El déficit fiscal de RD supera al de casi toda Centroamérica y se acerca a México: cómo queda
La República Dominicana proyecta concluir el año 2026 con un déficit fiscal equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), una cifra que rebasa las estimaciones disponibles para la gran mayoría de las naciones centroamericanas y que iguala el nivel previsto para México.
Foto: El déficit fiscal de la República Dominicana se sitúa por encima del registrado en gran parte de Centroamérica y se aproxima al de México.
Este ajuste responde directamente a las presiones presupuestarias derivadas de los subsidios energéticos y el encarecimiento de los hidrocarburos en los mercados internacionales.
La nueva proyección fue sometida ante el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader y supone un incremento de casi un 30 % en comparación con el desequilibrio contemplado originalmente, que se ubicaba en 3.24 % del PIB.
En términos nominales, el desbalance ascendería a 365,968 millones de pesos, lo que representa alrededor de 83,700 millones adicionales frente al cálculo previo.
Este escenario coloca a las finanzas públicas dominicanas bajo una tensión significativa. La ampliación del gasto ocurre a pesar de que las recaudaciones tributarias registran un crecimiento interanual de 10.5 % y de que el Estado captó ingresos extraordinarios gracias a las medidas fiscales implementadas a mediados de año.
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Comparación regional: el mapa fiscal de Centroamérica y América Latina
Al contrastar el desempeño local con el entorno inmediato, los datos recopilados por el Banco de Guatemala ubican el déficit de Costa Rica en 3.7 % del PIB, el de El Salvador en 2.3 % y el de Honduras en 1 %.
Por su parte, Belice estima un desbalance de 1.49 % para su ejercicio fiscal comprendido entre 2026 y 2027, mientras que Nicaragua destaca al proyectar un superávit.
En cuanto a Guatemala y Panamá, sus indicadores requieren verificaciones adicionales para completar el panorama de la subregión.
Si se amplía la mirada hacia las mayores economías de Latinoamérica, el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en octubre de 2026, proyecta desequilibrios superiores en Suramérica.
El organismo sitúa el déficit de Brasil en 8.1 % del PIB y el de Colombia en 6.9 %, mientras que México se ubica en 4.2 %.
Aunque Brasil, Colombia y México son países productores de petróleo, una condición opuesta a la de República Dominicana como importadora neta de hidrocarburos, la renta petrolera no garantiza estabilidad presupuestaria debido al peso de sus compromisos de gasto y al servicio de su deuda.
No obstante, los analistas advierten una diferencia metodológica clave en la comparativa macroeconómica regional: el FMI mide el Gobierno General, mientras que el 4.2 % dominicano corresponde al Gobierno Central.
Previo a la modificación presupuestaria, el FMI estimaba para el Gobierno General dominicano un déficit de 3.64 % del PIB.
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El peso de los subsidios energéticos en el presupuesto nacional
El principal detonante de esta revisión financiera radica en las políticas de contención de precios aplicadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con la comunicación presidencial enviada junto al proyecto de modificación presupuestaria, los subsidios a los combustibles superan los 44,000 millones de pesos, mientras que las transferencias destinadas a sostener el sector eléctrico rebasan los 96,000 millones.
A estas erogaciones se suman 3,400 millones de pesos asignados al sector transporte y más de 2,150 millones dirigidos a compensar el costo de los fertilizantes importados.
En conjunto, estas intervenciones estatales exceden los 145,550 millones de pesos, absorbiendo una porción sustancial del presupuesto nacional.
Desde el Gobierno se argumenta que estos desembolsos han resultado indispensables para amortiguar el choque inflacionario de los precios internacionales sobre el bolsillo de los consumidores y la estructura de costos del sector empresarial dominicano.
Sin embargo, el volumen de estos recursos evidencia la alta vulnerabilidad de las cuentas estatales frente a la volatilidad del mercado energético global y la urgencia de optimizar la eficiencia del gasto público.
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Suspensión de la regla fiscal y los retos financieros hacia 2027
Además del ajuste en las transferencias, la reforma presupuestaria incorpora nuevas apropiaciones de gastos por 54,100 millones de pesos y plantea una medida de alto impacto institucional: suspender hasta el 31 de diciembre de 2026 la regla de responsabilidad fiscal establecida bajo la Ley 35 24, normativa que fue promulgada hace apenas dos años para garantizar la disciplina financiera del Estado.
Para cubrir la brecha, el Poder Ejecutivo sostiene que más del 60 % del financiamiento del incremento del déficit provendrá de disponibilidades acumuladas de ejercicios fiscales anteriores, evitando así la contratación de nueva deuda pública por esa proporción.
Aunque el uso de saldos acumulados evita presionar el endeudamiento inmediato, esta estrategia financia el desequilibrio sin corregirlo de raíz y reduce el margen de liquidez para el futuro. De este modo, la modificación presupuestaria traslada un reto estructural hacia 2027: contener la expansión del gasto, restablecer la vigencia de la disciplina fiscal y presupuestaria y reducir la dependencia de los subsidios al sector eléctrico.
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