Pérdidas de las EDE en RD: costo de la energía que no se factura ni se cobra
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El Gobierno promete bajar 5 puntos las pérdidas de las EDE en 2027 y 2028: cuánto cuestan hoy

Joel Santos proyecta reducir las pérdidas eléctricas en 2.5 puntos porcentuales por año, con inversiones superiores a US$700 millones en redes y subestaciones. El costo del problema incluye miles de millones en energía no facturada y subsidios estatales.

Primer plano de una bombilla incandescente encendida con filamento brillante apoyada sobre una factura impresa de servicio eléctrico junto a varias monedas doradas.

Foto: Con una inyección superior a US$700 millones en infraestructura eléctrica, las autoridades buscan recortar el déficit de las EDE y disminuir la carga presupuestaria que representan las pérdidas técnicas y no técnicas.

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El Gobierno dominicano se ha fijado una meta para el sistema eléctrico: reducir en cinco puntos porcentuales las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) entre 2027 y 2028. El plan contempla disminuir el indicador en 2.5 puntos cada año, mediante inversiones en infraestructura, mejoras en la gestión comercial y mayor eficiencia en la distribución.

El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien situó en 39.2% el nivel promedio actual de pérdidas de las tres distribuidoras públicas. Para alcanzar la meta, el Gobierno proyecta destinar más de US$700 millones a la modernización de las redes durante los próximos dos años, además de intervenir unos 1,800 kilómetros de líneas e incorporar 18 subestaciones.

El desafío tiene una dimensión financiera importante. Santos indicó que las pérdidas de energía representaron alrededor de US$1,700 millones durante el año anterior, aunque aclaró que cerca de US$900 millones de ese monto correspondieron al diferencial tarifario. A esto se suma el dinero que el Estado transfiere a las distribuidoras para sostener sus operaciones.

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¿Cuánto pierden actualmente las EDE?

Las tres empresas distribuidoras Edesur, Edenorte y Edeeste, registran un promedio de pérdidas de 39.2%, según la cifra ofrecida por el ministro de Energía y Minas. Esto significa que una proporción importante de la electricidad que las empresas compran no termina convertida en ingresos por facturación y cobro. Las causas pueden ser técnicas, como las deficiencias en las redes y las pérdidas durante la distribución, o no técnicas, relacionadas con conexiones ilegales, errores de medición y energía que se factura pero no se cobra.

Ahora bien, el problema se observa en los datos del primer semestre de 2026. Según el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales correspondiente a junio, las EDE compraron 9,940.1 gigavatios hora (GWh) entre enero y junio. De esa cantidad, 3,889.4 GWh no fueron facturados, equivalentes al 39.1% de la energía adquirida. A esa cantidad se sumaron otros 431.7 GWh que sí fueron facturados, pero no cobrados, equivalentes al 4.3% de la energía comprada. Al sumar ambos componentes, el indicador de pérdidas totales llegó a 43.5% durante ese período.

Es importante distinguir estas cifras: el 39.2% citado por Santos corresponde al promedio actual que maneja el Gobierno, mientras que el 43.5% recoge la energía que no fue facturada o cobrada durante el primer semestre, según el informe de junio. No son indicadores de períodos y componentes idénticos.

¿Cuánto dinero cuestan las pérdidas eléctricas en RD?

El impacto económico va más allá de la electricidad que las distribuidoras dejan de cobrar. Durante 2025, las pérdidas de energía representaron alrededor de US$1,700 millones, de acuerdo con las cifras citadas por Santos. De ese monto, cerca de US$900 millones correspondieron al diferencial tarifario ya que la diferencia entre el costo real de la electricidad y el precio que pagan los usuarios mediante las tarifas vigentes.

El ministro explicó que este componente del déficit persistiría incluso si las distribuidoras lograran cobrar toda la energía servida y reducir las pérdidas técnicas. En otras palabras, mejorar la facturación y la eficiencia de las redes no elimina automáticamente el costo que supone mantener una tarifa por debajo del costo real del servicio.

Es más, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), utilizado para cubrir parte de esa diferencia, había consumido US$693.7 millones hasta agosto de 2026, un 25% más que durante los primeros ocho meses del año anterior. Por tanto, no todo el monto de US$1,700 millones debe interpretarse como electricidad robada o desperdiciada que incluye componentes distintos del desequilibrio financiero del sector.

¿Cuánto dinero transfiere el Gobierno a las EDE?

Las transferencias estatales son otra forma de dimensionar el costo del sistema eléctrico. Hasta julio de 2026, el Gobierno central había ejecutado RD$68,673.3 millones en transferencias a las empresas distribuidoras.

Una estimación con datos presupuestarios y del sector eléctrico, situaba en RD$118,000 millones el déficit que podría alcanzar el sector al cierre de 2026, equivalente a unos US$1,965 millones y al 1.3% del producto interno bruto (PIB). Esta proyección no debe confundirse con el monto de las pérdidas de energía: las transferencias y el déficit de las EDE reflejan distintas necesidades financieras, entre ellas el costo de la electricidad, el diferencial tarifario y los problemas de facturación y cobro.

El volumen de recursos públicos destinados al sector muestra por qué la reducción de las pérdidas se ha convertido en una prioridad para las autoridades. Mientras las distribuidoras necesiten transferencias para cubrir sus desequilibrios, el problema seguirá teniendo consecuencias para las finanzas públicas.

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¿Cómo reducirá el Gobierno cinco puntos de pérdidas en dos años?

La estrategia anunciada por Santos contempla una disminución de entre dos y 2.5 puntos porcentuales en 2027 y una reducción adicional de entre dos y 2.5 puntos en 2028. La meta acumulada es acercar el indicador a una reducción de cinco puntos porcentuales al finalizar ese período. Para respaldar el plan, el Gobierno prevé inversiones superiores a US$700 millones en distribución durante los próximos dos años. De ese total, unos US$400 millones se contemplan como inversión de capital para 2027.

Los trabajos incluyen:

  • Intervención de 1,800 kilómetros de redes eléctricas: para modernizar la infraestructura de distribución y reducir pérdidas técnicas

  • Integración de 18 subestaciones: con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema

  • Mejoras en la gestión comercial: para elevar los niveles de facturación y cobranza

  • Proyectos con organismos multilaterales: como parte del financiamiento y la ejecución de las obras

Es más, la meta no depende únicamente de instalar equipos o renovar líneas. Requiere mejorar los procesos de medición, facturación y cobro, además de enfrentar las conexiones irregulares que afectan los ingresos de las distribuidoras.

¿La reducción de pérdidas bajará la factura de luz?

No necesariamente. Aunque una distribución más eficiente puede reducir los costos operativos y mejorar la situación financiera de las EDE, el Gobierno no ha anunciado que la meta de cinco puntos implique una rebaja automática en las tarifas eléctricas.

Santos señaló que, por el momento, no considera que estén dadas las condiciones para modificar el precio de la energía. Explicó que el diferencial tarifario seguirá incidiendo en las finanzas de las empresas, aun cuando se registren avances en la reducción de pérdidas. Desde el punto de vista técnico, el ministro reconoció que lo adecuado sería ajustar la tarifa al costo real del servicio. Sin embargo, sostuvo que cualquier decisión futura tendría que considerar una política de subsidios que determine qué sectores o usuarios recibirían apoyo y en qué proporción.

Esto significa que la reducción de las pérdidas y una eventual modificación tarifaria son decisiones relacionadas, pero diferentes. El resultado de la primera no garantiza por sí solo un cambio en el monto que pagan los hogares y negocios.

¿Cuándo se verán los resultados de las inversiones eléctricas?

El calendario del Gobierno sitúa la primera etapa de reducción para 2027 y la segunda para 2028. Sin embargo, Santos advirtió que las inversiones en infraestructura no producen resultados inmediatos: las mejoras en las redes pueden tardar entre tres y cinco años en reflejarse plenamente en el sistema. Por eso, aunque el plan contempla una reducción de pérdidas durante el bienio, parte de los beneficios de las obras podría observarse después de ese período.

También, el Gobierno trabaja en una propuesta de modificación de la Ley General de Electricidad 125-01 para fortalecer las disposiciones contra el fraude eléctrico. Según Santos, la iniciativa incluiría herramientas tecnológicas y sanciones más estrictas para el robo de energía, y se espera presentar durante los primeros meses de 2027.

La meta de reducir cinco puntos porcentuales representa un compromiso cuantificable para las distribuidoras, pero su impacto dependerá de que las inversiones se ejecuten, mejoren los niveles de cobro y disminuya la energía que se pierde antes de convertirse en ingresos. El reto no será solo bajar un indicador, sino reducir la cantidad de recursos públicos que necesita el sistema para mantenerse funcionando.

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