Venezuela tras la captura de Maduro: ONU documenta 64 nuevos casos de tortura en 2026

La advertencia figura en el más reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un documento especialmente relevante en un año marcado por la intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Según la misión, los cambios observados tras esos acontecimientos no han ido acompañados de reformas estructurales capaces de garantizar una transformación duradera del sistema político y de seguridad venezolano.

La ONU reconoce avances, pero alerta sobre la falta de reformas

La presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher, resumió la preocupación central del informe al señalar que la disminución de algunas prácticas represivas no significa que el sistema que las permitió haya desaparecido.

La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", afirmó Macher.

El informe sostiene que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia política continúan vigentes y que las estructuras de inteligencia y seguridad conservan prácticamente las mismas prácticas, políticas y cadenas de mando que operaban durante los años más duros de la represión estatal.

Además, al menos 19 funcionarios identificados previamente por la misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando cargos relevantes dentro de las instituciones del país.

Menos presos políticos, pero persisten los abusos

Entre los aspectos positivos, los expertos destacan una reducción significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas asociadas a la persecución política. También subrayan la liberación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos y una mayor tolerancia hacia protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones civiles.

Sin embargo, estas mejoras conviven con prácticas que la misión considera extremadamente preocupantes.

Los investigadores documentaron nuevos casos de tortura y malos tratos contra detenidos políticos, incluyendo denuncias de intubación forzada, aislamiento prolongado y confinamiento en estructuras subterráneas conocidas por los reclusos como "la máquina del tiempo" dentro de la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.

En instalaciones militares como Fuerte Guaicaipuro, la ONU también recibió denuncias sobre reclusión en celdas semejantes a fosas subterráneas, privación de alimentos, exposición a bajas temperaturas y otras condiciones consideradas degradantes.

Más de 60 nuevos casos de tortura documentados

La misión informó que recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero de 2026. Asimismo, advirtió que continúan existiendo condiciones de detención extremadamente precarias que han provocado fallecimientos bajo custodia debido a malos tratos o falta de atención médica adecuada.

Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, organizaciones de derechos humanos calculan que todavía permanecen detenidas entre 300 y 500 personas por razones políticas o ideológicas.

El informe además identifica un patrón persistente de arrestos breves utilizados para intimidar a activistas, dirigentes opositores, periodistas y representantes de la sociedad civil.

Los colectivos siguen operando

Uno de los aspectos más sensibles del informe se refiere a los llamados "colectivos", grupos civiles armados progubernamentales que han sido señalados durante años por organizaciones de derechos humanos.

Según la investigación de la misión, estos grupos no pueden considerarse estructuras marginales o ajenas al Estado, sino que forman parte central del sistema de control político y social desarrollado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La ONU sostiene que no se ha tomado ninguna medida efectiva para desarmar o desmantelar estas organizaciones, que continúan siendo una fuente permanente de intimidación y violencia en distintas comunidades del país.

El informe especial que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos profundiza además en los vínculos entre estos colectivos y las instituciones estatales, incluyendo conexiones con la Policía Nacional Bolivariana y otros organismos de seguridad.

Llamado a Estados Unidos y a la comunidad internacional

La misión, integrada por Sofía Macher, el canadiense Alex Neve y la experta mexicano-argentina María Eloísa Quintero, pidió a Estados Unidos y a otros actores internacionales mantener la presión para impulsar cambios reales en derechos humanos dentro de Venezuela.

Sin embargo, los expertos advirtieron que cualquier acción internacional debe evitar generar nuevas vulneraciones de derechos o facilitar la comisión de crímenes internacionales.

Una transición aún incompleta

La principal conclusión del informe es que Venezuela atraviesa una etapa de apertura limitada pero todavía frágil.

Para la ONU, la liberación de presos políticos y la reducción de algunas prácticas represivas constituyen avances importantes, pero insuficientes mientras no existan reformas profundas en el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y las estructuras responsables de los abusos documentados durante años.

Como advirtió Sofía Macher, cualquier mejora seguirá siendo "frágil y reversible" mientras persistan la impunidad, la falta de independencia judicial y las estructuras de represión que permitieron las violaciones de derechos humanos denunciadas por la ONU.

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