En un contexto donde el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción son prioridades nacionales, el Lic. Korge A. López Hilario, abogado y consultor, analiza los alcances del nuevo Código Penal y su impacto en el Estado de Derecho dominicano. Su visión ofrece una lectura clara sobre cómo las reformas legales impulsadas recientemente pueden transformar la justicia y la transparencia en el país.
Para López Hilario, la promulgación del nuevo Código Penal junto con la Ley de Compras y Contrataciones representa un avance significativo. Según explica, estas normas fortalecen la capacidad del Estado para perseguir y sancionar la corrupción administrativa.
El Estado redobla las capacidades, las garras para perseguir y sancionar eficazmente la corrupción”, afirma el jurista.
Las nuevas disposiciones incluyen tipos penales antes inexistentes y penas más severas, lo que genera un efecto disuasivo frente a la impunidad que ha afectado al país durante años. Además, este cambio normativo no solo refuerza la rendición de cuentas, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la ética pública y el cumplimiento de la ley.
Aun así, el abogado reconoce que los avances logrados en materia de transparencia son solo el inicio. En sus palabras:
Todavía hay mucho por avanzar; debemos redoblar los esfuerzos para perseguir y combatir eficazmente la corrupción administrativa”.
Por otra parte, López Hilario destaca la resolución alterna de conflictos como una herramienta esencial para lograr procesos judiciales más ágiles y efectivos. Esta modalidad, explica, acelera los casos, fortalece los expedientes del Ministerio Público y permite obtener sanciones penales con respaldo probatorio sólido.
La resolución alterna permite soluciones más rápidas, eficaces y la obtención de sanciones penales con respaldo probatorio sólido”, señala.
Gracias a este mecanismo, los involucrados pueden colaborar con la justicia, aportar pruebas y facilitar la reparación de los daños causados al Estado. Además, los acuerdos en materia de corrupción son legales y validados judicialmente, lo que garantiza los derechos de los imputados y asegura la transparencia del proceso.
De hecho, el abogado subraya que todo acuerdo pasa por la homologación de un juez competente, lo que evita arbitrariedades y confirma su legalidad. Por ello, considera que este enfoque no solo mejora la eficiencia del sistema judicial, sino que también refuerza la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Asimismo, el Lic. López Hilario enfatiza la necesidad de mantener la objetividad en las investigaciones penales para evitar la llamada judicialización de la política.
El método idóneo para evitar la judicialización de la política es actuar con respeto a la Constitución y las leyes”, sostiene con firmeza.
Para lograrlo, considera indispensable respetar la presunción de inocencia, la dignidad de los imputados y la independencia del Ministerio Público. Solo así se garantiza una justicia imparcial y libre de motivaciones políticas.
En su experiencia profesional, explica que las pruebas obtenidas conforme a la ley han permitido demostrar la responsabilidad penal y civil de los imputados, así como asegurar indemnizaciones proporcionales al daño causado al Estado. Esto demuestra, según el abogado, que el marco jurídico actual funciona cuando se aplica con rigor y transparencia.
Finalmente, López Hilario insiste en que el verdadero reto no está solo en aprobar leyes, sino en cumplirlas y fortalecer las instituciones.
Toda persona que vive en un Estado de Derecho apuesta al fortalecimiento de sus instituciones porque es indispensable para el desarrollo del país.”
Para él, el cumplimiento de la ley es la base sobre la cual debe construirse una República Dominicana más justa, ética y segura. El nuevo Código Penal simboliza esa aspiración: una herramienta para reducir el crimen, sancionar con ejemplaridad y garantizar el respeto a las normas.
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