¿Quién pagará la nueva Ley de Residuos? Así podría afectar tu bolsillo

¿Afectará tu bolsillo? Lo que debes saber sobre la nueva Ley de Residuos y sus costos ocultos

La reforma reavivó el debate sobre quién asumirá los nuevos costos. El impacto podría llegar hasta consumidores y pequeñas empresas.

Fotografía en primer plano que muestra el brazo de una persona con un reloj digital negro introduciendo una botella de plástico vacía y transparente en la ranura de un contenedor de reciclaje de color azul brillante ubicado en un parque junto a otros contenedores verde y naranja.

Foto: Las nuevas directrices sobre el manejo integral de desechos sólidos imponen obligaciones operativas e impositivas que reconfiguran las estructuras de costos en las cadenas de suministro comercial.

Andrea Mercedes

DIGITAL EDITOR

30.06.2026 17:07

La reforma a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha desatado un debate en República Dominicana. Aunque el objetivo es fortalecer el financiamiento para la gestión de los desechos y avanzar hacia un modelo más sostenible, diversos sectores económicos y expertos advierten que los cambios podrían tener efectos directos sobre el costo de hacer negocios y, en consecuencia, sobre el bolsillo de los consumidores.

El principal punto de discusión gira en torno a la contribución especial que deben pagar las empresas para financiar el sistema nacional de gestión de residuos. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca garantizar recursos para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del país, representantes del sector privado cuestionan la forma en que se calculan los aportes y alertan sobre posibles distorsiones económicas.

La controversia cobra mayor relevancia porque, a pesar de que el pago recae sobre las personas jurídicas, especialistas en economía y derecho tributario advierten que parte de ese costo podría trasladarse al precio final de bienes y servicios, afectando indirectamente a los consumidores.

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¿Qué cambia con la nueva Ley de Residuos?

La legislación modifica el esquema de contribuciones obligatorias que realizan las empresas según sus ingresos para financiar el sistema de gestión de residuos sólidos.

La versión aprobada inicialmente incrementaba de forma significativa los montos que debían pagar las empresas, lo que provocó críticas de asociaciones empresariales y comerciales. Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones para reducir algunas de esas tarifas antes de devolver el proyecto al Senado.

Los aspectos más relevantes de la reforma son:

Nuevas escalas de contribución para las empresas
Ajustes en los montos según el nivel de ingresos
Mayor financiamiento para el fideicomiso DO Sostenible
Cambios en el mecanismo de recaudación y distribución de los recursos

¿Quién pagará realmente la contribución?

Aunque legalmente la obligación corresponde a las empresas, en la práctica, parte de ese costo podría incorporarse al precio de los productos y servicios.

Esto ocurre porque muchas compañías trasladan el aumento de sus costos operativos a los consumidores para mantener sus márgenes de rentabilidad, especialmente en sectores como:

Comercio
Manufactura
Importación
Servicios
Distribución de alimentos

Sin embargo, el impacto no será uniforme. Las grandes empresas cuentan con mayor capacidad para absorber parte del incremento, mientras que las pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar mayores dificultades financieras.

Las críticas: ¿se paga por contaminar o por facturar?

Ahora bien, uno de los principales cuestionamientos proviene de especialistas en derecho ambiental y tributario, quienes consideran que la contribución no está vinculada directamente con la cantidad de residuos que genera cada empresa.

En lugar de calcular el pago según el impacto ambiental, la ley utiliza como referencia los ingresos anuales de las personas jurídicas. Esto significa que dos empresas con niveles muy distintos de generación de residuos podrían pagar montos similares si facturan cantidades parecidas.

Este mecanismo se aleja del principio internacional de «quien contamina paga», ampliamente utilizado en políticas ambientales para incentivar la reducción de desechos y promover prácticas sostenibles.

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Gobierno y Congreso buscan ajustar la normativa

De igual forma, la controversia llevó al Gobierno y al Congreso Nacional a revisar algunos aspectos de la legislación.

Es más, en abril de este año, las autoridades decidieron suspender temporalmente la aplicación de los nuevos cobros mientras se trabajaba en una propuesta de modificación que corrigiera las principales preocupaciones planteadas por empresarios y legisladores.

Más recientemente, la Cámara de Diputados aprobó una nueva versión de la reforma con reducciones en las contribuciones originalmente planteadas, aunque la iniciativa aún debe completar su trámite legislativo.

¿Qué significa esto para consumidores y empresas?

Si bien el objetivo de la ley es mejorar la gestión de los residuos sólidos y garantizar recursos para proteger el medio ambiente, el debate se centra en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad económica.

Asimismo, para las empresas, el principal desafío será adaptarse al nuevo esquema de contribuciones sin afectar su capacidad de inversión y generación de empleo. Para los consumidores, la principal preocupación radica en si esos mayores costos terminarán reflejándose en los precios de bienes y servicios.

El resultado dependerá de la versión definitiva que apruebe el Congreso y de la forma en que se implementen los nuevos mecanismos de financiamiento. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran indispensable fortalecer el sistema nacional de residuos y quienes reclaman una fórmula más equitativa, transparente y vinculada al verdadero impacto ambiental de cada empresa.

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