Petróleo venezolano: qué controla EE. UU. en la transición

Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinan qué compañías y operaciones pueden participar legalmente en actividades petroleras y gasíferas específicas. Parte del dinero procedente de ciertas ventas permanece, además, en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y que Estados Unidos controla el proceso de desembolso de esos recursos.

La propiedad, sin embargo, no cambió: el petróleo y esos ingresos siguen siendo venezolanos, pero el Gobierno de Venezuela no puede disponer por sí solo de una parte de ellos. Esa separación entre propiedad y capacidad de decisión es una de las características centrales del esquema que ahora acompaña la recuperación petrolera.

Que las instituciones venezolanas hayan perdido la capacidad de ofrecer controles confiables puede explicar una supervisión excepcional; no resuelve de dónde proviene la legitimidad de quien asume esas funciones ni hasta dónde puede ejercerlas. Si los recursos que siguen perteneciendo a Venezuela quedan sujetos a decisiones de otro Estado, el estándar no debería limitarse a evitar que el dinero sea desviado: tendría que permitir conocer quién decide, con qué mandato, bajo qué criterios y, sobre todo, cuándo termina esa autoridad extraordinaria.

Esa exigencia resulta aún mayor porque Estados Unidos no administra esos recursos desde una posición neutral. La propia orden que protege los fondos establece que el mecanismo también responde a sus objetivos de política exterior y de seguridad nacional. Los intereses estadounidenses y venezolanos pueden coincidir en determinadas decisiones; el diseño del sistema no garantiza que siempre lo hagan.

Delcy Rodríguez y Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, durante una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 11 de febrero de 2026. El encuentro abordó la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, incluida la expansión de inversiones y de la producción de petróleo y gas venezolanos.
Crédito: Foto: Presidencia de Venezuela / Handout vía Xinhua.

El propio Gobierno estadounidense ha explicado qué intereses económicos acompañan esa política. Durante su visita a Caracas el 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó, junto a Delcy Rodríguez, que Estados Unidos trabajaba en nuevas licencias para que empresas ya presentes y otras que quisieran entrar en Venezuela pudieran invertir capital, aumentar la producción petrolera, crear empleos y elevar los ingresos por exportaciones. También planteó aumentar la producción venezolana de petróleo, gas natural y electricidad mediante la cooperación entre ambos países.

Estados Unidos, por tanto, supervisa parte de la renta petrolera al tiempo que impulsa más inversión, más empresas y una mayor producción en el sector que la genera. No existe necesariamente una contradicción entre ambos objetivos, pero sí una concentración de funciones que hace más relevante saber cómo se toman las decisiones y quién puede examinarlas.

Video: Chris Wright explica en Caracas la agenda de licencias, inversión y aumento de la producción energética entre Estados Unidos y Venezuela, el 11 de febrero de 2026.

La primera prueba de ese sistema puede medirse en algo mucho más concreto: el seguimiento del dinero. Cuánto petróleo se vende, cuánto ingresa realmente, dónde queda depositado y qué puede conocer el público sobre el destino posterior de esos recursos.

¿Hasta dónde puede seguirse el dinero del petróleo venezolano?

Más de US$13,000 millones en ingresos procedentes del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense a finales de julio, según cálculos del Financial Times. La magnitud puede estimarse. Lo que no existe, con el mismo nivel de precisión, es una cuenta pública que permita reconstruir cuánto de ese dinero fue desembolsado, para qué se autorizó y cuánto permanecía aún bajo control estadounidense.

Terminal petrolera de PDVSA en Venezuela. Las exportaciones de petróleo venezolano vuelven a generar miles de millones de dólares mientras Estados Unidos condiciona determinadas operaciones y supervisa parte de los ingresos derivados de esas ventas.
Crédito: Foto: PDVSA vía Reuters / Baird Maritime

Esa ausencia obligó incluso a analistas externos a reconstruir una parte del flujo a partir de datos de buques, de volúmenes exportados y de precios del crudo.

Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo, casi 100 millones de barriles, valorados en unos US$8,000 millones, circularon sin que hubiera un registro público completo de las ventas, los ingresos y el uso posterior de los fondos.

La información disponible tampoco permite reconciliar fácilmente las distintas etapas. Vigil recoge que, en abril, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de US$3,000 millones para Venezuela, pero no pudo precisar cuánto dinero permanecía en las cuentas del Tesoro.

Eso introduce una diferencia importante entre el control y la rendición de cuentas. Un sistema puede exigir presupuestos, autorizar desembolsos y auditar posteriormente el gasto sin ofrecer al público información suficiente para reconstruir cada una de esas decisiones.

En el caso venezolano, la distancia resulta especialmente incómoda: quien supervisa el dinero puede tener más información sobre su recorrido que los ciudadanos a quienes ese dinero pertenece. Si la supervisión externa pretende corregir los problemas de opacidad y discrecionalidad que acompañaron durante años el manejo de los recursos públicos venezolanos, reproducir una brecha de información bajo una autoridad distinta deja sin resolver una parte esencial del problema.

Y la opacidad no termina en el destino del dinero. También importa cómo se decide quién obtiene acceso, influencia y participación dentro del sistema que ahora lo administra.

¿Quién decide quién entra en el nuevo sistema?

La falta de información pública también afecta a quienes participan en el circuito. Roxanna Vigil señala que el Gobierno estadounidense no ha publicado los acuerdos suscritos con el Gobierno venezolano, operadores, compradores, bancos y otras entidades involucradas. Marco Rubio y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se comprometieron ante el Congreso a entregar parte de esa documentación, pero no existe una versión pública que permita examinar todas las condiciones pactadas.

Esa falta de visibilidad cobra otro peso cuando se observa quién ha tenido capacidad de intermediación. Mauricio Claver-Carone, que entonces no ocupaba un cargo formal en el Gobierno estadounidense, reconoció que él y otros funcionarios utilizaron al empresario Alejandro Betancourt como intermediario con el gobierno de Delcy Rodríguez. Explicó que Betancourt conocía el negocio petrolero de ambos países y podía conectar a las partes.

El historial del empresario vuelve esa elección difícil de tratar como un mero detalle. En junio, la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una investigación contra Betancourt y otros empresarios por presunto blanqueo de capitales vinculado a una operación por US$4,850 millones entre PDVSA y la Administradora Atlantic. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que aún deben esclarecerse operaciones relacionadas con movimientos de fondos hacia Europa y con presuntos pagos a funcionarios venezolanos. Betancourt no ha sido condenado por esos hechos y ha negado las acusaciones de corrupción y lavado de dinero.

Video: El periodista de investigación César Batiz, director de El Pitazo, repasa las investigaciones y operaciones empresariales vinculadas a Alejandro Betancourt, incluidos sus negocios con Derwick y las pesquisas abiertas fuera de Venezuela.

La existencia de investigaciones no prueba que recurrir a Betancourt como intermediario haya sido irregular. Sí obliga a preguntar qué filtros, incompatibilidades y controles se aplicaron antes de darle acceso a una negociación que afecta al sector económico principal de Venezuela. Si la transición pretende sustituir relaciones opacas entre el poder público y los negocios por instituciones más confiables, el proceso utilizado para escoger a quienes intermedian entre ambos importa tanto como el resultado de sus gestiones.

El problema de procedimiento no se limita a una sola persona. Venezuela eligió a Centerview Partners para asesorar la reestructuración de más de US$150,000 millones en deuda sin un proceso competitivo formal, según Reuters. Grandes firmas especializadas no fueron invitadas formalmente a competir. Claver-Carone reconoció que dio una opinión favorable sobre Centerview cuando funcionarios venezolanos y estadounidenses le preguntaron por la firma, aunque sostuvo que no la recomendó formalmente. Centerview afirmó que no participó en su propuesta ni mantiene una relación financiera con la compañía.

Ninguno de estos hechos demuestra por sí solo corrupción en el nuevo esquema. Lo que dejan sin resolver es cómo se asigna el acceso a decisiones de enorme valor económico cuando parte de los criterios, relaciones y acuerdos que conducen a ellas no puede reconstruirse públicamente. Un sistema puede aumentar la vigilancia sobre el dinero y conservar, al mismo tiempo, espacios donde el acceso al poder económico continúa dependiendo de procedimientos que el público apenas puede examinar.

Una transición puede aumentar la vigilancia sobre el dinero y conservar, al mismo tiempo, zonas de discrecionalidad alrededor de quienes consiguen influencia sobre él. Si el nuevo sistema pretende corregir una estructura marcada durante años por relaciones opacas entre el poder político y los negocios, cambiar a los actores que ejercen el control será insuficiente si no se cambian también las reglas que permiten saber por qué unos entran y otros quedan fuera.

El capital extranjero ya toma posiciones. ¿Y las instituciones que deberán ponerle límites?

El 12 de agosto de 2026, el primer ciclo de conversaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición concluyó con un acuerdo para renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia y reiniciar el proceso de selección de sus magistrados. Un día después, BP, XRG y UCC obtuvieron derechos para desarrollar la segunda fase del campo de gas Loran, con acceso a hasta 4 billones de pies cúbicos de gas. Shell había obtenido en junio la primera fase del proyecto.

Venezuela todavía está definiendo la composición de uno de sus principales tribunales mientras compañías extranjeras empiezan a asumir compromisos sobre recursos y proyectos que pueden extenderse durante décadas. Las instituciones que resulten de la transición no solo deberán ofrecer seguridad jurídica a esas inversiones: también tendrán que fiscalizar al poder público, resolver disputas y establecer hasta dónde pueden llegar los intereses privados cuando entran en juego recursos estratégicos.

La negociación que intenta reconstruir esos contrapesos tampoco incorpora a todas las fuerzas políticas relevantes. La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, reconocida por Estados Unidos como la última legislatura venezolana elegida democráticamente. María Corina Machado quedó fuera de las conversaciones porque no forma parte de esa Asamblea.

La pertenencia a la Asamblea de 2015 explica quién pudo sentarse en la mesa; no resuelve si quienes quedaron fuera reconocerán con la misma legitimidad las instituciones que surjan de ella. Y esa legitimidad tendrá consecuencias más allá de las próximas elecciones. Los tribunales y organismos reconstruidos heredarán contratos, inversiones y relaciones empresariales que ya comenzaban a gestarse antes de que terminara su propia reconstrucción.

Cada inversión que avanza bajo el sistema actual crea compromisos económicos que una institución futura tendrá que respetar, revisar o, eventualmente, cuestionar. Cuantos más contratos e intereses se consoliden antes de que Venezuela recupere contrapesos institucionales confiables, mayor será el costo de modificar después el marco que permitió crearlos.

El riesgo no es que lo provisional se vuelva permanente por decreto. Es más difícil de detectar: que los hechos económicos avancen lo suficiente como para que revertir el sistema que los hizo posibles termine siendo más costoso que conservarlo.

La transición en Venezuela ya condiciona inversiones en la región

Trinidad y Tobago tiene infraestructura que necesita más gas, Venezuela posee el recurso y Shell está dispuesta a desarrollarlo. Aun reuniendo esas tres condiciones, el proyecto Dragon no depende únicamente de un acuerdo entre productores, compradores e inversionistas.

La escasez de suministro llevó a Atlantic LNG a exportar alrededor de 9 millones de toneladas en 2025 frente a una capacidad anual de 12 millones. A pocos kilómetros de la infraestructura trinitense, el campo Dragon contiene alrededor de 4.5 billones de pies cúbicos de gas venezolano que Shell pretende transportar a Trinidad para su procesamiento y exportación.

Dragon ha avanzado y se ha detenido conforme ha cambiado la política estadounidense hacia Venezuela. En febrero, Shell confirmó que las nuevas licencias estadounidenses permitían volver a avanzar con el proyecto.

Para Trinidad, esas decisiones se traducen en producción, exportaciones y capital. Una planta que recibe menos gas del que puede procesar distribuye sus costos sobre un volumen menor. Una empresa que proyecta recuperar una inversión durante décadas también debe considerar la posibilidad de que dicha autorización cambie antes de recuperar el capital. La política estadounidense entra así en el cálculo financiero de un proyecto cuyo recurso se encuentra en Venezuela y cuya infraestructura de destino está en Trinidad y Tobago.

El antecedente comercial amplía esa exposición. En marzo de 2025, una orden ejecutiva permitió imponer un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de países que compraran petróleo venezolano, incluso de manera indirecta. La medida dejó de estar vigente en febrero de 2026, por lo que ya no constituye una amenaza arancelaria. Pero dejó un precedente difícil de ignorar: Estados Unidos ya convirtió la relación de terceros países con los recursos venezolanos en un criterio capaz de afectar las condiciones de acceso de esos países al mercado estadounidense.

Para América Latina y el Caribe, el punto crítico se da cuando una decisión de política exterior estadounidense deja de ser una contingencia y empieza a incorporarse como una condición normal de la inversión. Si un proyecto tiene el recurso, el comprador, la infraestructura y el capital, pero aun así no puede avanzar sin una autorización externa, ese riesgo político ya no está en los márgenes del negocio: forma parte de su economía.

La región no estaría invirtiendo únicamente en recursos venezolanos. Estaría aprendiendo a invertir en torno a la continuidad de una política que no controla. Cuantos más contratos, financiamiento e infraestructura se construyan bajo esa premisa, más difícil será seguir considerando excepcional una condición que ya forma parte de las decisiones económicas de largo plazo.

Lo temporal puede adquirir permanencia no porque una ley lo declare permanente, sino porque suficientes decisiones económicas empiezan a depender de que continúe.

Fuentes consultadas: Casa Blanca, OFAC, Departamento de Energía de EE. UU., Reuters, AP, Financial Times, CFR, El País y El Pitazo.

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