Déficit fiscal RD 2026: Gobierno pide elevarlo al 4.2 % del PIB
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El Gobierno pide subir el déficit de 2026 al 4.2 % del PIB y suspender la regla fiscal: por qué

El Gobierno dominicano solicitó al Congreso Nacional una modificación del Presupuesto General del Estado de 2026 que elevaría el déficit fiscal del 3.24 % al 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

Fachada del Palacio Nacional de la República Dominicana, con su cúpula central, columnas de estilo clásico y la bandera dominicana ondeando frente al edificio.

Foto: El Palacio Nacional de la República Dominicana, sede del Poder Ejecutivo, representa el escenario institucional de las decisiones gubernamentales relacionadas con el presupuesto, el déficit público y la política fiscal.

La propuesta representa un incremento cercano al 30 % del desequilibrio previsto en las cuentas públicas y contempla, además, suspender temporalmente la regla de responsabilidad fiscal hasta el cierre del año.

La iniciativa fue depositada el lunes 16 de noviembre por el presidente Luis Abinader ante la Cámara de Diputados. De aprobarse, el déficit alcanzaría los RD$ 365,968 millones, unos RD$83,700 millones por encima de la estimación presupuestaria anterior.

El Ejecutivo justifica la revisión por las presiones adicionales sobre el gasto público, particularmente el encarecimiento internacional de los combustibles, los subsidios para contener los precios y las nuevas necesidades de inversión y funcionamiento institucional.

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¿Por qué el Gobierno quiere elevar el déficit fiscal al 4.2 %?

La modificación presupuestaria responde a una diferencia cada vez mayor entre los recursos disponibles y las obligaciones que debe cubrir el Estado.

El proyecto contempla ingresos totales por RD$ 1,351,943 millones y gastos por RD$ 1,717,912 millones. La distancia entre ambas partidas explica el déficit proyectado para el cierre de 2026.

Aunque las recaudaciones tributarias presentan un crecimiento interanual del 10.5 %, este avance no sería suficiente para compensar las nuevas necesidades de gasto. La previsión de ingresos supera en RD$ 9,685 millones la contemplada inicialmente, pero el incremento de las erogaciones continúa presionando las finanzas públicas.

Entre los factores que explican esta situación figuran los subsidios estatales. El Gobierno reporta más de RD$ 44,000 millones destinados a combustibles y transferencias al sector eléctrico superiores a RD$ 96,000 millones.

A estas partidas se suman RD$ 3,400 millones de apoyo al transporte y más de RD$ 2,150 millones para subsidiar fertilizantes importados. En conjunto, estas intervenciones superan los RD$ 145,550 millones durante el año.

El comportamiento de estos compromisos vuelve a colocar bajo la lupa el costo de los subsidios públicos y su incidencia sobre la capacidad del Estado para financiar otras prioridades.

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Suspensión de la regla fiscal: qué cambia para las finanzas públicas

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la suspensión excepcional de la regla de responsabilidad fiscal establecida en la Ley 35-24.

El artículo 12 del proyecto plantea dejar sin aplicación esta disposición hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida permitiría al Gobierno apartarse temporalmente del límite legal establecido para el crecimiento del gasto primario.

La regla fiscal fue concebida como un mecanismo para fortalecer la disciplina presupuestaria, establecer límites al gasto y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Su suspensión, apenas dos años después de la aprobación de la legislación, introduce un cambio importante en el marco de control del gasto estatal.

No obstante, la propuesta establece que el Gobierno deberá presentar un plan de corrección para recuperar el cumplimiento de los parámetros fiscales.

El debate no se limita, por tanto, a la posibilidad de gastar más durante los últimos meses de 2026. También plantea interrogantes sobre cómo se restablecerá la disciplina presupuestaria y qué medidas se adoptarán para evitar que los desequilibrios se prolonguen.

En este contexto, resulta relevante observar la evolución de la deuda pública dominicana y la capacidad del Estado para sostener sus compromisos financieros.

Deuda pública, financiamiento y nuevas inversiones: las implicaciones del cambio

El aumento del déficit también obliga a examinar cómo se financiará la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno.

Según la propuesta, más del 60 % del financiamiento del incremento provendría de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Esto significa que una parte importante del desequilibrio se cubriría utilizando recursos previamente disponibles, sin generar endeudamiento adicional por esa proporción.

Sin embargo, recurrir a esos fondos también tiene un costo: reduce las reservas de liquidez que podrían utilizarse para atender necesidades futuras.

El proyecto autoriza emisiones de títulos públicos de hasta RD$477,435 millones y proyecta que la deuda del Sector Público No Financiero cierre 2026 en un 46.6 % del PIB.

Este escenario vuelve a poner en perspectiva el peso del financiamiento estatal y la importancia de vigilar el costo de las obligaciones públicas. La carga de intereses de la deuda constituye un elemento fundamental para determinar cuánto margen presupuestario conserva el Estado.

En paralelo, la modificación contempla elevar el gasto de capital hasta RD$230,786.7 millones, un incremento de RD$4,524.7 millones frente al presupuesto vigente.

Entre las obras que recibirían recursos adicionales figuran la continuación del Teleférico de Santo Domingo Oeste y el Monorriel de Santiago.

También se proponen aumentos de apropiaciones por RD$54,100 millones. De ese monto, RD$44,000 millones corresponderían a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, mientras que Obras Públicas recibiría RD$5,000 millones y Educación RD$3,600 millones.

La propuesta incorpora, además, asignaciones para los ministerios de Industria y Comercio, e Interior y Policía.

El desafío para el Gobierno será equilibrar estas necesidades de inversión y gasto con la sostenibilidad de las cuentas públicas. La calificación crediticia de República Dominicana y la confianza de los mercados también forman parte del contexto en el que se evaluará la evolución fiscal del país.

La modificación presupuestaria abre así una discusión que va más allá de las cifras de 2026: cómo financiar las prioridades del Estado sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en los próximos años.

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