¿En qué consiste la Ley de Residuos Sólidos? Claves, multas y todo sobre la regulación de basura en RD
La Ley 36-26 ya está en vigor tras su promulgación por el presidente Abinader. En ella se modifican las contribuciones que pagan las empresas por residuos sólidos y ha generado críticas del sector empresarial.
Foto: Las regulaciones impositivas aplicadas a la producción de desechos sólidos buscan incentivar a los sectores corporativos a adoptar procesos de economía circular más sostenibles.
En República Dominicana, entró en vigor de forma inmediata, y luego de la promulgación de la Ley 36-26 por el presidente Luis Abinader, la cual modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La misma cambia los esquemas de contribuciones que deben realizar las empresas para financiar la gestión de residuos sólidos, al incrementar los montos para diversos segmentos empresariales al establecer una nueva escala basada en los ingresos brutos anuales.
La promulgación fue confirmada mediante una comunicación enviada el 9 de julio al Senado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien informó que la legislación quedó oficialmente identificada como Ley 36-26.
Ahora bien, la reforma ha provocado cuestionamientos de organizaciones empresariales, que consideran que la iniciativa fue aprobada con escaso debate y podría afectar la competitividad de distintos sectores económicos.
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¿Qué cambia con la Ley 36-26?
La principal modificación consiste en una nueva escala de contribuciones obligatorias que deberán pagar las empresas según sus ingresos brutos anuales.
Uno de los cambios más relevantes amplía el primer tramo de contribución. Con la nueva ley las empresas con ingresos de RD$0 a RD$5 millones deberán pagar RD$5,000 al año. Antes, únicamente las empresas con ingresos de hasta RD$1 millón pagaban RD$3,000.
Además, de esta manera, la normativa aumenta el monto mínimo y amplía el universo de empresas obligadas a realizar esta contribución.
Así queda la nueva escala de pagos
De igual forma, la Ley 36-26 establece distintos niveles de aportes según el tamaño de la empresa.
Entre los principales cambios se encuentran:
| Ingresos brutos anuales | Nueva contribución |
| RD$0 a RD$5 millones | RD$5,000 |
| RD$5 a RD$10 millones | RD$6,000 |
| RD$10 a RD$25 millones | RD$25,000 |
| RD$25 a RD$50 millones | RD$90,000 |
| RD$50 a RD$80 millones | RD$120,000 |
Para las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones, desaparece la tarifa fija de RD$675,000 y se implementa un esquema progresivo cuyos aportes oscilan entre RD$400,000 y RD$2.2 millones, dependiendo del nivel de facturación.
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¿Por qué la reforma genera controversia?
La modificación fue objeto de fuertes críticas incluso antes de su promulgación.
Asimismo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró que el aumento de las contribuciones representa una carga adicional para las empresas y, de manera indirecta, para los consumidores.
Su presidente, Celso Juan Marranzini, cuestionó el destino que tendrán los recursos recaudados, la justificación técnica de los nuevos montos, la transparencia en la administración de los fondos y la ausencia de consultas con el sector privado y con el fideicomiso DO Sostenible.
Por su parte, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) sostuvo que reformas de este tipo deben discutirse mediante procesos más amplios y sustentados en evidencia técnica.
Mientras que la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) pidió revisar la legislación y abrir un diálogo con los sectores productivos.
Una aprobación acelerada en el Congreso
También, la iniciativa recibió cuestionamientos por la rapidez con que fue conocida por el Poder Legislativo. El proyecto, presentado por el senador Antonio Marte, fue aprobado mediante un procedimiento de urgencia.
Según las críticas de distintos sectores, la reforma completó su trámite legislativo en apenas cinco días, fue aprobada en dos sesiones consecutivas, no agotó un proceso amplio de estudio en las comisiones legislativas y careció de consultas técnicas con los principales sectores afectados.
A pesar de estos cuestionamientos, el Poder Ejecutivo promulgó la ley, por lo que ya se encuentra vigente.
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¿Qué busca la Ley de Residuos Sólidos?
La legislación tiene como objetivo fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos mediante contribuciones empresariales destinadas a respaldar programas relacionados con:
- Recolección y tratamiento de residuos
- Reciclaje y valorización de materiales
- Protección ambiental
- Fortalecimiento de la economía circular
- Gestión sostenible de los desechos
No obstante, representantes del sector empresarial consideran que la reforma debe acompañarse de mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
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