Ley de Telecomunicaciones en RD: ¿qué cambiaría?

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) propone un nuevo marco legal para el sector que aumentaría las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones y fortalecería las herramientas del regulador para sancionar incumplimientos. El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad incluye medidas sobre calidad y continuidad de los servicios, protección frente a prácticas abusivas y spam, además de sanciones para quienes operen sin autorización o utilicen equipos no homologados.

El borrador fue puesto a disposición de la ciudadanía para consulta pública y todavía debe pasar por un proceso de revisión antes de ser remitido al Congreso Nacional. Por tanto, las disposiciones planteadas no constituyen todavía obligaciones nuevas para las telefónicas ni sanciones vigentes.

La propuesta busca sustituir y actualizar el marco establecido por la Ley 153-98, vigente desde hace casi tres décadas, para adaptarlo a un mercado en el que las telecomunicaciones abarcan no solo telefonía e internet, sino fibra óptica, redes móviles de nueva generación, comunicaciones satelitales, cables submarinos y centros de datos.

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¿Qué cambiaría para las empresas de telecomunicaciones?

Uno de los principales cambios está en el régimen de fiscalización y sanciones. El borrador establece que las personas o empresas que presten servicios de telecomunicaciones sin contar con el título habilitante correspondiente quedarán impedidas de solicitar un nuevo permiso durante cuatro años.

Ahora bien, deberán pagar los derechos, tasas o cánones que correspondían durante todo el período en que operaron de manera irregular. Esta inhabilitación se aplicaría independientemente de otras sanciones administrativas o penales que pudieran corresponder.

La propuesta establece que pagar una multa no significa que la actividad irregular quede legalizada. El infractor tendría que cesar la conducta, regularizar su situación y cumplir con las obligaciones pendientes.

¿Qué pasará con los equipos no autorizados?

El proyecto plantea una medida especialmente severa para los equipos que operen fuera de las normas. Cuando una infracción involucre equipos no autorizados, no homologados o alterados, estos podrán ser incautados y decomisados inmediatamente, de acuerdo con el artículo 181 del borrador.

El texto incorpora un principio de disuasión económica: el monto de una sanción nunca debería resultar más beneficioso para el infractor que el costo de haber cumplido con las normas.

La intención es evitar que una empresa considere una eventual multa como un costo menor frente al beneficio obtenido por incumplir la regulación.

¿La nueva ley protegería a los usuarios de las fallas de servicio?

Sí. La propuesta amplía expresamente los derechos de los usuarios en materia de calidad y continuidad de los servicios, información clara, facturación transparente, portabilidad numérica, accesibilidad para personas con discapacidad y mecanismos de reclamación.

Esto supone un cambio relevante frente a un mercado en el que los usuarios dependen de las empresas para servicios cada vez más esenciales, desde llamadas y mensajes hasta acceso a internet para trabajar, estudiar, realizar pagos y utilizar servicios públicos. A la vez, la propuesta incorpora el derecho a la protección frente a prácticas abusivas y spam, de acuerdo con los documentos que han acompañado el proceso de reforma.

Pero el hecho de que estos derechos aparezcan en el proyecto no significa que cualquier interrupción del servicio o mensaje no deseado vaya a generar automáticamente una multa millonaria. Las sanciones dependerán de la infracción concreta y del procedimiento establecido en la futura legislación.

¿Qué sanciones podría aplicar el Indotel?

El nuevo régimen daría al Indotel mayores herramientas para actuar frente a infracciones consideradas graves o muy graves.

Una de las disposiciones más relevantes permitiría al Consejo Directivo del organismo ordenar medidas provisionales antes incluso del inicio formal de un procedimiento administrativo, cuando existan presuntas faltas graves o muy graves y una situación de urgencia.

Entre las medidas contempladas están:

Clausura temporal de instalaciones

Suspensión provisional de licencias

Prohibición temporal de prestar servicios

Incautación o decomiso de determinados equipos

Suspensión del título habilitante

Sanciones económicas

Estas medidas no serían necesariamente permanentes. El borrador establece que, cuando se adopte una medida provisional de urgencia, el procedimiento administrativo deberá iniciarse, confirmarse, modificarse o levantarse en un plazo máximo de 15 días.

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¿Qué pasa si una empresa no paga una multa?

El proyecto endurece las consecuencias del incumplimiento de las sanciones.

El artículo 185 contempla que el Indotel pueda suspender temporalmente el título habilitante de una empresa autorizada como mecanismo de presión hasta que esta pague íntegramente la sanción económica impuesta.

Además, los recursos de reconsideración presentados ante el Indotel contra resoluciones sancionatorias no tendrían efecto suspensivo. Esto significa que la empresa tendría que cumplir la sanción mientras se evalúa el recurso presentado, en lugar de que la apelación detenga automáticamente su ejecución.

¿Las empresas podrían reducir sus multas?

El proyecto contempla incentivos para que los infractores cooperen con el regulador. El artículo 184 establece diferentes reducciones dependiendo de la conducta del infractor y de la rapidez con que detenga la práctica sancionada.

Asimismo, la reducción podría llegar hasta 66% si la empresa se autodenuncia antes de recibir una notificación, detiene la conducta dentro de los primeros cinco días hábiles o reconoce su responsabilidad, paga voluntariamente y repara el daño antes de finalizar el procedimiento. Se contemplan reducciones de hasta 40% y 33% en otros escenarios, dependiendo del momento en que se detenga la conducta infractora.

Es más, el esquema busca combinar castigos con incentivos para que las empresas corrijan rápidamente las conductas que puedan afectar a usuarios o al funcionamiento del mercado.

¿Qué protección tendrán los usuarios frente al spam?

El spam aparece dentro de la propuesta como parte de un catálogo más amplio de protección al usuario. El proyecto plantea reconocer el derecho a la protección frente a prácticas abusivas y comunicaciones no deseadas, dentro de una actualización de los derechos de los usuarios en el entorno digital.

Esto adquiere relevancia en un mercado donde las comunicaciones comerciales y las llamadas no solicitadas forman parte de las principales molestias reportadas por consumidores.

No obstante, será necesario esperar el texto definitivo y su reglamentación para conocer cómo se aplicarán en la práctica estas disposiciones, qué conductas concretas serán sancionables y cuáles serán las responsabilidades de las empresas.

¿Qué otras obligaciones contempla la nueva ley?

La reforma no se limita a sanciones. El proyecto busca simplificar el régimen de autorizaciones mediante una concesión única, facilitar el despliegue de infraestructura a través de una ventanilla única electrónica y promover la compartición de redes cuando sea técnica y económicamente viable.

También incorpora disposiciones relacionadas con ciberseguridad y busca fortalecer la integridad, continuidad y resiliencia de las redes y de la infraestructura digital. Otro elemento es la gestión del espectro radioeléctrico, un recurso fundamental para el funcionamiento de las redes móviles.

En conjunto, la propuesta intenta pasar de una legislación diseñada para el mercado de finales de los años 90 a un marco capaz de regular una economía digital mucho más compleja.

¿La nueva ley ya está vigente?

No. Este punto es fundamental. El documento que actualmente se conoce es un borrador de proyecto de ley sometido a consulta pública por el Indotel.

El organismo informó que realizará un proceso de diálogo con operadores, usuarios, academias, expertos, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil antes de enviar la propuesta al Congreso Nacional.

De hecho, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, integrada por Altice, Claro, Wind Telecom, Onemax y Phoenix Tower Internacional, pidió que el proceso permita realizar estudios rigurosos antes de que el proyecto sea remitido al Congreso.

Por tanto, el contenido todavía puede sufrir modificaciones durante las etapas de consulta, revisión jurídica, discusión legislativa y eventual aprobación.

¿Por qué se quiere cambiar la Ley 153-98?

La legislación vigente fue diseñada en un momento en que el mercado de telecomunicaciones era muy diferente al actual.

Desde entonces surgieron tecnologías como la fibra óptica de alta capacidad, las redes móviles de nuevas generaciones, los servicios satelitales, los centros de datos y los cables submarinos, además de una economía digital mucho más dependiente de la conectividad.

Asimismo, el Indotel sostiene que la actualización busca fortalecer la competencia, ampliar la conectividad, reducir la brecha digital, mejorar la protección de los usuarios y establecer reglas para enfrentar nuevos riesgos de ciberseguridad. La reforma intenta definir con mayor precisión qué corresponde regular al Indotel y qué actividades quedan fuera de su ámbito.

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¿Qué significa esto para los clientes de las telefónicas?

Si el proyecto llega a aprobarse sin cambios sustanciales, los usuarios tendrían un marco legal más amplio para reclamar por problemas relacionados con la calidad y continuidad del servicio, facturación, información, portabilidad y prácticas abusivas. En cambio, para las empresas, aumentaría el costo de incumplir determinadas obligaciones.

El proyecto combina multas, inhabilitaciones, suspensión de licencias, decomiso de equipos y medidas preventivas, mientras introduce incentivos para quienes reconozcan y corrijan rápidamente sus infracciones.

Sin embargo, el alcance definitivo dependerá, de lo que ocurra durante la consulta pública y de la discusión que posteriormente tendrá lugar en el Congreso Nacional.

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