COP31: las mujeres que protagonizan la agenda climática mundial

La discusión climática ha dejado de pertenecer exclusivamente a los ministerios de Medio Ambiente y a las comunidades científicas. Hoy atraviesa decisiones fiscales, políticas energéticas, estrategias industriales, relaciones comerciales, sistemas alimentarios y mecanismos de financiamiento internacional. Esa amplitud explica por qué la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Türkiye, del 9 al 20 de noviembre, reúne perfiles cuya influencia sobre la conversación ambiental procede de espacios muy diferentes.

Entre las figuras femeninas que han tenido participación en esta edición destacan cinco nombres: Fatma Varank, responsable de la estructura ejecutiva de la presidencia turca de la conferencia; Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres; Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela; Emine Erdoğan, primera dama de Türkiye y promotora de la agenda internacional de residuos cero; y Sally Higgins, representante juvenil de la presidencia de la COP31.

Sus intervenciones permiten observar cinco dimensiones de una misma crisis: la arquitectura institucional que debe convertir los compromisos en políticas, las desigualdades sociales que amplifican sus consecuencias, la tensión entre soberanía energética y transición ecológica, la economía circular y la necesidad de incorporar a las generaciones que vivirán con los resultados de las decisiones actuales.

Fatma Varank: la estructura ejecutiva detrás de las negociaciones de la COP31

La participación de Fatma Varank tiene una particularidad: su presencia no se limita a representar a Türkiye como país anfitrión. Como viceministra de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, fue designada directora ejecutiva (CEO) de la COP31 y negociadora jefe de Türkiye, con responsabilidades sobre la coordinación estratégica de la conferencia.

Su mandato comprende la supervisión del contenido sustantivo del proceso, la preparación de las negociaciones internacionales, la coordinación interinstitucional y la articulación de la agenda de acción climática. Se trata de una posición que conecta la organización de la cumbre con el trabajo diplomático que determina qué propuestas llegan a las mesas de negociación y bajo qué condiciones pueden avanzar.

La dimensión económica de su agenda ha sido especialmente visible. Antes de la conferencia, Varank había señalado la intención de que Türkiye funcionara como puente entre economías desarrolladas y países en desarrollo, particularmente en asuntos de financiamiento climático, transición justa y transferencia tecnológica. Son tres asuntos que condicionan la viabilidad de cualquier acuerdo: los países no parten de las mismas capacidades fiscales, tecnológicas ni industriales para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del calentamiento global.

El 12 de noviembre, Varank participó en la apertura del Pabellón de Mujeres de Türkiye, instalado en la Zona Azul de la conferencia. El espacio contempla actividades sobre economía climática, producción local, ciudades resilientes, salud y acceso a alimentos, con especial atención a la contribución de las mujeres en esos ámbitos.

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También formó parte de la conversación empresarial de la cumbre. El programa del COP31 Business Forum incluyó su intervención en la sesión Climate & Business Towards COP32, celebrada el 13 de noviembre, junto a representantes del sector empresarial y organismos internacionales.

La relevancia de su posición reside en que la transición climática necesita algo más que objetivos diplomáticos. Requiere instituciones capaces de coordinar inversiones, regulación, infraestructura y compromisos nacionales. Desde esa perspectiva, Varank ocupa uno de los puntos donde la política ambiental se encuentra directamente con la planificación económica.

Sima Bahous: las cifras que revelan el costo desigual de la crisis climática

La intervención de Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, introdujo en la COP31 una dimensión que suele quedar relegada frente a las discusiones sobre emisiones, combustibles y metas de temperatura: la distribución desigual del costo humano de la crisis climática.

El 10 de noviembre, ONU Mujeres presentó nuevos datos sobre la exposición de las mujeres y las niñas a los riesgos climáticos. El documento advierte que más de 1,500 millones de mujeres y niñas viven en países donde los peligros ambientales coinciden con condiciones de inseguridad económica y desigualdad de género.

La investigación también expone una brecha entre el reconocimiento institucional del problema y su incorporación efectiva en las políticas públicas. Aunque el 73 % de los países reconoce riesgos climáticos específicos para las mujeres en sus planes nacionales de acción climática, apenas algo más de un tercio los aborda de manera integral.

Las consecuencias económicas son particularmente reveladoras. De acuerdo con los datos recopilados por ONU Mujeres en 24 países, un incremento de un grado Celsius en la temperatura media estuvo asociado con una pérdida de ingresos totales para las mujeres un 34 % mayor que la registrada entre los hombres. La diferencia refleja, entre otros factores, su mayor exposición a actividades económicas vulnerables al clima y sus menores posibilidades de trasladarse hacia otras fuentes de empleo cuando las cosechas fracasan.

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El informe incorpora además una dimensión social y de seguridad. En 14 países, la exposición prolongada a sequías extremas estuvo asociada con un incremento del 21 % en las probabilidades de violencia sexual contra adolescentes y mujeres jóvenes. La escasez de recursos, el desplazamiento y la presión económica pueden agravar vulnerabilidades que ya existían antes de una emergencia ambiental.

Bahous también puso sobre la mesa las necesidades de financiamiento con perspectiva de género, el acceso de las mujeres a empleos verdes y la aplicación del Plan de Acción de Género de Belém.

Su intervención plantea una cuestión importante para la economía climática: medir el éxito de la transición exclusivamente por la reducción de emisiones deja fuera una parte sustancial de sus consecuencias. La capacidad de adaptación, la autonomía económica, el acceso a la energía y la protección social también determinan si una transformación ambiental puede considerarse justa.

Delcy Rodríguez: Venezuela defiende su modelo energético en el debate climático

La intervención de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, introdujo una de las tensiones más complejas de la conferencia: cómo conciliar la protección ambiental con las necesidades económicas de países cuyas finanzas dependen considerablemente de la explotación de hidrocarburos.

Rodríguez participó el 12 de noviembre en el Segmento de Alto Nivel de Jefes de Estado y de Gobierno de la COP31, celebrado en el Antalya Expo Center. Su discurso estuvo centrado en la posición venezolana frente a la emergencia climática, la defensa de los intereses del Sur Global y la posibilidad de mantener actividades energéticas dentro de un marco de sostenibilidad.

Durante su intervención anunció el programa gubernamental Venezuela Vive, concebido para articular las iniciativas de protección ambiental del país. Al mismo tiempo, defendió el derecho de Venezuela a aprovechar sus reservas de hidrocarburos y sostuvo que el desarrollo energético y la protección ambiental no constituyen necesariamente objetivos incompatibles.

Esta postura tiene una dimensión económica evidente. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, por lo que cualquier transformación de su matriz energética implica discutir ingresos fiscales, exportaciones, inversión, infraestructura y empleo. La transición plantea un desafío particularmente complejo para economías cuya estructura productiva continúa vinculada a los combustibles fósiles.

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La posición venezolana también se inserta en una discusión más amplia sobre la responsabilidad histórica de las emisiones. Los países en desarrollo reclaman que las economías industrializadas, responsables de una proporción considerable de las emisiones acumuladas, asuman compromisos financieros y tecnológicos acordes con su capacidad económica y su contribución histórica al problema.

Sin embargo, el argumento de la soberanía energética también plantea interrogantes sobre la velocidad y la profundidad de la transformación que exige el Acuerdo de París. La cuestión no consiste únicamente en quién tiene derecho a explotar sus recursos, sino en cómo se reducen progresivamente las emisiones y qué mecanismos garantizan que las inversiones actuales no prolonguen la dependencia de infraestructuras intensivas en carbono.

La participación de Rodríguez sitúa esa contradicción en el centro de la conversación: la transición energética debe responder tanto a las exigencias ambientales como a las realidades fiscales y productivas de cada país, sin que estas últimas se conviertan en un argumento para aplazar indefinidamente la transformación.

Emine Erdoğan: residuos cero y la construcción de una agenda internacional de economía circular

La intervención de Emine Erdoğan en la COP31 ha estado vinculada a una agenda ambiental que lleva varios años promoviendo desde Türkiye: el movimiento de residuos cero (Zero Waste), una iniciativa orientada a reducir la generación de desechos, mejorar los sistemas de recuperación de materiales y modificar los patrones de producción y consumo.

Su participación adquirió relevancia internacional el 11 de noviembre, cuando encabezó en Antalya el encuentro de alto nivel de cónyuges de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Global de Residuos Cero. La reunión congregó a representantes de distintos países y organismos multilaterales para impulsar la cooperación internacional en gestión sostenible de residuos.

Erdoğan, quien preside el Consejo Asesor de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre Residuos Cero del secretario general de Naciones Unidas, defendió la necesidad de convertir la responsabilidad ambiental compartida en alianzas de largo plazo. La iniciativa busca ampliar la colaboración entre gobiernos, instituciones y actores sociales en torno a la economía circular.

El planteamiento tiene implicaciones que van más allá del reciclaje. La gestión de residuos está relacionada con el consumo de materias primas, los costos de producción, la eficiencia energética y las emisiones de metano generadas por los desechos orgánicos. Por ello, reducir la cantidad de materiales que terminan en vertederos también forma parte de las estrategias de mitigación climática.

Uno de los encuentros vinculados a esta agenda fue la mesa de alto nivel sobre residuos cero, circularidad y metano, celebrada el mismo 11 de noviembre bajo la presidencia de Erdoğan. El programa contemplaba discutir cómo reducir al menos a la mitad el crecimiento proyectado de la generación municipal de residuos para 2035 y elevar al 15 % la tasa global de utilización circular de materiales.

La propuesta turca parte de una experiencia nacional que el Gobierno ha utilizado como argumento para impulsar su expansión internacional. Según cifras presentadas por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, la tasa de reciclaje de Türkiye pasó de aproximadamente el 13 % en 2017 al 40 % en 2025. No obstante, convertir esos avances en un modelo replicable exige infraestructura, inversión, sistemas de clasificación y mecanismos de responsabilidad empresarial.

Aquí se encuentra uno de los aspectos más relevantes de su participación: la economía circular no depende exclusivamente de las decisiones individuales de consumo. También requiere transformar los procesos industriales, establecer obligaciones para los productores y desarrollar mercados capaces de reincorporar materiales recuperados a las cadenas de suministro.

La reunión de cónyuges de mandatarios amplió, además, el alcance diplomático de la iniciativa. Entre las participantes estuvieron Janja Lula da Silva, de Brasil, y Sajidha Mohamed, de Maldivas, junto a representantes de otros países y organismos internacionales. El encuentro buscó construir una red de cooperación alrededor de la gestión de residuos y la protección ambiental.

Sally Higgins: la representación juvenil que conecta la política climática con las comunidades

La presencia de Sally Higgins responde a una lógica distinta de la diplomacia tradicional. Como Presidency Youth Climate Champion de la COP31, su función consiste en acercar las perspectivas de niños y jóvenes a los espacios donde se discuten las políticas climáticas internacionales.

Higgins procede de Allora, una pequeña localidad agrícola de Queensland, Australia, donde dirige junto a su pareja una explotación que combina ganadería bovina y cultivos. Su trayectoria aporta una perspectiva territorial a un debate que suele desarrollarse en términos de objetivos nacionales, mercados de carbono y compromisos multilaterales.

Su experiencia en agricultura y políticas de recursos naturales también ha marcado su aproximación al cargo. A través de una beca Nuffield Farming, estudió cómo gestionar las demandas que compiten por el uso de la tierra y los recursos naturales, un asunto especialmente importante para las comunidades rurales que deben adaptarse a nuevas condiciones climáticas y económicas.

Antes de la COP31, Higgins desarrolló consultas con jóvenes de diferentes regiones y participó en encuentros con comunidades, representantes gubernamentales, universidades y organizaciones internacionales. Durante una visita a Türkiye en septiembre, se reunió con jóvenes, agricultores y representantes de la sociedad civil para conocer sus prioridades de cara a la conferencia.

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En esas conversaciones apareció una demanda recurrente: los jóvenes no quieren limitarse a ser consultados, sino participar de manera efectiva en las decisiones. También señalaron barreras económicas, migratorias e institucionales que dificultan su presencia en los procesos internacionales.

Durante la conferencia, su agenda se ha articulado alrededor de la participación juvenil en las negociaciones, el intercambio intergeneracional y la conexión entre soluciones comunitarias y políticas públicas. El programa de actividades de la COP31 contempla intervenciones suyas en espacios de formación y diálogo entre jóvenes y negociadores.

Su papel adquiere especial importancia en una conferencia que debe abordar cuestiones cuyos efectos se extenderán durante décadas. Las decisiones sobre infraestructura energética, uso del suelo, agricultura y financiamiento climático comprometen recursos y condiciones de vida que afectarán directamente a generaciones que todavía no participan plenamente en los procesos políticos actuales.

La presencia de Higgins introduce, por tanto, una pregunta institucional: qué mecanismos permiten que las propuestas de los jóvenes trasciendan los espacios de consulta y encuentren una traducción concreta en las decisiones de los gobiernos.

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