Tomoko Akane, en la ofensiva contra la Corte Penal Internacional

Entre las órdenes contra Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, las investigaciones sobre Afganistán y una ofensiva estadounidense que busca debilitar a la institución, Akane se ha convertido en el rostro de una pregunta que excede a La Haya: qué queda de la justicia internacional cuando los Estados más poderosos cuestionan quién tiene derecho a impartirla.

Durante buena parte de su carrera, Tomoko Akane perteneció a un mundo en el que las decisiones se medían en expedientes, procedimientos y pruebas, no en titulares internacionales.

Fue fiscal en Japón, trabajó en distintos niveles del sistema de justicia de su país, enseñó procedimiento penal y ocupó cargos vinculados con la cooperación judicial internacional. También dirigió el Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. En marzo de 2018 llegó a la Corte Penal Internacional (CPI), donde trabajó como jueza de cuestiones preliminares antes de ser elegida presidenta en marzo de 2024. Fue la primera japonesa en ocupar ese cargo.

La trayectoria parece, a primera vista, casi incompatible con el escenario que ocupa hoy.

Akane preside ahora una institución que ha emitido órdenes de arresto contra un presidente en ejercicio como Vladimir Putin, ha puesto bajo escrutinio judicial a dirigentes israelíes y ha investigado presuntos crímenes cometidos durante la guerra de Afganistán, incluidos aquellos atribuidos a miembros de las fuerzas estadounidenses. Y, desde agosto de 2026, la propia presidenta de la Corte está sometida a sanciones de Estados Unidos.

En la actualidad, la mujer que representa institucionalmente a una corte creada para que determinados crímenes no queden fuera del alcance de la justicia se encuentra ahora castigada por una de las principales potencias que cuestionan precisamente esa jurisdicción.

Una jueza japonesa en el centro de una disputa global

La elección de Akane para presidir la CPI en 2024 no fue un acontecimiento menor para Japón. Tokio destacó entonces que era la primera ciudadana japonesa en ocupar la presidencia del tribunal y reafirmó su respaldo a la institución y al principio de que los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional no deben quedar impunes.

Pero la dimensión de su cargo ha cambiado radicalmente desde entonces.

La Presidencia de la CPI no equivale al cargo de fiscal. Esa distinción importa. El fiscal dirige la Oficina del Fiscal y decide sobre investigaciones y acusaciones; la Presidencia, en cambio, tiene responsabilidades judiciales, administrativas y de representación exterior, además de supervisar el Registro de la Corte.

Akane tampoco es responsable individualmente de cada orden emitida por la institución.

Sin embargo, su trayectoria judicial la ha colocado cerca de algunos de los expedientes más delicados de la CPI. Antes de llegar a la Presidencia, participó como jueza de cuestiones preliminares en distintas situaciones investigadas por el tribunal, entre ellas Afganistán.

Ese pasado adquiere otra lectura cuando Washington coloca su nombre en una lista de sanciones.

Putin: la orden que cruzó una frontera jurídica y política

En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los Derechos del Niño, por presuntos crímenes relacionados con la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.

Akane formó parte de la sala que tomó aquella decisión.

La respuesta de Moscú fue contundente. Rusia rechazó la jurisdicción de la Corte y posteriormente incluyó a Akane entre las personas buscadas por sus autoridades. En diciembre de 2025, un tribunal ruso la condenó en ausencia, en un episodio que transformó una disputa jurídica en una amenaza personal para la jueza.

Tomoko Akane apeló al apoyo del gobierno japonés cuando comenzaron a presentarse las sanciones y amenazas de Moscú.

Akane no empezó a ser objetivo de un Estado cuando Washington anunció las sanciones. Moscú ya había convertido su nombre en parte de su propia respuesta contra la CPI.

La presidenta de la Corte ha reconocido que las consecuencias de estas decisiones tienen una dimensión personal. La seguridad que debe recibir como funcionaria internacional y el tiempo que debe dedicar a protegerse son ahora parte de su trabajo.

El expediente Putin muestra además una característica esencial de la CPI: sus órdenes no funcionan como las de una policía internacional. La Corte carece de una fuerza propia capaz de ejecutar arrestos. Depende de la cooperación de los Estados.

Netanyahu y la controversia con Israel

En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, entonces primer ministro y ministro de Defensa de Israel, respectivamente, además de una orden contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif. La decisión se produjo después de que la Fiscalía solicitara las órdenes en mayo de ese año.

Israel cuestionó la jurisdicción de la Corte y sostuvo que la institución estaba interfiriendo con sus derechos soberanos. El litigio sobre la jurisdicción ha continuado en las instancias de la CPI.

Para Washington, el caso Netanyahu se convirtió en uno de los argumentos centrales de su ofensiva contra la Corte.

Pero hay una precisión jurídica, la CPI no necesita que un Estado sea miembro del Estatuto de Roma en todos los casos para ejercer jurisdicción sobre determinados hechos. El tribunal puede actuar, entre otros supuestos, cuando los crímenes alegados ocurren en el territorio de un Estado Parte o cuando una situación llega a la Corte mediante mecanismos previstos en el Estatuto.

Pero, ¿hasta dónde puede llegar una institución internacional cuando considera que tiene jurisdicción sobre hechos vinculados a nacionales de un Estado que no reconoce su autoridad?

Afganistán: el expediente que alimenta la confrontación con Washington

La historia con Estados Unidos tampoco comenzó con Netanyahu.

La situación de Afganistán es uno de los antecedentes más importantes para comprender la actual confrontación.

En 2017, la Fiscalía de la CPI solicitó autorización para investigar presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde mayo de 2003, incluyendo alegaciones contra miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA. Documentos de la Corte describieron acusaciones de tortura, tratos crueles, violaciones y violencia sexual contra detenidos.

El dictamente emitido por la Corte Penal Internacional promete obedecer al Estatuto de Roma en lugar de a los intereses políticos. Fotografía: Blu Radio.

Akane formó parte de la sala que en 2019 rechazó inicialmente la autorización para abrir la investigación, argumentando que, en ese momento, hacerlo no serviría a los intereses de la justicia.

El episodio resulta particularmente revelador porque demuestra que la relación entre Akane y la controversia estadounidense es más compleja que una simple oposición entre una jueza y Washington.

La investigación, finalmente, fue autorizada por la Sala de Apelaciones en 2020. Posteriormente, la Fiscalía de la CPI dio prioridad a otros aspectos de la situación afgana y redujo el foco sobre las alegaciones relacionadas con personal estadounidense. Reuters informó en julio de 2026 que la Corte no ha tomado medidas recientes para investigar a personal estadounidense.

Ese matiz es fundamental para comprender el argumento de Akane cuando rechaza que la CPI sea una institución que actúa contra Estados determinados.

Su defensa no consiste en afirmar que la Corte jamás investigará a estadounidenses.

Consiste en sostener que la jurisdicción debe depender de las reglas del Estatuto de Roma y de las condiciones jurídicas aplicables a cada situación, no de la nacionalidad o del peso político de los sospechosos.

Qué significa realmente “complementariedad”

La CPI no fue concebida como un tribunal que sustituye automáticamente a las cortes nacionales. Es, en términos generales, un tribunal de último recurso. La jurisdicción internacional entra en juego cuando los sistemas nacionales pertinentes no están dispuestos o no son capaces de llevar a cabo investigaciones y procesos genuinos respecto de los crímenes contemplados por el Estatuto de Roma.

La propia jurisprudencia de la Corte ha insistido en que la complementariedad no pretende convertir a La Haya en un sistema que compite permanentemente con las jurisdicciones nacionales.

Esta arquitectura es crucial para el debate sobre soberanía.

Washington sostiene que la CPI amenaza la soberanía estadounidense y que no debería tener autoridad sobre ciudadanos de un país que nunca ratificó el Estatuto de Roma. La posición de la Corte, en cambio, parte de una interpretación distinta de las bases jurisdiccionales establecidas por el tratado.

La discusión, por tanto, es una disputa sobre qué significa la jurisdicción en un sistema internacional donde los Estados no han aceptado todos las mismas reglas.

Las sanciones de Trump cambian la naturaleza del conflicto

El 18 de agosto de 2026, Estados Unidos sancionó a Akane y al fiscal de la CPI Abdoulaye Seye. Las medidas incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones sobre el acceso al sistema financiero estadounidense. Washington las presentó como una respuesta a las acciones de la CPI contra funcionarios de gobiernos que no aceptan su jurisdicción, especialmente por el caso Netanyahu.

Sin embargo, la administración Trump ha ido más lejos. Washington ha anunciado una campaña diplomática destinada a presionar a otros países para que abandonen la CPI. Para julio, cinco Estados (Venezuela, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad) habían iniciado procesos de retirada.

La campaña estadounidense ha sido descrita por funcionarios de Washington como un esfuerzo para proteger la soberanía y evitar que ciudadanos estadounidenses queden expuestos a procedimientos de la Corte. Al mismo tiempo, la propia administración ha señalado que busca que otros países rechacen la autoridad de la CPI.

Es ahí donde la sanción contra Akane adquiere una dimensión institucional distinta. Se trata de una potencia que utiliza instrumentos económicos y diplomáticos contra funcionarios de la institución que emitió esas decisiones.

La CPI respondió denunciando que las medidas amenazan su independencia. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó también su preocupación por las sanciones.

Japón: el respaldo financiero que ahora tiene un valor estratégico

La elección de Akane introduce un elemento que hace esta crisis especialmente significativa para Tokio.

Japón no es simplemente el país de origen de la presidenta de la CPI. Es uno de sus principales sostenes financieros.

En las cuentas de contribuciones correspondientes a 2025, Japón aparece con aproximadamente 29,5 millones de euros en contribuciones a los fondos de la Corte, incluidos cerca de 28 millones correspondientes al presupuesto de ese año.

Ese respaldo explica por qué Akane dirigió ahora su mirada hacia Tokio.

El 26 de agosto, desde una videoconferencia con periodistas japoneses, pidió al Gobierno de Japón utilizar su relación con Estados Unidos para defender la importancia de la Corte y ayudar a evitar que otros Estados miembros cedan a las presiones para retirarse. Reuters describió a Japón como el mayor respaldo financiero de la institución.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había calificado las nuevas sanciones contra Akane de “muy desafortunadas” y señaló que Tokio continuaba trabajando con Washington y con otros países.

Para Japón, el episodio plantea una dificultad diplomática delicada: cómo sostener una institución internacional cuyo funcionamiento defiende mientras mantiene una alianza estratégica particularmente estrecha con Estados Unidos.

El verdadero alcance de la resistencia de Akane

Cuando Akane afirma que la CPI no es enemiga de ningún país, hay algo más profundo que una defensa diplomática.

Está intentando separar la institución de sus adversarios.

La Corte puede investigar a un ciudadano ruso sin ser una institución antirrusa. Puede examinar la conducta de un primer ministro israelí sin convertirse en una organización antiisraelí. Puede investigar presuntos crímenes cometidos por estadounidenses sin declararse enemiga de Estados Unidos.

La lógica es incómoda porque exige aceptar una idea difícil de administrar políticamente: que la neutralidad de una institución judicial no significa que sus decisiones sean políticamente neutrales en sus consecuencias.

Una orden de arresto contra Putin altera la diplomacia. Una orden contra Netanyahu altera la relación entre Israel, Estados Unidos y Europa.

Una investigación sobre Afganistán toca la responsabilidad de una superpotencia militar. Una sanción contra la presidenta de la Corte afecta directamente la capacidad de la institución para funcionar.

La justicia puede pretender ser independiente de la política. Sus consecuencias nunca lo son por completo.

Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, el desafío de Tomoko Akane no consiste únicamente en responder a Donald Trump.

La cuestión que enfrenta la CPI es más incómoda y más duradera: la Corte fue creada en 2002. Más de dos décadas después, su mayor prueba no parece ser la ausencia de reglas, sino la disposición de los Estados a aceptar sus consecuencias.

Akane lo sabe desde un lugar particularmente difícil. Y mientras Washington la sanciona y Moscú la persigue judicialmente, su respuesta sigue siendo esencialmente jurídica: la CPI, sostiene, debe actuar conforme al Estatuto de Roma, con independencia y sin seleccionar a sus objetivos por conveniencia política.

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