Productos con trabajo forzoso en RD: qué podrá investigar Aduanas
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RD prohibiría importar productos hechos con trabajo forzoso: qué aprobó el Congreso y qué afecta

El proyecto amplía el marco para investigar mercancías, retener cargamentos y sancionar declaraciones falsas. Los importadores asumirían los costos si sus productos deben devolverse o destruirse.

Plano medio de espaldas de dos inspectores portuarios con cascos blancos y chalecos reflectantes amarillos supervisando contenedores de carga apilados mientras una grúa moviliza un contenedor azul en una terminal marítima.

Foto: Las autoridades aduaneras contarían con mayores facultades para inspeccionar contenedores y bloquear el ingreso de mercancías vinculadas a explotación laboral, trasladando los gastos operativos a las empresas importadoras.

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República Dominicana avanzó hacia un marco legal para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que prohíbe importar mercancías fabricadas, extraídas o procesadas bajo estas condiciones, con lo que la iniciativa completó su recorrido por el Congreso Nacional.

La propuesta otorga facultades a la Dirección General de Aduanas (DGA) para investigar el origen de los productos, retener cargamentos bajo sospecha y prohibir su entrada cuando se determine que fueron elaborados mediante prácticas de explotación laboral. Establece responsabilidades para los importadores y contempla la creación de un registro público de mercancías cuya importación sea restringida.

La iniciativa llega después de que el Poder Ejecutivo emitiera el Decreto 502-26, en julio de 2026, con disposiciones administrativas para prevenir y prohibir estas importaciones. Ahora, el proyecto legislativo busca establecer un régimen legal específico. Tras su aprobación en ambas cámaras, la pieza quedó pendiente de la decisión del presidente Luis Abinader, quien puede promulgarla u observarla.

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¿Qué aprobó el Congreso sobre las importaciones con trabajo forzoso?

El proyecto de ley de prevención y prohibición de mercancías producidas mediante trabajo forzoso establece un régimen para impedir que ingresen al territorio aduanero dominicano productos fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante estas prácticas. La iniciativa es de la autoría del senador Félix Bautista y fue aprobada inicialmente por el Senado en septiembre de 2026. Posteriormente pasó a la Cámara de Diputados, donde recibió el respaldo en primera lectura el 11 de noviembre y completó su aprobación en segunda discusión el 19 de noviembre.

La propuesta establece un procedimiento para investigar las cadenas de suministro y determinar si en alguna etapa de la producción se utilizaron prácticas de trabajo forzoso. A la vez, distribuye responsabilidades entre las instituciones públicas: Aduanas conducirá el procedimiento y tomará la decisión administrativa sobre la mercancía, mientras que el Ministerio de Trabajo (MT) tendrá a su cargo la evaluación técnica de las condiciones laborales.

El proyecto no establece una prohibición general por país o por industria. El criterio será la existencia de evidencias sobre el uso de trabajo forzoso en la producción de los bienes.

¿Qué productos podrían quedar fuera del mercado dominicano?

La iniciativa no presenta una lista cerrada de artículos ni limita la medida a determinados sectores económicos. Su alcance comprende mercancías que hayan sido fabricadas, extraídas, procesadas o elaboradas mediante trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de producción.

De igual forma, esto significa que la investigación podría abarcar tanto el producto terminado como sus materias primas o componentes. Por ejemplo, una mercancía podría ser objeto de revisión si existen indicios de que sus materiales fueron obtenidos mediante explotación laboral, aunque el ensamblaje final se haya realizado en otro país.

La medida tampoco implica que se prohíba importar productos de China, Haití o cualquier otro mercado de manera automática. La evaluación debe centrarse en las condiciones de producción y en las evidencias que vinculen una mercancía, un proveedor o una cadena de suministro con el trabajo forzoso.

¿Qué se considera trabajo forzoso según la OIT?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual no se ha ofrecido voluntariamente.

Entre los indicadores que pueden alertar sobre estas prácticas figuran:

  • Engaño: cuando una persona es reclutada mediante información falsa sobre el empleo o sus condiciones

  • Restricción de movimiento: cuando el trabajador no puede abandonar libremente su lugar de trabajo

  • Amenazas e intimidación: cuando se utiliza violencia física, sexual o psicológica para obligar a una persona a trabajar

  • Retención de salarios: cuando se impide al trabajador recibir su remuneración como mecanismo de control

  • Abuso de vulnerabilidad: cuando se aprovecha la situación económica, migratoria o social de una persona para someterla

  • Condiciones laborales degradantes: cuando se imponen jornadas excesivas o condiciones que atentan contra la dignidad humana

La presencia de estos indicadores puede justificar una investigación, pero no significa que cualquier irregularidad laboral constituya automáticamente trabajo forzoso. La determinación debe realizarse mediante la evaluación de las circunstancias y las pruebas disponibles.

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¿Qué podrá hacer Aduanas con las mercancías sospechosas?

La DGA tendrá la responsabilidad de conducir las investigaciones y adoptar las medidas administrativas correspondientes cuando existan indicios razonables de que una mercancía fue elaborada mediante trabajo forzoso.

Entre las acciones contempladas en el proyecto se encuentran:

  • Suspender el despacho aduanero de los productos

  • Retener temporalmente las mercancías mientras se investiga su procedencia

  • Aplicar una prohibición provisional de entrada al país

  • Disponer la devolución o destrucción de los bienes cuando corresponda

Las medidas provisionales previstas en el proyecto podrán mantenerse durante un período de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse por otros 30 días mientras se desarrolla la investigación.

Asimismo, el MT tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en alguna etapa de la cadena de suministro. Con esos elementos, Aduanas podrá adoptar una decisión administrativa motivada. La retención de un cargamento no significa por sí sola que se haya comprobado una infracción. La investigación deberá permitir que el importador presente información y ejerza su derecho de defensa.

¿Qué deberán declarar los importadores y quién pagará los costos?

Uno de los puntos que afecta directamente a las empresas importadoras es la obligación de declarar si conocen o tienen motivos razonables para considerar que los productos que introducen al país fueron elaborados mediante trabajo forzoso.

Esta información deberá incluirse en la Declaración Única Aduanera (DUA). Una declaración falsa podrá generar sanciones administrativas conforme a la legislación aduanera, sin descartar otras responsabilidades legales cuando correspondan. El proyecto establece que los costos asociados a la retención, devolución o destrucción de una mercancía correrán por cuenta del importador.

Entre esos gastos figuran:

  • Almacenamiento y permanencia en puertos o aeropuertos

  • Transporte de los productos

  • Operaciones necesarias para devolver las mercancías a su país de origen

  • Procedimientos para la eventual destrucción de los bienes

Lo que obliga a las empresas a prestar mayor atención a la trazabilidad de sus productos y a la documentación de sus proveedores. Conocer únicamente al vendedor o al exportador podría no ser suficiente si existen dudas sobre las condiciones en que se fabricaron los bienes o se obtuvieron sus materias primas.

¿Aduanas tendrá un registro público de productos prohibidos?

La iniciativa ordena a la DGA crear un registro público en línea de las mercancías cuya importación haya sido prohibida por su vinculación con el trabajo forzoso.

El organismo tendrá un plazo de 180 días para poner en funcionamiento esta plataforma. El registro deberá incluir información sobre los productos afectados, sus productores, fabricantes o suplidores, el país o región de origen y las decisiones administrativas que sustentaron cada prohibición.

La herramienta permitiría a las empresas consultar antecedentes sobre mercancías y proveedores sujetos a restricciones y facilitaría el seguimiento de las decisiones de las autoridades. No obstante, el manejo de la información deberá respetar las disposiciones sobre confidencialidad, protección de datos y secretos comerciales legítimos.

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RD ya había establecido una prohibición mediante el Decreto 502-26

Aunque la aprobación legislativa representa un nuevo paso, la República Dominicana ya contaba con disposiciones administrativas para impedir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26 el 23 de julio de 2026. La disposición estableció un procedimiento para identificar, investigar y prohibir la entrada de productos vinculados con estas prácticas, independientemente de su país de origen. El decreto facultó a Aduanas para iniciar investigaciones, solicitar información a los importadores y requerir al Ministerio de Trabajo evaluaciones técnicas. Contempló la posibilidad de retener mercancías y crear un registro administrativo de productos cuya importación fuera prohibida.

Es más, la diferencia es que el proyecto aprobado por el Congreso busca establecer un régimen mediante una ley específica, con disposiciones sobre las responsabilidades de los importadores, las medidas provisionales y las sanciones correspondientes. Por tanto, la iniciativa legislativa no debe confundirse con el inicio de la política pública: el país ya había establecido mecanismos administrativos para abordar el problema.

¿Qué relación tiene la medida con los aranceles de Estados Unidos?

La discusión también tiene una dimensión comercial. La aprobación del proyecto se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos para que sus socios comerciales establezcan mecanismos que impidan el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Según reportes de prensa sobre el origen de la iniciativa, Washington aplicó un arancel de 12.5% a productos dominicanos, frente a una tasa de 10% para otros países, en el contexto de sus medidas comerciales de 2025. La ausencia de una prohibición específica sobre estas mercancías fue señalada como uno de los elementos de esa diferencia.

La adopción de un marco legal podría fortalecer la posición dominicana en sus conversaciones comerciales y demostrar que el país cuenta con mecanismos para controlar las cadenas de suministro. Sin embargo, la aprobación del proyecto no implica una reducción automática de los aranceles estadounidenses. Cualquier cambio en las condiciones comerciales dependerá de las decisiones de Washington y de las negociaciones correspondientes.

¿Cuándo entraría en vigor la nueva ley?

El proyecto completó su trámite en el Congreso Nacional el 19 de noviembre de 2026 y pasó al Poder Ejecutivo. El presidente Abinader deberá decidir si lo promulga u observa, conforme al procedimiento constitucional.

Hasta que se complete ese proceso, no corresponde presentar las disposiciones del proyecto como una nueva ley vigente. Mientras tanto, el Decreto 502-26 constituye el marco administrativo que ya había establecido el Poder Ejecutivo para prevenir y restringir estas importaciones. Si la iniciativa es promulgada, Aduanas y las demás instituciones involucradas deberán desarrollar los mecanismos necesarios para aplicar sus disposiciones, incluida la puesta en funcionamiento del registro público.

Además, para los importadores, el cambio más relevante será la necesidad de conocer mejor el origen de sus mercancías y las condiciones en que fueron producidas. La restricción no dependerá de la nacionalidad del proveedor, sino de que se determine la utilización de trabajo forzoso en la cadena de producción.

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