5 mil viviendas nuevas en 2027: la meta del MIVHED ¿cómo pretende alcanzarla?
El desarrollo habitacional en República Dominicana plantea un desafío que no se limita a construir más casas. También supone mejorar la planificación, reducir las trabas administrativas, atraer inversión y fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para responder a las necesidades de las familias.
Foto: Durante el encuentro, Jean Luis Rodríguez compartió su perspectiva sobre los desafíos y oportunidades vinculados al desarrollo de la construcción y el sector inmobiliario en República Dominicana.
Para Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, estos factores han sido determinantes en los avances alcanzados en distintas zonas del país. A su juicio, detrás de los resultados existe un elemento que resulta fundamental para sostenerlos: la planificación.
A esta se suma el trabajo conjunto entre instituciones públicas, desarrolladores y profesionales vinculados a la construcción. Rodríguez considera que esta articulación permite aprovechar las capacidades de cada actor y traducirlas en proyectos con un impacto directo sobre la calidad de vida de los dominicanos.
Más allá de construir viviendas
El reto habitacional también pasa por generar las condiciones para que más familias puedan acceder a inmuebles formales, seguros y asequibles. Esto exige combinar la política social con una gestión técnica que tome en cuenta tanto las necesidades de la población como la dinámica del mercado.
De acuerdo con las cifras compartidas por Rodríguez, los programas impulsados desde el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones han permitido entregar más de 15,000 viviendas y reconstruir o preparar otras 57,000 en diferentes puntos del territorio nacional.

El siguiente paso, plantea el funcionario, es consolidar un modelo que pueda mantenerse en el tiempo y ampliar la cantidad de alternativas disponibles. En esa dirección se trabaja en nuevas iniciativas que incorporen las necesidades identificadas junto a desarrolladores y otros actores relacionados con la actividad inmobiliaria.
Permisos que también mueven la inversión
La agilización de los permisos de construcción ocupa otro espacio dentro de esta transformación. Para quienes desarrollan proyectos, reducir los tiempos de espera puede marcar una diferencia en la ejecución de las obras y en la capacidad de poner en marcha nuevas inversiones.
Desde el Ministerio se trabaja con la meta de que la obtención de un permiso de construcción pueda completarse en un plazo de hasta 30 días, una medida que busca hacer más eficiente la gestión y facilitar el avance de los proyectos.
Los datos presentados por Rodríguez reflejan un mayor movimiento en este ámbito. Entre enero y septiembre de 2026, las solicitudes crecieron 15 %, mientras que las licencias registraron un incremento de 93 %. Solo en septiembre se habían otorgado 151 licencias, frente a las 60 concedidas en el mismo mes de 2025.
Según las cifras expuestas por el ministro, esta actividad representa más de RD$28,000 millones en inversión y un impacto sobre 21,000 empleos directos.
El papel de la banca y los desarrolladores
La expansión de la oferta habitacional requiere algo más que iniciativas desde el Gobierno. El financiamiento y la participación de empresas privadas también tienen un peso relevante para que nuevos proyectos lleguen al mercado y más familias puedan acceder a ellos.
En ese punto, Rodríguez resalta el papel de la banca nacional, las entidades financieras y los desarrolladores. Su participación permite conectar las políticas públicas con el crédito, la construcción y la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Esta coordinación plantea una visión en la que el crecimiento inmobiliario no se mide únicamente por la cantidad de unidades construidas, sino también por la capacidad de generar espacios formales, seguros y sostenibles que respondan a las condiciones del país.
El desafío para República Dominicana está, entonces, en crear un entorno que permita construir con mayor eficiencia, facilitar la inversión y ampliar las opciones disponibles para las familias. Para ello, planificación, financiamiento, agilidad institucional y colaboración público-privada forman parte de una misma ecuación.
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