profesionales del derecho y el desarrollo de competencias jurídicas.

Uno de los elementos relevantes de su perfil es la combinación de experiencia jurisdiccional y gestión institucional. La coordinación de tribunales implica atender aspectos que inciden directamente en el funcionamiento del servicio judicial: organización de audiencias, distribución del trabajo, eficiencia procesal y acceso de los ciudadanos a las instancias correspondientes.

En su comparecencia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en octubre de 2026, Ricourt Gómez abordó la importancia del lenguaje claro en las decisiones judiciales. Su planteamiento fue que la comprensión de las sentencias constituye un derecho de los ciudadanos y forma parte de la tutela judicial efectiva, particularmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad, como quienes tienen discapacidades visuales o auditivas y los menores de edad.

La nueva responsabilidad de Ricourt Gómez como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte incorpora a la estructura de dirección del tribunal una trayectoria vinculada con la jurisdicción civil y comercial, la coordinación judicial y la formación jurídica.

Su llegada también representa el reconocimiento de una carrera desarrollada durante más de tres décadas dentro del sistema público de justicia, con experiencia acumulada en tribunales de segundo grado y en la gestión de un departamento judicial.

Ylona María de la Rocha Camilo: del ejercicio privado y la academia a la jurisdicción de casación

La incorporación de Ylona María de la Rocha Camilo introduce una trayectoria profesional diferente a la de las otras dos magistradas. Su carrera se desarrolló principalmente fuera de la judicatura, en el ejercicio privado del derecho, la enseñanza universitaria, la investigación jurídica y el arbitraje comercial.

Nacida en Santiago en 1971, se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1993, con honores magna cum laude. Desde ese mismo año ejerce la abogacía a través de la firma De la Rocha y Asociados, con una práctica vinculada principalmente al derecho privado y empresarial.

Su formación académica comprende una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, otra especialización de posgrado en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios y un doctorado en Derecho obtenido en 2022 mediante un programa desarrollado por la PUCMM en colaboración con la Universidad Externado de Colombia.

La docencia constituye otro componente central de su perfil. Desde 2003 ha estado vinculada a la Escuela de Derecho de la PUCMM en Santiago, donde impartió asignaturas relacionadas con el derecho privado. Entre 2012 y 2018 dirigió esa escuela, participando en la gestión académica y la formación de nuevos profesionales.

A esa experiencia se suma su trabajo en arbitraje. Desde 2006 forma parte de la lista de árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, institución en la que también ocupó responsabilidades directivas durante varios años.

La combinación de estas actividades le ha permitido desarrollar una perspectiva jurídica que conecta la práctica de los litigios con la investigación doctrinal y los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Su especialización resulta particularmente pertinente para el ámbito civil y comercial, donde la Suprema Corte interviene en la interpretación de normas que afectan relaciones contractuales, obligaciones, operaciones empresariales y controversias patrimoniales.

Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en octubre de 2026, presentó su trayectoria de 33 años de ejercicio profesional, sus estudios de posgrado y su experiencia docente. También expuso su producción académica, que incluye trabajos sobre responsabilidad bancaria y lavado de dinero, además de textos de reflexión jurídica.

Su selección tiene un significado institucional adicional: representa la incorporación de una profesional procedente del ejercicio privado a un tribunal integrado mayoritariamente por jueces con trayectoria dentro de la carrera judicial.

Esta combinación de procedencias puede enriquecer el análisis de controversias que llegan a la jurisdicción de casación, donde la interpretación de las normas requiere tanto conocimiento de la práctica procesal como comprensión de las transformaciones económicas y sociales que generan nuevos conflictos jurídicos.

La llegada de De la Rocha Camilo también pone de relieve la relación entre universidad y justicia. La producción académica, la enseñanza y la investigación permiten examinar las normas más allá de su aplicación inmediata, identificar vacíos y discutir la coherencia de los criterios jurídicos.

Su incorporación amplía, por tanto, la diversidad de experiencias profesionales presentes en el máximo tribunal dominicano.

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