Las mujeres ganan 22.8 % menos que los hombres en América Latina: lo que halló la Cepal
La desigualdad de ingresos sigue siendo una barrera estructural para el desarrollo económico de la región. Según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los salarios que perciben las mujeres en Latinoamérica son un 22.8 % inferiores a los de los hombres.
Foto: La brecha salarial de género continúa siendo uno de los desafíos económicos y sociales de América Latina.
Esta disparidad remunerativa se ve agravada por una menor inserción femenina en la fuerza productiva.
Mientras la tasa de participación laboral masculina alcanza el 72 %, la de las mujeres apenas se sitúa en el 50 %, una brecha que limita directamente su autonomía económica y su capacidad de ahorro.
El impacto de este rezago en el mercado laboral y empleo trasciende la etapa activa de las trabajadoras.
Al cotizar de forma más intermitente y con ingresos más bajos, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a la protección social y seguridad financiera durante su etapa de retiro.
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El impacto de la brecha de género en las pensiones y la vejez
Las asimetrías registradas durante la vida productiva se trasladan de manera directa a los sistemas de jubilación. De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la cobertura previsional de las mujeres es 7.2 puntos porcentuales menor que la de los hombres, y el monto de las prestaciones que reciben resulta un 11.5 % inferior.
Este escenario resulta especialmente crítico si se considera el papel determinante que juegan las jubilaciones en la estabilidad económica de los adultos mayores. Los cálculos de la Cepal advierten que la pobreza monetaria en este grupo etario se dispararía del 10.4 % al 41.8 % si no contaran con ingresos provenientes de pensiones.
No obstante, los sistemas previsionales de la región exhiben serias limitaciones de alcance y suficiencia en medio de la alta informalidad y el envejecimiento poblacional. En 2024, el 55 % de la fuerza laboral latinoamericana no cotizaba en ningún esquema de retiro, y el monto promedio de las pensiones contributivas en los 14 países evaluados equivalía apenas a 1.3 veces el salario mínimo regional.
Ante este panorama, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Xirinachs, subrayó que la sostenibilidad de estos sistemas debe ser una prioridad de política pública para garantizar la protección social de las personas mayores y avanzar hacia un desarrollo inclusivo.
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La pobreza en América Latina cae a un mínimo histórico pese a las desigualdades
La persistencia de las brechas de género contrasta con una mejora generalizada en los indicadores agregados de bienestar. El reporte detalla que la pobreza en América Latina por ingresos descendió al 24.4 % de la población en 2025, alcanzando su nivel más bajo desde que existen registros estadísticos.
Esta caída equivale a una reducción de 1.1 puntos porcentuales frente a 2024, lo que permitió que seis millones de personas salieran de esta condición, pasando de 162 millones a 156 millones de ciudadanos en situación de pobreza. En paralelo, la pobreza extrema retrocedió del 9.7 % al 9.4 %, abarcando a 60 millones de habitantes frente a los 62 millones contabilizados el año previo.
Asimismo, la pobreza multidimensional mostró una trayectoria descendente al pasar del 20.3 % en 2024 al 19.4 % en 2025. Sin embargo, el organismo advierte que este avance en el desarrollo social sostenible no logra revertir las disparidades por género, edad y condición étnico racial, las cuales incluso tienden a ampliarse en diversos segmentos.
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Crecimiento económico y presión fiscal del gasto previsional
El comportamiento de los indicadores sociales se enmarca en una dinámica económica de expansión moderada. La Cepal señala que Latinoamérica, catalogada como la región más desigual del mundo, registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2.4 % en 2025, superando ligeramente el 2.3 % observado tanto en 2023 como en 2024.
Este ritmo de actividad exige una gestión prudente de las finanzas públicas y gasto social para sostener los programas de asistencia y jubilación. Entre 2014 y 2024, el gasto público destinado al pago de pensiones escaló del 4.3 % al 4.9 % del PIB regional, presionado por la transición demográfica y la informalidad.
Cerrar estas asimetrías demandará reformas estructurales que incentiven la formalización, impulsen la competitividad y productividad empresarial y garanticen condiciones salariales equitativas para las mujeres en toda América Latina.
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