A días de entrar en vigor, el nuevo Código Penal sigue bajo críticas
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¿Qué será delito ahora? Las conductas que te llevarán a prisión en RD segun el nuevo código penal

Entre las principales críticas al nuevo código se encuentran el aborto, la negligencia médica, la difamación, la corrupción y discriminación.

Fotografía en primer plano que muestra un grueso libro de leyes con portada de cuero azul oscuro colocado de forma horizontal sobre un escritorio de madera brillante con las palabras Código Penal República Dominicana grabadas en letras doradas en el lomo junto a un mazo de juez de madera con anillo dorado a la izquierda y la bandera dominicana de fondo parcialmente difuminada al lado de una estantería de libros jurídicos.

Foto: Las modificaciones introducidas en la tipificación de ciertos delitos generan opiniones encontradas sobre la efectividad y el alcance de las nuevas disposiciones punitivas en el país.

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A menos de un mes de que entre en vigor del nuevo Código Penal de República Dominicana, el debate sobre su contenido vuelve a colocarse en el centro de atención. Ya que diversos sectores jurídicos, médicos y de la sociedad civil cuestionan algunos de los delitos tipificados, las penas establecidas y varias exclusiones que contempla la legislación, mientras crecen las solicitudes para revisar el texto antes de que comience a aplicarse.

A pesar de que la reforma busca modernizar una normativa con más de un siglo de vigencia, las diferencias se centran en dos aspectos principales: qué conductas deben ser consideradas delitos y cuáles deberían quedar fuera del ámbito penal. A ello se suman observaciones sobre la proporcionalidad de algunas sanciones y posibles contradicciones con principios constitucionales.

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Temas que generan controversia

Ahora bien, algunos de los puntos que más se debaten del nuevo Código Penal son la penalización del aboto, la responsabilidad penal ante la negligencia médico, los délitos relacionados a la difamación e injuria, las reglas sobre la corrupcióna dministrativa y la ausencia de protección frente a la discriminación debido a la orientación sexual.

Ciertos sectores consideran que algunos de estos puntos podrían vulnerar los derechos o generar inseguridad jurídica mientras que otros argumentan que ciertas conductas deberán recibir tratamientos más fuertes.

Médicos cuestionan la responsabilidad penal

Asimismo, uno de los sectores que expresó mayor preocupación es el Colegio Médico Dominicano (CMD), que presentó una acción ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos relacionados con la responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas.

A la vez, el gremio impugnó el artículo que sanciona la expedición de certificados médicos falsos y advirtió que la redacción de algunas disposiciones podría fomentar la llamada «medicina defensiva», al exponer a los profesionales a procesos penales incluso cuando actúan para preservar la vida de un paciente.

El exjuez del TC Rafael Díaz Filpo consideró que este aspecto merece una revisión por las particularidades del ejercicio de la medicina.

Difamación, injuria y libertad de expresión

Otro de los puntos que más se discute es la incorporación de penas en prisiones para los delitos que se relacionen con la difamación y la injuria.

El Código establece:

  • Penas de dos a cinco años de prisión por difamación
  • Entre cinco y diez años cuando la difamación tenga fines de extorsión
  • De 15 días a un año de prisión por injuria

De igual forma, estas disposiciones fueron cuestionadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la cual entiende que estas podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y podrían convertirse en un mecanismo de censura indirecta.

Es más, la entidad sostiene que los conflictos que estén relacionados al honor y la reputación pueden resolverse mediante las sanciones civiles o económicas, sin necesidad de recurrir a penas que priven la libertad.

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Corrupción, discriminación y responsabilidad institucional

También, existen cuestionamientos sobre algunos de los aspectos que el Código dejó fuera de su alcance.

Entre ellos están la exclusión de responsabilidad penal. Para el Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y las iglesias, el plazo de 20 años de preinscripción para los delitos que estén relacionados contra el patrimonio público y la ausencia de una referencia donde se exprese a la orientación sexual entre las causas pata discriminación.

Organizaciones consideran que estas disposiciones podrían poner un límite en la rendición de cuentas y dejar sin protección de forma explícita a determinados grupos que pueden ser considerados vulnerables.

Finjus pide corregir errores técnicos antes de su aplicación

Además del contenido de algunos artículos, Finjus advierte que el nuevo Código presenta problemas de técnica legislativa que podrían dificultar su implementación.

Las observaciones señaladas son:

  • Ambigüedades en la redacción
  • Duplicidades entre artículos
  • Contradicciones internas
  • Tipos penales similares con sanciones diferentes
  • Posibles conflictos con la Constitución y el Código Procesal Penal

La organización propuso extender el período de vacatio legis para que el Congreso y el Poder Ejecutivo puedan corregir estas inconsistencias antes de que la normativa entre en vigor.

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