Pagos de combustible en RD: Gobierno negocia con Anadegas para evitar trabas con tarjetas
A nueve días de la fecha anunciada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) para desconectar los verifones de sus estaciones afiliadas, el Gobierno dominicano mantiene abiertas las conversaciones para evitar una interrupción en los pagos de combustible con tarjetas.
Foto: Pagos de combustible en RD: Gobierno negocia con Anadegas para evitar trabas con tarjetas.
La medida está prevista para el próximo 25 de septiembre y podría involucrar a unas 780 estaciones de combustibles afiliadas al gremio.
Sin embargo, las autoridades todavía no han revelado públicamente una propuesta concreta que permita cerrar el conflicto.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que varias instituciones estatales participan en las gestiones para encontrar una salida a las diferencias entre Anadegas y los proveedores de sistemas electrónicos de pago.
Según explicó, las conversaciones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades públicas.
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Anadegas mantiene la presión por las comisiones de las tarjetas
El origen del conflicto está en las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas de crédito y débito realizadas en las estaciones de combustibles.
Anadegas sostiene que estos cargos representan una carga significativa para los detallistas, debido al reducido margen que obtienen por la venta de cada galón de combustible.
El presidente del gremio, Juan Elías Pérez, afirmó que los operarios de los sistemas de pago pueden quedarse con una parte importante de la utilidad bruta de las estaciones, mientras los propietarios deben asumir gastos como electricidad, impuestos, administración y seguridad.
Pérez también aseguró que Anadegas no ha recibido una invitación formal del Gobierno para discutir nuevamente el tema, pese a las gestiones anunciadas por las autoridades.
El dirigente reiteró que el gremio mantiene su decisión de desconectar los verifones el 25 de septiembre si no se alcanza un acuerdo.
La posición de Anadegas coloca el debate en un punto sensible: cómo reducir los costos de las transacciones electrónicas sin limitar las opciones de pago disponibles para los consumidores.
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Gobierno busca evitar impacto en los consumidores
Pro Consumidor ha advertido que una eventual suspensión de los pagos con tarjetas podría afectar especialmente a los usuarios que dependen de medios electrónicos para adquirir combustible.
Alcántara sostuvo que las partes deben alcanzar un entendimiento para impedir que una disputa comercial termine afectando directamente a los consumidores.
El funcionario pidió a Anadegas actuar con prudencia mientras continúan las conversaciones y señaló que Pro Consumidor mantiene comunicación con representantes del gremio.
El Gobierno y Anadegas ya habían acordado el pasado 7 de julio establecer una mesa de trabajo para revisar el esquema de comisiones. En ese momento se otorgó un plazo de 30 días para buscar una solución.
Ese período transcurrió sin que se anunciara públicamente un acuerdo definitivo.
A pocos días de la fecha fijada por Anadegas, tampoco se ha informado cuál sería la comisión que las autoridades consideran viable, si los proveedores han aceptado reducir sus tarifas o si existe una fórmula alternativa para procesar las operaciones.
El principal punto de preocupación es que los consumidores puedan encontrarse con restricciones para pagar sus compras de combustible con tarjetas de crédito y débito.
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Más de 41,000 millones de pesos en compras con tarjetas
La dimensión económica del conflicto ayuda a explicar la importancia de las negociaciones. Entre enero y mayo de 2026, las compras de combustibles realizadas mediante tarjetas alcanzaron 41,002.1 millones de pesos.
Anadegas ha señalado que las comisiones representan aproximadamente 27 % de su margen bruto por cada galón vendido. La cifra corresponde a la proporción del margen del detallista que, según los cálculos del gremio, se destina a estos costos y no a un 27 % del precio final del combustible.
Representantes de la asociación han indicado que algunas estaciones enfrentan tasas de entre 1.95 % y 3 % sobre el valor de las operaciones. Como alternativa, han planteado reducirlas hasta aproximadamente 0.3 % o establecer un cargo fijo por transacción.
El planteamiento busca modificar un esquema que, de acuerdo con Anadegas, afecta la rentabilidad de las estaciones. Para el Gobierno, en cambio, cualquier solución deberá considerar también la continuidad de los servicios de pago para los usuarios.
El escenario mantiene abierta una disputa que comenzó en julio y que ahora se acerca a una fecha decisiva.
Si no se alcanza un acuerdo antes del 25 de septiembre, las 780 estaciones afiliadas a Anadegas podrían dejar de utilizar los verifones para procesar pagos, salvo que se establezcan mecanismos alternativos.
Por ahora, las autoridades no han informado los términos específicos de la negociación ni los compromisos alcanzados con los proveedores de servicios de pago. El desenlace determinará si los consumidores podrán continuar utilizando sus tarjetas con normalidad para comprar combustible en las estaciones involucradas.
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