🔴 Maduro en EE.UU., en vivo: qué pasa en la audiencia clave
El proceso del exmandatario venezolano avanza en Nueva York entre disputas legales, acusaciones de narcoterrorismo y tensiones políticas internacionales.
El caso de Nicolás Maduro en EE. UU. continúa desarrollándose este 26 de marzo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Allí el tribunal revisa aspectos determinantes para el avance del caso por narcoterrorismo. Además, la audiencia se centra en disputas sobre el acceso a recursos para la defensa y la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía. Todo esto ocurre en un contexto de alta atención internacional.
La audiencia, celebrada este 26 de marzo, ocurre tras su comparecencia inicial en enero. En esa comparecencia se declaró no culpable. Desde entonces, el caso ha evolucionado hacia una disputa legal compleja. Esto combina elementos judiciales, políticos y financieros, incluyendo el acceso a recursos para su defensa.
Audiencia concluye
La segunda audiencia de Maduro concluyó este jueves sin que el tribunal fijara una fecha para la próxima visita judicial, con lo que se queda abierto el proceso y se mantiene a la espera de nuevas decisiones contra el caso.
Con respecto a los fondos bloqueados, el juez federal del distrito Alvin Hellerstein indicó que emitirá pronto una resolución sobre si ordenará a la Administración estadounidense permitir que el Gobierno de Venezuela cubra los gastos legales del exmandatario y de esposa, quién también figura como acusada en el caso.
Además el magistrado señaló que no desestimará el proceso en esta etapa debido a la disputa sobre el financimeinto, que fue uno de los argumentos que utilizó la defensa para desechar el caso, pero si dejo claro que esta decisión podría cambiar dependiendo del fallo que adopte sobre este punto. Este factor se determina como relevante para el desarrollo del caso en las próximas semanas.
Disputa por la defensa legal y fondos bloqueados
Uno de los puntos centrales de la audiencia gira en torno a la financiación del equipo legal de Maduro. Su defensa argumenta que las sanciones impuestas por Estados Unidos bloquean fondos que podrían ser utilizados para pagar abogados, lo que de acuerdo con sus representantes, esto vulnera su derecho constitucional a elegir defensa.
En la audiencia, el abogado defensor Barry Pollack sostuvo que el Gobierno de Venezuela debería poder cubrir los costos legales del exmandatario. Durante su participación ante el tribunal, argumentó que el acusado tiene derecho «no solo a una defensa competente sino a una defensa de su elección, y al uso de fondos no contaminados para ese fin».
Pollack indicó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, no cuentan con recursos propios para asumir los honorarios, por lo que insistió en el que el Estado venezolano debe sufragar esos gastos, como lo establecen las prácticas legales del país.
En contraste, la fiscalía sostiene que esos recursos no pueden ser utilizados debido a restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto podría obligar al acusado a recurrir a defensores públicos si no se resuelve el conflicto.
Además, el tribunal analiza si procede una orden de confidencialidad sobre las pruebas, ante el riesgo de que sean compartidas con otros implicados en el caso que permanecen prófugos.
Qué está en juego en la audiencia de Maduro en EE.UU.
La audiencia no solo aborda cuestiones procesales, sino que también podría definir el futuro del caso.
Entre los elementos clave que están en discusión se encuentran:
- La validez de las pruebas presentadas por la fiscalía
- El acceso del acusado a una defensa legal financiada
- La posible desestimación del caso solicitada por la defensa
- Las condiciones para avanzar hacia un juicio formal
El juez Alvin Hellerstein deberá decidir si el proceso continúa en su curso actual o si se introducen cambios sustanciales que podrían retrasar o modificar el juicio, que podría extenderse por uno o dos años.
Proceso con implicaciones internacionales
El caso de Maduro se desarrolla en un contexto de alta tensión geopolítica. Su captura en enero de 2026 por autoridades estadounidenses y su traslado a Nueva York marcaron un hecho poco común en la política internacional. Se trata del procesamiento de un jefe de Estado en tribunales de otro país.
Las acusaciones incluyen presuntos vínculos con redes de narcotráfico y grupos armados. Esto ha generado reacciones divididas a nivel global y mantiene el caso como uno de los procesos judiciales más relevantes en la región.
Mientras avanza el proceso, la audiencia actual se posiciona como un punto de inflexión. Esto podría determinar si el caso se encamina hacia un juicio prolongado o si se abren nuevas vías legales en la defensa del exmandatario.
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