Fraude eléctrico en RD: estas son las penas de cárcel y multas

El fraude eléctrico en República Dominicana puede ser sancionado con prisión y multas, de acuerdo con la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07. La normativa considera fraude la sustracción intencional de energía para beneficio propio o de terceros mediante conexiones ilegales, manipulación de medidores u otros mecanismos destinados a alterar el consumo registrado.

Las sanciones no son iguales para todos los casos. La legislación establece una escala que toma en cuenta la cantidad de energía sustraída o, cuando corresponde, la potencia involucrada en el fraude.

Para los usuarios bajo Baja Tarifa Simple, las penas van desde días de prisión y multas de pocos salarios mínimos cuando la cantidad sustraída es menor, hasta sanciones más elevadas en función del consumo.

En los casos considerados más graves, de las penas ordinarias, existen circunstancias que pueden aumentar significativamente la condena. Entre ellas están la reincidencia, la participación de varias personas, la comisión del fraude durante horario nocturno y la producción de lesiones permanentes o muertes.

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¿Qué se considera fraude eléctrico en RD?

La legislación dominicana considera fraude eléctrico la acción intencional mediante la cual una persona sustrae o se apropia de energía eléctrica sin autorización, ya sea para beneficio propio o de terceros.

Esto puede ocurrir mediante una conexión directa al suministro sin contar con un contrato con la empresa distribuidora. Pero la definición no se limita a conectar ilegalmente un inmueble a la red.

También puede considerarse fraude, el manipular o alterar medidores eléctricos, modificar acometidas o redes de distribución, utilizar dispositivos destinados a alterar el registro del consumo, emplear programas informáticos o elementos electromagnéticos para modificar las mediciones y provocar intencionalmente una facturación por energía que no fue registrada correctamente.

La ley establece que estas prácticas constituyen un delito de acción pública, por lo que su persecución corresponde a las autoridades competentes.

¿Cuáles son las penas por fraude eléctrico en viviendas y pequeños comercios?

Para los consumos clasificados dentro de la Baja Tarifa Simple, la ley establece diferentes sanciones dependiendo de la cantidad de energía sustraída.

La escala contempla:

Energía sustraída	Prisión	Multa
Menos de 1,000 kWh	3 a 5 días	3 a 5 salarios mínimos
Más de 1,000 y menos de 2,000 kWh	5 a 10 días	5 a 10 salarios mínimos
Más de 2,000 kWh	10 a 20 días	10 a 20 salarios mínimos

En estos casos, la legislación contempla prisión, multa o ambas sanciones, dependiendo de la infracción y de la decisión correspondiente.

Es más, esto significa que un caso de fraude eléctrico en un hogar o pequeño comercio no necesariamente implica automáticamente años de prisión: la sanción depende de la cantidad de energía sustraída y de las circunstancias del caso.

¿Qué pasa cuando el fraude involucra una mayor potencia?

Las sanciones aumentan cuando se trata de usuarios bajo una Tarifa con Demanda, debido a que la escala se determina tomando en cuenta la potencia eléctrica sustraída.

En estos casos, las penas establecidas son:

Hasta 20 kilowatts (kW): de 3 a 6 meses de prisión y multa de 40 a 80 salarios mínimos
Más de 20 y hasta 50 kW: de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 80 a 160 salarios mínimos
Más de 50 y hasta 100 kW: de 1 a 2 años de prisión y multa de 160 a 320 salarios mínimos
Más de 100 kW: 3 años de prisión y multa de 320 a 5,000 salarios mínimos

Además, la diferencia es importante porque muestra que la legislación no establece una única pena para todo tipo de fraude eléctrico. Mientras una conexión ilegal en un hogar puede entrar en una escala basada en kilovatios-hora sustraídos, los casos de mayor demanda se sancionan considerando la potencia involucrada.

¿Cuándo el fraude eléctrico puede llegar a 20 años de prisión?

Los 20 años de prisión no corresponden a la sanción básica por cualquier fraude eléctrico. La pena puede alcanzar ese máximo cuando concurren circunstancias particularmente graves.

De igual forma, la Ley General de Electricidad establece que, cuando como consecuencia de las infracciones se produzcan lesiones permanentes o la pérdida de una o más vidas, la pena no podrá ser menor de cinco años ni mayor de 20 años.

Por eso, el titular de que un fraude eléctrico puede provocar hasta 20 años de prisión debe entenderse dentro de estos escenarios agravados. A la vez, la legislación contempla otros factores que pueden aumentar las penas.

¿Qué situaciones pueden aumentar la pena?

La normativa establece circunstancias que pueden elevar la sanción establecida inicialmente.

Entre ellas se encuentran:

Reincidencia: se aplica el máximo de la pena
Varios fraudes: cuando se han levantado diferentes actas contra el mismo imputado en distintos suministros, se aplica el máximo
Participación de varias personas: la pena puede aumentar en tres años
Fraude cometido durante la noche: si la persona es sorprendida entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., se agregan tres años de prisión
Lesiones permanentes o muertes: la pena pasa a un rango de 5 a 20 años
Participación habitual o frecuente de un grupo: pueden aplicarse las penas correspondientes a la asociación de malhechores

Estas condiciones explican por qué algunos casos pueden terminar con sanciones considerablemente superiores a las establecidas para una infracción básica.

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¿Hay que pagar la energía que fue robada?

Sí. Más allá de las sanciones penales que correspondan, la legislación contempla consecuencias económicas relacionadas con la energía sustraída.

Los tribunales pueden ordenar el pago de la cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente, de las compensaciones o resarcimientos que correspondan según el caso.

Lo que significa que una persona acusada de fraude eléctrico puede enfrentar más de una consecuencia ya sea una pena de prisión, una multa y la obligación de responder económicamente por la energía consumida de manera fraudulenta.

¿Qué ocurre si el usuario no sabía que había un fraude?

La ley contempla una situación particular cuando un usuario se beneficia de condiciones fraudulentas realizadas por terceras personas sin su conocimiento.

Asimismo, en ese escenario, la sanción administrativa aplicable consiste únicamente en la restitución de los valores dejados de pagar correspondientes a los últimos tres meses, según establece la normativa. Esto es diferente a demostrar que el propio usuario realizó intencionalmente una conexión ilegal o manipuló el sistema.

Por tanto, la existencia de un fraude en un suministro, no significa automáticamente que todas las personas vinculadas al inmueble sean responsables penalmente. La responsabilidad debe determinarse conforme a las circunstancias y pruebas del caso.

¿Cómo se determina la responsabilidad por fraude eléctrico?

La detección de una irregularidad debe quedar documentada mediante los mecanismos establecidos por la normativa. En casos anteriores, las autoridades han utilizado inspecciones técnicas para identificar conexiones directas, medidores manipulados y otras alteraciones del suministro.

Por ejemplo, en octubre de 2024 un tribunal condenó a un empresario por fraude eléctrico contra Edeeste y el Estado dominicano. El condenado recibió una multa de RD$1.8 millones y tres años de prisión suspendida, luego de que se comprobara una conexión irregular en su establecimiento.

Otro caso, relacionado con un negocio del Distrito Nacional, terminó en 2022 con una condena de tres años de prisión y una multa equivalente a 320 salarios mínimos, además de una indemnización a favor de la distribuidora.

Estos casos muestran que las sanciones pueden variar considerablemente dependiendo de la modalidad del fraude y de las circunstancias probadas ante el tribunal.

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¿Qué deben saber los usuarios sobre el fraude eléctrico?

Para los consumidores, el punto más importante es que manipular un medidor o realizar una conexión ilegal no es simplemente una irregularidad administrativa.

La legislación lo considera una infracción penal que puede implicar prisión, multas y el pago de la energía sustraída. Antes de intervenir un medidor, acometida o conexión eléctrica, los usuarios deben acudir a su empresa distribuidora o a las autoridades correspondientes.

De igual forma, deben tener precaución cuando terceros ofrecen “soluciones” para reducir artificialmente la factura mediante modificaciones del suministro.

Aunque la persona no sea quien físicamente manipula el medidor, su responsabilidad dependerá de lo que pueda demostrarse sobre su conocimiento y participación en el fraude.

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