¿Cómo le afecta la nueva Ley 30-26 a su bolsillo? Lo que cambia para ciudadanos y empresas en RD
La nueva legislación promulgada por Luis Abinader introduce cambios tributarios, incentivos productivos y medidas fiscales que afectarán a contribuyentes, empresas y sectores económicos clave.
Foto: Los asesores financieros y tributarios analizan la reconfiguración de las cargas impositivas directas que incidirán sobre los niveles de ahorro y la capacidad de gasto de las familias.
El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, una normativa que busca fortalecer la estabilidad fiscal, impulsar la actividad productiva y preparar al país ante los efectos de un entorno global marcado por la incertidumbre económica.
La legislación fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar recursos que permitan mantener programas sociales, inversiones estratégicas y políticas de desarrollo.
De acuerdo con el texto legal, la ley procura promover el crecimiento económico sostenible, mejorar el cumplimiento tributario y fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos bajo criterios de equidad, progresividad y capacidad de pago.
Esta iniciativa surge en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados energéticos, riesgos inflacionarios y desafíos para el comercio global.
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¿Qué busca la Ley 30-26?
La nueva normativa tiene tres objetivos principales:
- Fortalecer la estabilidad económica y fiscal del país
- Incrementar la capacidad de respuesta del Estado ante crisis internacionales
- Estimular la inversión y la actividad productiva mediante incentivos específicos
Por lo que el Gobierno sostiene que estas medidas permitirán mantener la confianza de inversionistas, organismos internacionales y agentes económicos, al tiempo que contribuyen a preservar la generación de empleos y el crecimiento de la economía dominicana.
Cambios que afectarán directamente a los ciudadanos
De igual forma, entre las disposiciones con mayor impacto para las personas físicas destacan las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que entrarán en vigor a partir de 2027.
La ley mantiene exentos los ingresos anuales de hasta RD$480,000 y conserva la estructura progresiva para los niveles intermedios de renta. Sin embargo, introduce un nuevo tramo impositivo de 27% para quienes perciban ingresos superiores a RD$4.8 millones al año, equivalentes a unos RD$400,000 mensuales.
Se implementará una amnistía fiscal temporal para contribuyentes con obligaciones pendientes, permitiéndoles regularizar deudas mediante reducciones de intereses, recargos y sanciones.
Otra de las medidas más relevantes es el incremento de la tasa de salida aérea, que pasará de US$20 a US$30 por pasajero, un aumento de 50% que será aplicado a quienes abandonen el territorio nacional por vía aérea.
Mayor carga tributaria para algunas empresas
También, la Ley 30-26 incorpora cambios importantes para el sector empresarial.
A partir del ejercicio fiscal 2026, las personas jurídicas estarán sujetas a una tasa general de ISR de 27% sobre la renta neta gravable. No obstante, las empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales deberán pagar una tasa temporal de 30% durante los años fiscales 2026, 2027 y 2028.
Es más, la legislación incrementa el impuesto aplicado a cheques y transferencias electrónicas, elevándolo de 1.5 por mil a 2 por mil.
Pero los pagos realizados al exterior por conceptos como las licencias de software, la publicidad digital, los servicios tecnológicos y el almacenamiento de datos. Estarán sujetos a una retención de 15%, como parte de la actualización del tratamiento fiscal de la economía digital.
Incentivos para la inversión y sectores estratégicos
Ahora bien, la normativa incorpora varios mecanismos orientados a impulsar la inversión privada y la competitividad.
Entre ellos están:
- Depreciación acelerada para maquinaria y equipos industriales nuevos
- Reducción del impuesto a las ganancias de capital inmobiliarias de 25% a 10%
- Ampliación del Régimen Simplificado de Tributación (RST)
- Reembolso de determinados impuestos a empresas exportadoras
- Devolución del Impuesto Selectivo al Consumo para fabricantes de medicamentos que utilicen alcohol etílico como materia prima
Las autoridades consideran que estas medidas contribuirán a dinamizar sectores clave como la manufactura, la construcción, las exportaciones y el mercado inmobiliario.
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Beneficios para microempresas, agro y educación
Por otra parte, el decreto contempla disposiciones de alivio para sectores considerados prioritarios.
Las microempresas quedarán exentas del pago de anticipos del ISR, mientras que las pequeñas empresas podrán realizar pagos fraccionados en cuotas. Los productores agropecuarios estarán exentos tanto del pago de anticipos como del Impuesto a los Activos.
Además, en materia educativa, la legislación amplía las deducciones por gastos de educación y establece beneficios adicionales cuando dichos gastos se destinen a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
A la vez, eleva las exenciones aplicables al impuesto sucesoral, estableciendo montos de hasta RD$1 millón para sucesiones generales y hasta RD$2 millones para herederos directos.
Respuesta a la incertidumbre internacional
El Gobierno defiende la Ley 30-26 como una herramienta preventiva frente a los riesgos derivados de la situación económica global.
Aunque en las últimas semanas se han registrado avances diplomáticos en los conflictos internacionales que generaron preocupación sobre el suministro energético y la inflación mundial, las autoridades entienden que persisten factores de riesgo que podrían afectar el crecimiento económico de los países emergentes.
Igualmente, la nueva legislación busca fortalecer la capacidad del Estado para responder de forma oportuna a eventuales shocks externos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad fiscal y la continuidad de las inversiones públicas.
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