Índice WJP 2025: así está el Estado de Derecho en Latinoamérica

Mientras Uruguay consolida su liderazgo regional, México registra una de las caídas más pronunciadas. La tendencia global muestra una debilitación del sistema democrático, marcada por el avance del autoritarismo, la corrupción y la erosión de los derechos fundamentales.

Uruguay lidera, México retrocede: el contraste latinoamericano

El WJP evalúa el Estado de Derecho en 143 países mediante ocho dimensiones clave: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

La puntuación promedio de Latinoamérica es 0.51, un nivel superior al de África Subsahariana (0.45) y el sur de Asia (0.43), aunque por debajo de la Unión Europea y Estados Unidos (0.73).

Uruguay lidera con una calificación de 0.72, casi igual a la media europea. Le siguen Costa Rica (0.68) y Chile (0.66). En el extremo opuesto, Venezuela (0.26), Haití (0.32) y Nicaragua (0.33) cierran el listado. Estos resultados reflejan el impacto de regímenes autoritarios y crisis institucionales.

México obtiene 0.40 puntos, tras un retroceso del -2.8% en el último año. Es el mayor descenso en la región. El país se ubica al nivel de Bolivia (0.37) y apenas por encima de Honduras (0.41) y El Salvador (0.42).

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Tendencias 2025: autoritarismo y debilitamiento institucional

El informe del World Justice Project advierte que el avance del autoritarismo y la reducción del espacio cívico afectan gravemente la estabilidad democrática global.

El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, señaló que “el deterioro constante del Estado de Derecho se había ralentizado, pero en 2025 vemos un cambio sustancial: hay más países en declive y menos en mejora”.

A nivel mundial, los mayores retrocesos corresponden a Rusia (-4,9%), Sudán (-4,4%), Mozambique (-3,9%), Togo (-2,9%), México (-2,8%) y Estados Unidos (-2,8%).

En contraste, República Dominicana logró la mayor mejora global (2,1%), seguida de Senegal (1,6%), Sierra Leona (1,4%), Bangladesh (1,4%) y Gabón (1,3%). El avance dominicano destaca como una de las pocas noticias positivas para Latinoamérica y el Caribe, gracias al fortalecimiento institucional y una mayor transparencia gubernamental.

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Desafíos regionales: justicia, transparencia y confianza ciudadana

El diagnóstico general es claro: Latinoamérica necesita reconstruir la confianza en sus instituciones. La falta de independencia judicial, la corrupción estructural y el debilitamiento de la justicia continúan siendo los principales obstáculos para consolidar un auténtico Estado de Derecho.

El informe WJP 2025 subraya que la pérdida de libertades civiles y el control excesivo del poder político agravan el deterioro democrático, especialmente en contextos de alta polarización.

Uruguay demuestra que la solidez institucional y el respeto por los pesos y contrapesos pueden sostener la estabilidad incluso en tiempos de crisis. Por su parte, República Dominicana prueba que la mejora es posible con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

De cara a 2026, los expertos coinciden en tres prioridades para los gobiernos de la región:

Fortalecer la independencia judicial.
Combatir la corrupción estructural.
Garantizar los derechos fundamentales y la libertad de prensa.

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El desafío democrático de Latinoamérica

El Índice WJP 2025 revela una región en tensión. Uruguay y República Dominicana representan la esperanza institucional, mientras que México, Venezuela y Nicaragua concentran los mayores riesgos de retroceso democrático.

El reto para Latinoamérica no es solo mantener la estabilidad, sino reconstruir el contrato social entre el Estado y la ciudadanía.
El informe advierte: “sin un compromiso real de los gobiernos para proteger los derechos fundamentales y limitar el poder, el deterioro del Estado de Derecho podría transformarse en una crisis estructural”.

En un contexto global cada vez más incierto, Latinoamérica tiene la oportunidad de redefinir su futuro democrático. La clave estará en priorizar la justicia, la transparencia y la confianza ciudadana como pilares del progreso sostenible.

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