Raquel Peña: el desafío de convertir su gestión en una candidatura

La carrera presidencial dominicana de 2028 comienza a tomar forma dentro del partido oficialista, y la vicepresidenta Raquel Peña acaba de definir con mayor claridad el lugar que ocupará en esa competencia. Confirmó que aspira a convertirse en precandidata y posteriormente en candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una decisión que transforma su posición institucional en una apuesta política con horizonte propio.

La declaración, realizada durante una entrevista en el programa En una Toma, de CDN, contiene un elemento que merece mayor atención que la confirmación de sus aspiraciones: Peña ha decidido presentar su experiencia dentro del Gobierno como el principal argumento para disputar la sucesión presidencial.

No hay mejor campaña política que la muestra de un gobierno en lo que a ti te corresponde hacer que lo hagas bien hecho", sostuvo al referirse a sus ejecutorias.

La frase resume la arquitectura inicial de su propuesta: utilizar seis años de exposición a la administración pública como evidencia de preparación para asumir la dirección del Estado.

Sin embargo, esa estrategia también establece una exigencia. La vicepresidenta tendrá que demostrar cuáles resultados responden a su intervención directa, qué capacidades desarrolló al frente de las responsabilidades que le fueron asignadas y en qué aspectos su visión de gobierno se diferencia de la del presidente Luis Abinader.

La distinción será determinante. En política, haber formado parte de una administración ofrece experiencia, conocimiento institucional y acceso a los procesos de decisión. Pero no equivale automáticamente a contar con un balance propio de gestión ni a disponer de un programa presidencial diferenciado.

De la administración empresarial al centro de las decisiones públicas

Antes de ocupar la Vicepresidencia, Raquel Peña había construido una trayectoria vinculada al mundo empresarial y académico, principalmente en Santiago de los Caballeros. Una trayectoria ampliamente documentada por la revista Mercado, especialmente en las páginas de Mercado Women.

Es licenciada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también obtuvo una maestría en Administración de Empresas mediante un programa de doble titulación con la Universidad de Quebec en Montreal. Su experiencia profesional incluye responsabilidades administrativas y gerenciales en empresas comerciales y tabacaleras, además de su participación en organizaciones empresariales de la región norte.

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Entre 2015 y 2020 ocupó la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la PUCMM. Esa etapa resulta relevante para entender el perfil con el que llegó a la política nacional: una ejecutiva familiarizada con la planificación institucional, la administración de recursos y el funcionamiento de organizaciones complejas.

Su incorporación a la fórmula presidencial del PRM en 2020 también tuvo una lectura política. Se convirtió en la tercera mujer en ocupar la Vicepresidencia de la República Dominicana, después de Milagros Ortiz Bosch y Margarita Cedeño. En 2024 fue reelegida junto a Abinader, consolidando una permanencia institucional que pocos funcionarios alcanzan durante dos períodos consecutivos.

La transición desde el sector privado y la academia hacia el Ejecutivo le permitió construir una identidad pública menos asociada a la confrontación partidaria y más vinculada a la coordinación administrativa. Esa característica ha sido una constante de su desempeño, aunque también plantea interrogantes sobre su capacidad para desenvolverse en una competencia electoral que exige organización territorial, negociación política y exposición pública sostenida.

La pandemia: su primera gran responsabilidad nacional

El primer examen de alcance nacional llegó en uno de los momentos más complejos para cualquier administración: la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Abinader designó a Raquel Peña como coordinadora del Gabinete de Salud, una instancia creada mediante el Decreto 498-20 para articular las decisiones de las instituciones responsables de la respuesta sanitaria. La vicepresidenta asumió una función que exigía coordinación entre organismos públicos, gestión logística y comunicación con sectores médicos, empresariales y sociales.

Uno de los procesos centrales de aquella etapa fue el Plan Nacional de Vacunación. La Organización Panamericana de la Salud documentó el trabajo conjunto entre el Gabinete de Salud y las autoridades sanitarias para organizar la respuesta nacional, mientras que el propio sistema de salud atribuye a esa estructura un papel relevante en la coordinación logística de la campaña.

El balance operativo fue considerable: se instalaron más de 1,400 centros de vacunación y se dispusieron más de 16.2 millones de dosis para la población. La experiencia dejó a Peña vinculada a una de las operaciones de mayor complejidad administrativa del período.

Su participación en esa etapa constituye probablemente uno de los antecedentes más sólidos de su experiencia ejecutiva. No obstante, la evaluación completa de la respuesta sanitaria también debe considerar las capacidades del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el personal médico, los organismos internacionales y las alianzas que hicieron posible la operación. La coordinación política fue importante, pero no fue una tarea individual.

Educación, inversión y electricidad: el alcance de su gestión institucional

Superada la emergencia sanitaria, el perfil de responsabilidades de Peña se extendió a otras áreas de la administración pública.

En septiembre de 2024, mediante el Decreto 540-24, Abinader la designó presidenta del Gabinete de Educación. La decisión amplió su participación en la articulación de políticas públicas relacionadas con uno de los sectores que más condicionan la productividad y la movilidad social a largo plazo.

Durante ese período, el Gobierno impulsó iniciativas como el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), la actualización de los libros de texto y la política de alfabetización inicial, además de la formulación del Plan Horizonte 2034. Son proyectos relevantes para el sistema educativo, aunque sus resultados deben medirse por su impacto efectivo en la asistencia escolar, los aprendizajes y la reducción de las brechas educativas, no solamente por su implementación administrativa.

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La promoción de inversiones y la coordinación del sector eléctrico también forman parte del ámbito de responsabilidades que la Vicepresidencia identifica en su perfil institucional. Ambas áreas tienen implicaciones económicas directas: la primera, por su relación con la captación de capital y la expansión productiva; la segunda, por el peso que la estabilidad del suministro eléctrico tiene sobre los costos empresariales, la competitividad y las finanzas públicas.

Esta combinación de responsabilidades permite identificar una constante en su trayectoria gubernamental: Peña ha ocupado espacios de articulación entre instituciones, con una presencia transversal en sectores que requieren coordinación del Ejecutivo.

El balance económico que tendrá que defender el oficialismo

La vicepresidenta Raquel Peña también llega a la conversación presidencial con un argumento que trasciende su desempeño individual: los resultados económicos y sociales acumulados durante los dos períodos de Gobierno del PRM.

Entre 2020 y 2025, la República Dominicana atravesó una recuperación económica posterior a la contracción de 2020, acompañada por la expansión del turismo, el crecimiento de las zonas francas y una mayor entrada de inversión extranjera. Según cifras divulgadas por el Gobierno, la inversión extranjera directa alcanzó los US$4,500 millones y las exportaciones superaron los US$12,900 millones en 2024. El PIB per cápita pasó de US$8,603 en 2019 a US$11,541 en 2024.

En el mercado laboral, entre 2021 y 2024 se crearon alrededor de 154,000 empleos formales, mientras que las zonas francas alcanzaron 197,455 puestos de trabajo directos. Son indicadores que permiten dimensionar la expansión productiva de esos años, aunque no constituyen resultados atribuibles exclusivamente a la Vicepresidencia.

El panorama también contiene indicadores que obligan a una evaluación menos complaciente. El crecimiento económico pasó de 5 % en 2024 a 2.1 % en 2025, de acuerdo con el Banco Central. La desaceleración estuvo relacionada con un contexto internacional complejo y con un menor dinamismo de sectores como la construcción.

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En el ámbito social, la pobreza monetaria descendió del 19 % en 2024 al 17.3 % en 2025, según el Ministerio de Hacienda y Economía. La reducción representa un avance importante, pero la sostenibilidad de ese resultado dependerá de la capacidad de generar empleos de mayor productividad, mejorar los ingresos reales y ampliar el acceso a servicios públicos de calidad.

Estos datos dibujan el escenario que Raquel Peña tendría que defender si su candidatura avanza. El balance de una administración no se construye únicamente con los sectores que crecieron o con las cifras de inversión captada, sino también con la capacidad de resolver problemas estructurales que persisten: calidad educativa, costo de la vida, seguridad ciudadana, acceso a servicios, productividad y sostenibilidad fiscal.

Para una aspirante que reivindica las ejecutorias gubernamentales como su principal carta de presentación, esos desafíos serán parte inevitable de la evaluación.

Un perfil político construido desde la discreción

La personalidad política de Raquel Peña ha seguido un patrón distinto al de las figuras que construyen su reconocimiento mediante declaraciones frecuentes, confrontaciones públicas o una presencia partidaria de alta intensidad.

Su estilo ha sido predominantemente institucional. Ha mantenido una comunicación relativamente reservada, con énfasis en las responsabilidades asignadas por el presidente y una exposición pública más asociada a actividades de Gobierno que a la discusión partidaria.

Esa forma de desenvolverse le ha permitido proyectar una imagen de prudencia, disciplina y capacidad de interlocución. También ha reducido su exposición a algunas de las controversias que suelen acompañar a los principales funcionarios del Ejecutivo.

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Pero la discreción tiene límites como estrategia electoral. Una campaña presidencial requiere explicar posiciones, asumir diferencias, responder a cuestionamientos y establecer prioridades que permitan distinguir una propuesta de otra. El perfil técnico-administrativo que le ha resultado funcional en la Vicepresidencia deberá convivir con una dinámica política mucho más exigente.

En la entrevista reciente, Raquel Peña dejó entrever que no pretende reproducir necesariamente los métodos de otros aspirantes del oficialismo. Afirmó que trabaja en la organización de una estructura nacional, con dirigentes y mandos medios que respaldan su proyecto, aunque dijo que lo hace de una manera distinta y con prudencia frente a las disposiciones electorales.

También señaló que tiene criterios propios sobre cómo abordar los problemas del país y que su experiencia junto a Abinader le ha permitido desarrollar una visión particular de la administración pública.

Esa afirmación abre una de las principales interrogantes de su aspiración: ¿cómo construir una identidad política propia sin distanciarse de una gestión de la que ha formado parte durante seis años?

El desafío de competir por la sucesión dentro del PRM

La candidatura de Raquel Peña tendrá primero que superar una prueba interna. El PRM no solo deberá definir quién tiene mejores condiciones para representar al partido en 2028; también tendrá que administrar la competencia entre figuras que forman parte de una misma administración y que pueden reivindicar distintos grados de participación en sus resultados.

Para la vicepresidenta, el conocimiento del Estado y la continuidad institucional pueden representar ventajas. Ha participado en dos períodos de Gobierno, conoce los mecanismos de coordinación del Ejecutivo y ha tenido contacto con sectores empresariales, académicos y sociales desde diferentes responsabilidades.

Sin embargo, la experiencia gubernamental no sustituye la construcción de una organización partidaria. La capacidad de sumar dirigentes en distintas provincias, articular equipos territoriales, negociar respaldos y mantener cohesión interna será tan importante como el balance administrativo que presente.

Además, el calendario electoral introduce una variable adicional. La promoción de aspiraciones presidenciales debe desenvolverse dentro de las disposiciones de la legislación electoral y de los procedimientos internos del partido. Peña ha utilizado precisamente ese argumento para justificar la prudencia con la que asegura estar organizando su proyecto.

Su candidatura también tendrá que resolver una cuestión de fondo: si su propuesta representa una continuidad de la administración actual con ajustes propios o si plantea una revisión más profunda de las prioridades del Estado.

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