Cierran en Guerra la fábrica de cartón Cartesa por operar sin permisos y guardar combustible
La clausura de Fábrica Cartesa, un establecimiento dedicado a la producción de cartón en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de la supervisión industrial en República Dominicana.
Foto: El cierre de la fábrica Cartesa en Guerra pone de relieve la importancia de cumplir las normativas industriales, los permisos de funcionamiento y las medidas de seguridad para el almacenamiento de combustibles.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), ordenó el cierre de las instalaciones tras detectar irregularidades en sus operaciones comerciales, permisos de construcción y almacenamiento de hidrocarburos.
La intervención, realizada el 1 de noviembre de 2026, también permitió desmantelar un depósito de combustible que funcionaba sin las autorizaciones correspondientes.
Durante el operativo, las autoridades ocuparon equipos y combustible valorados en RD$ 2.25 millones, como parte de las acciones de fiscalización para garantizar que las actividades industriales se desarrollen dentro del marco legal.
El caso adquiere relevancia por las dimensiones del complejo intervenido y por la combinación de incumplimientos identificados.
Más allá de la paralización de una fábrica, la actuación institucional pone el foco en los controles que deben cumplir las empresas para operar, construir instalaciones y almacenar combustibles en territorio dominicano.
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Cartesa operaba sin permisos comerciales y de uso de suelo
Según el informe oficial, la fábrica identificada como Cartesa no contaba con el Certificado de Uso de Suelo, un requisito necesario para acreditar que las actividades desarrolladas en un establecimiento son compatibles con las disposiciones correspondientes a su ubicación.
Las autoridades también señalaron que la empresa carecía de las autorizaciones requeridas para desarrollar sus actividades comerciales. Estas irregularidades motivaron la intervención del MICM y el CECCOM, con el respaldo de otras instituciones públicas.
El operativo contó con la participación de la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).
Esta coordinación permitió abordar diferentes aspectos de la situación detectada, desde las condiciones de funcionamiento del establecimiento hasta las disposiciones relacionadas con la construcción y la contratación de personal.
En materia de edificaciones, el MIVHED dispuso la paralización de los trabajos por incumplimientos de la Ley 687-82, que establece disposiciones relacionadas con la supervisión y el control de las obras de ingeniería y arquitectura.
La intervención también incluyó verificaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros. La Dirección General de Migración participó para comprobar la situación migratoria del personal vinculado con las operaciones de la fábrica.
Este componente del caso introduce otra dimensión de la fiscalización empresarial: el cumplimiento de las normas laborales y migratorias también forma parte de las responsabilidades que deben atender las compañías establecidas en el país.
En ese contexto, las regulaciones para empresas con trabajadores extranjeros constituyen un aspecto relevante para quienes desarrollan actividades productivas en República Dominicana.
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Depósito clandestino: ocuparon 1,000 galones de gasoil
Uno de los hallazgos más relevantes de la inspección fue la existencia de un depósito de combustible que operaba sin cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 112-00 de Hidrocarburos.
Durante la intervención, los agentes identificaron un tanque con capacidad para 5,000 litros de combustible y procedieron a desmantelar el espacio utilizado para su almacenamiento irregular.
Además, las autoridades retuvieron 1,000 galones de gasoil, que junto con los equipos ocupados fueron valorados en aproximadamente RD$2,250,000.
La presencia de estas instalaciones dentro del complejo industrial amplía el alcance de las irregularidades detectadas. El almacenamiento de hidrocarburos requiere condiciones y autorizaciones específicas, debido a los riesgos asociados con la manipulación y conservación de combustibles.
Por esa razón, el cumplimiento de las disposiciones sobre almacenamiento y comercialización constituye un componente fundamental de la supervisión del sector energético y de las actividades industriales que dependen del suministro de derivados del petróleo.
La actuación también pone de relieve la importancia de los mecanismos de vigilancia sobre los combustibles, un mercado sujeto a controles institucionales y disposiciones legales específicas. La regulación del mercado energético resulta determinante para prevenir operaciones al margen de las normas y garantizar condiciones adecuadas para las actividades comerciales.
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Un complejo industrial de tres naves queda bajo intervención
La inspección permitió establecer que las instalaciones de Cartesa estaban integradas por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles, destinado a oficinas y residencias. En el interior del complejo también fue localizado el espacio utilizado para almacenar combustible.
La dimensión de la infraestructura contrasta con las irregularidades administrativas y técnicas señaladas por las autoridades. El caso evidencia que la puesta en marcha de instalaciones industriales requiere atender simultáneamente las disposiciones comerciales, urbanísticas, migratorias y de seguridad aplicables.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, conocido como Yayo, sostuvo que República Dominicana mantiene una política abierta a las inversiones extranjeras y al desarrollo de actividades comerciales, pero recordó que las empresas deben operar conforme a las leyes y regulaciones nacionales.
Su posición plantea un principio relevante para el entorno de negocios: la atracción de capital y el crecimiento de la actividad productiva deben avanzar junto con el cumplimiento de las obligaciones legales. La seguridad jurídica para los inversionistas depende también de reglas claras y de su aplicación a todos los operadores económicos.
Hasta el momento, el informe oficial no especifica cuántas personas extranjeras fueron detenidas ni cuáles sanciones podrían imponerse a los responsables de las irregularidades identificadas.
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