Atentado contra Abinader: ¿qué penas tendría el detenido?

El caso del hombre detenido por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader plantea una pregunta jurídica: ¿se trata de amenazas de muerte o de un intento de terrorismo? La diferencia es importante porque cada figura penal exige demostrar conductas específicas y contempla consecuencias distintas.

Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, fue arrestado el 3 de noviembre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El Ministerio Público (MP) lo acusa de terrorismo y solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, mientras investiga las supuestas amenazas contra el mandatario y la posible planificación de un ataque.

Sin embargo, el artículo 154 del nuevo Código Penal dominicano establece una pena de uno a dos años de prisión menor para las amenazas de muerte que puedan considerarse verosímiles. La investigación podría examinar otras calificaciones si se demuestra que hubo actos materiales dirigidos a ejecutar un atentado, pero no basta con la existencia de una amenaza para aplicar automáticamente las penas más elevadas.

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¿Cuántos años de prisión podría recibir por amenazas contra Abinader?

El artículo 154 de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano, contempla sanciones para quienes anuncien o manifiesten la intención de causar daño a una persona, sus bienes o un tercero, siempre que existan circunstancias que hagan verosímil la materialización de la amenaza. Cuando se trata de una amenaza de muerte, la disposición establece una pena de uno a dos años de prisión menor, además de una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.

La norma también contempla otras sanciones según la naturaleza de la amenaza y las circunstancias en que se produzca. Por eso, la calificación dependerá del contenido de las expresiones atribuidas al investigado y de los elementos que pueda presentar el Ministerio Público.

En el caso de De la Cruz Sosa, esta es una de las posibles consecuencias penales que contempla la legislación para las amenazas de muerte. No obstante, la acusación presentada por el órgano persecutor es por terrorismo.

¿Por qué el Ministerio Público lo acusa de terrorismo?

El MP solicitó tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa, a quien acusa de terrorismo por presuntas amenazas contra el presidente de la República.

La documentación judicial utilizada para autorizar los allanamientos hace referencia a una investigación sobre la supuesta planificación de un «atentado terrorista» contra Abinader, que habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

La acusación de terrorismo debe distinguirse de la figura de amenaza contemplada en el artículo 154. No son términos intercambiables: para sostener una imputación de mayor gravedad, el Ministerio Público tendría que establecer los elementos específicos del delito que atribuye al investigado y presentar las pruebas correspondientes.

¿Podría enfrentar hasta 40 años de prisión?

Una de las posibilidades de mayor gravedad que contempla el Código Penal está relacionada con el homicidio agravado contra el presidente de la República. Ya que el artículo 92 establece penas de 30 a 40 años de prisión mayor cuando se comete homicidio agravado, entre otros supuestos, contra el presidente o vicepresidente de la República mientras ejerce sus funciones públicas.

Asimismo, la tentativa puede tener consecuencias penales. El artículo 14 del mismo código dispone que la tentativa de una infracción muy grave se sanciona como si la acción se hubiera consumado, siempre que exista un principio de ejecución o que el autor haya actuado de una manera que objetivamente debiera producir el resultado, pero este no se haya materializado por causas ajenas a su voluntad.

Esto significa que una planificación o una amenaza, por sí solas, no equivalen automáticamente a una tentativa de homicidio. Para aplicar esa figura tendría que demostrarse que la conducta pasó de la intención o los preparativos a un principio de ejecución en los términos que establece la ley.

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¿Qué establece la ley sobre los atentados contra el Estado?

El artículo 380 del Código Penal contempla otra figura: el atentado contra las instituciones de la República y la integridad del territorio nacional.

Esta disposición sanciona con 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público a quien ejerza un acto de violencia que ponga en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del Estado dominicano o afecte la integridad del territorio nacional.

Se trata de una figura distinta de las amenazas de muerte y del homicidio agravado. Su aplicación requiere que se demuestren los elementos que describe el artículo, entre ellos la existencia de un acto de violencia que ponga en peligro los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, no debe interpretarse que cualquier amenaza contra el presidente constituye automáticamente un atentado contra el Estado. La calificación dependerá de las circunstancias y las pruebas que se presenten ante los tribunales.

¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos?

De la Cruz Sosa fue arrestado el martes 3 de noviembre durante un allanamiento en un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.

Como parte de las investigaciones, las autoridades intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento donde trabajaba el detenido, ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch. Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas que el MP considera posibles evidencias y que deben ser sometidos a evaluaciones para determinar su relación con los hechos investigados.

Es más, la autorización judicial de los allanamientos contemplaba la búsqueda de celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y otros elementos que pudieran estar vinculados con la presunta planificación.

¿Qué pidió el Ministerio Público y qué falta para conocer la pena?

El MP solicitó tres meses de prisión preventiva contra el detenido. Esta petición corresponde a una medida de coerción, cuyo propósito es asegurar que el imputado permanezca sujeto al proceso mientras avanzan las investigaciones; no constituye una condena ni determina cuántos años de prisión recibiría si fuera declarado culpable.

El tribunal debe conocer la solicitud y decidir si impone esa u otra medida. Posteriormente, el proceso tendría que avanzar hacia las etapas correspondientes para determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación formal y cuáles infracciones podrían sostenerse. Por lo que la investigación deberá establecer qué relación tienen los dispositivos electrónicos y las sustancias incautadas con las presuntas amenazas, así como si existieron actos concretos dirigidos a ejecutar el supuesto atentado.

Por ahora, la diferencia entre una pena de uno a dos años por amenazas de muerte y las sanciones que podrían alcanzar varias décadas depende de lo que logre demostrar el Ministerio Público y de la calificación jurídica que finalmente determine la justicia. De la Cruz Sosa conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

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