Cuatro claves para entender la reforma a la ley de Alianzas Público-Privadas

La Ley 47-20, promulgada en febrero de 2020, estableció el concepto de Alianzas Público-Privadas para que agentes públicos y privados pudieran suscribir de manera voluntaria contratos de largo plazo para la “provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social”.

Desde entonces, esta legislación ha atravesado por diversos decretos y resoluciones; en enero de 2026, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) comenzó la socialización del anteproyecto, cuyo énfasis, más allá de la relajación de controles de calidad, se basa en la eliminación de trámites que no agregan valor a los proyectos.

Los cuatro ejes de la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas

Dentro de los considerandos del proyecto, se pueden identificar cuatro ejes de los cambios sometidos al Senado:

1. El fortalecimiento institucional de la DGAPP.
2. Simplificación de procesos, reducción de burocracia y tiempos de ejecución.
3. La optimización de activos públicos.
4. Procedimientos para un único oferente.

Más capacidades para la DGAPP

El fortalecimiento institucional en el anteproyecto se basa fundamentalmente en tres considerandos que buscan impactar el rol técnico de la DGAPP y la creación o consolidación de capacidades especializadas en las autoridades contratantes.

Como primer punto, en el cuarto considerando, se hace referencia a la experiencia previa de la Ley 47-20 y señala la necesidad de “introducir ajustes para dar mayor claridad, sistematicidad y funcionalidad al régimen (de Alianzas Público-Privadas)”.

Así, en el quinto considerando, el Estado reconoce que se debe “fortalecer la capacidad institucional del Estado para identificar, preparar, estructurar, licitar, adjudicar, administrar y supervisar proyectos de alianzas público-privadas”.

Por otro lado, con el sexto considerando se busca dotar al Estado de mayor calidad y viabilidad técnica en las iniciativas para reducir el riesgo de procesos fallidos o estructuraciones deficientes.

Otras dos novedades de este marco regulatorio son los mecanismos orientados a consolidar la viabilidad y gestión técnica de las propuestas.

El primero es la creación de un Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos, concebido como una herramienta financiera para respaldar estudios de preinversión, análisis de prefactibilidad, factibilidad y la estructuración técnica, legal y financiera de los mismos.

A esto se suman las Unidades Técnicas Especializadas en APP, estructuras dentro de los ministerios, ayuntamientos y otros entes públicos para garantizar que cuenten con equipos profesionales capacitados para coordinarse con la DGAP, además de administrar y supervisar adecuadamente los contratos.

Menos burocracia y reducción de tiempos de ejecución, el quid de la reforma

La propuesta busca atender y resolver las principales trabas experimentadas durante los seis años de aplicación de la Ley 47-20 a través de la transformación del procedimiento de selección, adjudicación y desarrollo de proyecto hacia un modelo ágil, predecible y funcional.

Durante la presentación del anteproyecto en el Senado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, comentó que actualmente hay procesos que pueden durar entre 24 y 72 meses en resolverse; la iniciativa propone reducir los tiempos a entre 10 y 18 meses.

El sustento jurídico para desmantelar las trabas burocráticas se apoya en el considerando séptimo, que habilita expresamente la creación de mecanismos y trámites flexibles y diferenciados para agilizar los plazos y garantizar la ejecución sin comprometer la transparencia, libre competencia, debido proceso y valor por dinero del Estado.

Mayor aprovechamiento del patrimonio estatal

Una de las novedades del anteproyecto es la valorización y modernización del patrimonio estatal sin que tenga que desprenderse de su propiedad.

Se incorpora la figura de la optimización de activos públicos, un mecanismo para que el Estado pueda aliarse con el sector privado con el fin de intervenir bienes, infraestructuras o inmuebles subutilizados, deteriorados o que demanden inversiones de gran escala para mejorar la prestación de servicios.

Este esquema permitirá a las empresas privadas aportar capital y tecnología para acondicionar, ampliar o gestionar instalaciones estatales existentes. A cambio de la inversión y la asunción de riesgos operativos, el inversionista obtiene un esquema de retorno regulado en el contrato de APP.

Además, el proyecto enfatiza que este modelo no implica la privatización de los bienes públicos, ya que la titularidad del patrimonio permanece en manos del Estado.

Único oferente, una solución para mantener los proyectos

La propuesta de reforma busca resolver los vacíos y rigideces de la normativa vigente cuando una licitación concluye con la participación de una sola empresa o consorcio, para que el Estado pueda darle continuidad a la evaluación del mismo mediante un cauce legal ágil, al tiempo que se mantienen todos los controles de fiscalización.

Para evitar que un proceso sea declarado como desierto o quede paralizado, el oferente deberá demostrar que su propuesta cumple con los pliegos de condiciones y que ofrece “condiciones de valor por dinero óptimas para el Estado”.

La incorporación de procedimientos rigurosos para la evaluación de un único oferente se encuadra directamente en los objetivos estratégicos de la Meta RD 2036, orientada a duplicar el tamaño del Producto Interno Bruto dominicano para esa fecha.

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