Política migratoria de Trump: ¿qué riesgos económicos plantea?

Si las restricciones migratorias debilitan de manera sostenida esa participación en Estados Unidos, sus efectos pueden extenderse más allá de sus fronteras.

¿Puede entonces una estrategia concebida para fortalecer al país terminar debilitando algunos de los vínculos económicos que contribuyen a su peso en la región?

La economía estadounidense es la primera prueba de esa estrategia

Los trabajadores nacidos en el extranjero representan 19.1 % de la fuerza laboral civil estadounidense: casi uno de cada cinco.

El 19.1 % no identifica a un solo tipo de inmigrante. La categoría incluye ciudadanos naturalizados, residentes permanentes, trabajadores temporales y personas sin autorización migratoria. Casi la mitad — 47.3 % — es hispana o latina, una proporción particularmente relevante cuando Estados Unidos busca reforzar su influencia sobre la misma región de la que procede buena parte de su fuerza laboral inmigrante.

Ese 19.1 % tampoco equivale a la población más expuesta a deportaciones o a perder la autorización para trabajar. Se estima que 9.7 millones de inmigrantes sin autorización trabajan en Estados Unidos, equivalentes al 5.6 % de la fuerza laboral.

A escala nacional, el 5.6 % puede parecer una participación limitada. Pero esa proporción aumenta considerablemente en determinadas actividades. En la construcción, 15 de cada 100 trabajadores son inmigrantes sin autorización; en la agricultura, 14 de cada 100; y en el ocio y la hostelería, 8 de cada 100.

Una reducción de esta mano de obra no se distribuiría de manera uniforme en toda la economía. Puede tener un efecto relativamente pequeño donde su presencia es baja y uno mucho mayor allí donde una parte importante de los trabajadores pertenece precisamente al grupo más expuesto a deportaciones o a perder su autorización laboral.

En algunas actividades agrícolas, la concentración es aún mayor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el 42 % de los trabajadores agrícolas contratados para labores de cultivo carecen de autorización laboral. La medición no abarca toda la agricultura, pero vuelve mucho más difícil pensar en la sustitución como una simple vacante que otro trabajador puede ocupar.

Díptico de campos de fresas en California que compara una dotación habitual de 300 trabajadores con 80 tras redadas migratorias. — Redadas migratorias reducen la mano de obra agrícola en los campos de fresas de California, de 300 trabajadores habituales a 80.

La sustitución laboral tiene límites cuando la producción depende de tareas que deben realizarse en secuencia y dentro de un plazo determinado. Una cosecha que no se recoge cuando corresponde no puede recuperarse contratando personal semanas después. Si falta mano de obra para recolectar, clasificar o preparar el producto, puede llegar menos mercancía a plantas de empaque, transportistas, distribuidores y comercios.

VIDEO: El gobierno modifica las visas H-2A ante la escasez de trabajadores agrícolas

Cuando falta mano de obra en actividades agrícolas que dependen de plazos de cosecha específicos, la consecuencia puede verse reflejada directamente en la producción. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos recoge una estimación según la cual una reducción de 10 % de la fuerza laboral agrícola podría disminuir hasta 4.2 % la producción de frutas y verduras. Con una escasez de trabajadores del 21 %, el mismo análisis estima una pérdida cercana a US$5,000 millones de productos frescos disponibles para los consumidores estadounidenses.

Menos producción no significa que todos los alimentos encarezcan automáticamente. Pero en actividades en las que sustituir a los trabajadores es difícil y la cosecha no puede esperar, una menor oferta puede elevar los costos y aumentar la presión sobre los precios que paga el consumidor.

Una menor oferta de mano de obra también puede elevar los salarios y mejorar las oportunidades laborales de algunos trabajadores estadounidenses. Pero ese beneficio depende de que las empresas consigan cubrir las vacantes y mantener la producción.

Si los salarios suben y aun así falta personal, el ajuste deja de ocurrir únicamente en el mercado laboral y comienza a trasladarse a la producción.

Las empresas pueden responder automatizando tareas, reduciendo turnos, aplazando inversiones, importando más o trasladando parte de los mayores costos al consumidor. No todas tienen el mismo margen para hacerlo. Una fábrica puede reorganizar procesos; una cosecha que no se recoge a tiempo se pierde.

El mismo descenso de trabajadores puede producir un efecto pequeño en una actividad y alterar la producción y los precios en otra.

Además, hay una fuerza que actúa en sentido contrario. El inmigrante que deja de trabajar en Estados Unidos no solo deja una vacante: también deja de pagar el alquiler, de comprar alimentos, de utilizar transporte y de contratar servicios. Una menor inmigración puede reducir al mismo tiempo la oferta de trabajadores y el número de consumidores, de modo que sus efectos sobre salarios, precios y crecimiento no necesariamente se orientan en una sola dirección.

La cuestión económica ya no se limita, entonces, a determinar si otro trabajador puede ocupar la vacante. Importa cuánto tarda esa sustitución, cuánto deja de producirse mientras ocurre, qué costos absorben las empresas y qué consumo desaparece junto con esos trabajadores. Esa es una parte del impacto económico que el número de deportaciones, por sí solo, no logra captar.

¿Hasta dónde puede llegar el impacto económico de una menor inmigración cuando parte de esos salarios termina en América Latina?

El consumo que esos trabajadores generan en Estados Unidos es solo una parte de lo que ocurre con sus ingresos. Una fracción de sus salarios llega a sus países de origen en forma de remesas.

En conjunto, las remesas superan los US$173,700 millones en América Latina y el Caribe. Son ingresos obtenidos principalmente fuera de la región que ingresan al presupuesto de millones de hogares y terminan financiando el consumo, el ahorro, la vivienda, la educación, la salud y la inversión.

Si disminuyen de forma persistente el empleo, las horas trabajadas o los ingresos de quienes envían ese dinero, el impacto puede trasladarse a sus países de origen. Una decisión sobre quién puede trabajar y cuánto puede ganar en Estados Unidos puede terminar reduciendo la capacidad de compra, el ahorro o la inversión de hogares ubicados a miles de kilómetros de distancia.

La reacción inicial, sin embargo, puede ir en la dirección opuesta. Ante una mayor incertidumbre migratoria, algunos trabajadores utilizan sus ahorros, trabajan más horas y realizan envíos extraordinarios para proteger económicamente a sus familias. Esa respuesta puede sostener las remesas durante un tiempo, pero no de manera indefinida: cuando se agotan los ahorros o ya no es posible ampliar las horas de trabajo, mantener el mismo nivel de envíos depende cada vez más de que el trabajador conserve su empleo y sus ingresos en Estados Unidos.

Díptico sobre remesas entre Estados Unidos y América Latina con un envío desde EE. UU. y una caída de 40 % en San Cristóbal de las Casas, México. — Las remesas entre Estados Unidos y América Latina muestran efectos desiguales: mientras algunos migrantes envían remesas, ciertas comunidades receptoras ya registran caídas.

Quienes envían ese dinero, además, mantienen contactos, conocimiento del mercado y relaciones empresariales en sus países de origen. Un estudio del economista Walter Steingress encontró que cuando el número de inmigrantes recientes procedentes de un país aumentaba un 10 %, las importaciones estadounidenses de bienes intermedios provenientes de ese mismo mercado crecían alrededor de un 1,5 %.

Para una empresa estadounidense, conocer ambos mercados puede tener un valor concreto: saber dónde encontrar un proveedor confiable, quién puede distribuir un producto, qué demanda existe o cómo se negocia en un país que, de otro modo, resultaría menos familiar. Ese conocimiento puede reducir los costos de entrada y abrir oportunidades que se traduzcan en mayor comercio, inversión y crecimiento empresarial.

Otro estudio sobre redes de inmigrantes y comercio empresarial encontró que las compañías estadounidenses tenían una mayor probabilidad de comerciar con un país cuando en las proximidades de sus oficinas centrales vivía una comunidad numerosa de ese país.

La relación no es automática. Una reducción de 10 % en una comunidad inmigrante no implica una caída equivalente del comercio, y muchos vínculos empresariales pueden mantenerse, aunque cambien los flujos migratorios. Pero sí aparece un activo económico difícil de medir únicamente a través del empleo o de las remesas:

Personas integradas en la economía estadounidense que conocen, al mismo tiempo, los mercados de los que proceden y pueden facilitar negocios entre ambos lados.

Si esas redes se reducen de manera sostenida, Estados Unidos puede perder algo más que trabajadores, mientras que los países de origen pueden recibir menos remesas. También puede debilitar las relaciones personales y empresariales que facilitan el comercio, la inversión y los negocios con América Latina. Ese costo cobra especial importancia cuando el propio país busca reforzar su influencia económica en la región.

¿Hasta dónde puede Estados Unidos separar su política migratoria de su relación económica con América Latina?

El impacto de una política migratoria más restrictiva no sería el mismo en toda América Latina. Depende de quiénes integran cada comunidad inmigrante, de qué estatus migratorio tienen y de cuántas de esas personas están realmente expuestas a perder su capacidad de trabajar o de permanecer en Estados Unidos.

En República Dominicana, una fuerte dependencia de los ingresos provenientes de Estados Unidos convive con una comunidad inmigrante cuya exposición a determinadas medidas migratorias es menor. Más de ocho de cada diez dólares que el país recibe formalmente en remesas provienen de Estados Unidos. Sin embargo, entre enero y julio de 2026 esos envíos alcanzaron US$7,316.4 millones, 6.4 % más que en el mismo período del año anterior. Las remesas no están cayendo; continúan creciendo.

Una parte importante de quienes generan esos ingresos tampoco enfrenta la misma exposición migratoria. El 57 % de los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Una economía puede mantener una fuerte dependencia de los ingresos procedentes de Estados Unidos sin que todas las personas responsables de esos ingresos estén igualmente expuestas a una deportación o a perder su autorización para trabajar.

En República Dominicana, una mayor presión migratoria en Estados Unidos no se ha traducido hasta ahora en una caída de las remesas. El efecto depende de qué población resulte afectada, de su situación legal, del trabajo que realiza y de cuánto se reduzca su capacidad para seguir generando ingresos y mantener relaciones económicas con el país de origen.

El impacto puede ser mayor en los países cuyas comunidades en Estados Unidos concentran una proporción mayor de trabajadores sin autorización migratoria, con permisos temporales o en empleos especialmente expuestos a deportaciones y restricciones laborales. Si una parte importante de esa población pierde empleo o ingresos, el efecto puede trasladarse con mayor rapidez a las remesas, al consumo de los hogares, a la inversión y a las relaciones empresariales que conectan ambos mercados.

Las redadas migratorias en las zonas agrícolas de California ya han generado costos para sectores de la economía estadounidense que dependen de trabajadores inmigrantes. Si esos efectos se extienden de manera sostenida a las remesas, la inversión y las relaciones empresariales con América Latina, pueden complicar la posición de Estados Unidos en la región y debilitar aún más su poder económico.

La política migratoria ya no se limita a quienes viven en Estados Unidos sin autorización. El gobierno puso fin al parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo que también afectó las autorizaciones de trabajo asociadas, mientras el Departamento de Justicia intensificó las demandas de desnaturalización, con 123 acciones civiles contra personas acusadas de haber obtenido la ciudadanía ilegalmente o mediante fraude, ocultamiento o tergiversación de información relevante.

Son procesos jurídicamente distintos y un ciudadano naturalizado no puede perder su ciudadanía simplemente por ser inmigrante, pero ambos hechos muestran que el alcance de la política ya se ha extendido a personas que contaban con protección temporal y, bajo circunstancias legales mucho más específicas, incluso a ciudadanos naturalizados.

Por ello, el riesgo no depende solo de cuántas personas sean deportadas. Depende de hasta dónde Estados Unidos extienda su política migratoria a una población que también trabaja, invierte, envía dinero y mantiene relaciones económicas con América Latina. Cuanto mayor sea la reducción de esos vínculos, mayor será también el costo para una estrategia que busca reforzar la posición estadounidense en la región.

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