Milei endurece las sanciones contra petroleras que operen en Malvinas sin autorización argentina
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto para agilizar las sanciones contra empresas petroleras que exploten hidrocarburos en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires, en una medida que busca reforzar la histórica reclamación argentina de soberanía sobre el archipiélago y aumentar la presión sobre los proyectos energéticos impulsados bajo licencias concedidas por las autoridades isleñas y respaldadas por el Reino Unido.
La decisión llega en un momento especialmente sensible debido al avance del proyecto petrolero Sea Lion, considerado el desarrollo hidrocarburífero más importante de la zona y cuya puesta en producción está prevista para 2028.
Un decreto para acelerar las sanciones
El decreto presidencial busca facilitar la aplicación de la Ley 26,659, aprobada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La normativa establece sanciones para aquellas compañías que desarrollen actividades en áreas que Argentina considera bajo su jurisdicción sin contar con autorización oficial.
Según la nueva disposición, cualquier organismo estatal que detecte actividades relacionadas con la explotación de recursos en Malvinas deberá informar de inmediato para iniciar procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas.
Milei apunta contra petroleras, accionistas y proveedores
La medida amplía el alcance de las restricciones más allá de las compañías operadoras.
El presidente adelantó que las sanciones alcanzarán también a:
- Directivos de las empresas.
- Accionistas.
- Inversores.
- Contratistas.
- Proveedores logísticos.
- Empresas de servicios técnicos y financieros.
- Consultoras vinculadas a los proyectos.
Quienes operen en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio en disputa o una operación rentable y segura en un país soberano”, afirmó Milei durante un mensaje emitido por cadena nacional.
El objetivo principal: el proyecto Sea Lion
La medida apunta especialmente contra el proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Malvinas.
El desarrollo está liderado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que a finales de 2025 tomaron la decisión final de inversión para avanzar hacia la producción de petróleo en la zona.
Las estimaciones indican que el yacimiento podría contener alrededor de 1,700 millones de barriles de petróleo, convirtiéndose en uno de los recursos energéticos más relevantes del Atlántico Sur.
La extracción comercial de crudo está prevista para comenzar en marzo de 2028.

Empresas ya sancionadas por Argentina
Esta no es la primera vez que Buenos Aires aplica medidas contra compañías vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas.
Argentina ya había sancionado a:
- Rockhopper Exploration en 2013.
- Navitas Petroleum en 2022.
Ambas compañías fueron inhabilitadas para desarrollar actividades en territorio argentino durante veinte años.
Actualmente también operan o mantienen licencias de exploración en la zona otras empresas como la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de numerosas firmas proveedoras de infraestructura y servicios.
Las compañías minimizan el impacto de las medidas
La respuesta empresarial no se hizo esperar.
Rockhopper y Navitas emitieron una declaración conjunta asegurando que las nuevas decisiones del Gobierno argentino no tendrán un impacto material sobre el desarrollo del proyecto Sea Lion.
Las compañías sostienen que sus licencias fueron concedidas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo permanente del Gobierno británico.
Además, reiteraron que mantienen intacto el calendario previsto para el desarrollo del yacimiento.
Restricciones para acceder al régimen de grandes inversiones
El decreto incorpora otra herramienta de presión económica.
Las empresas que incumplan la legislación argentina sobre Malvinas no podrán participar en proyectos beneficiados por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los programas estrella impulsados por el Gobierno de Milei desde 2024 para atraer capitales al país.
Esto implica que compañías vinculadas a desarrollos petroleros en las islas podrían quedar excluidas de importantes beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios disponibles para grandes proyectos de inversión en Argentina.
Malvinas vuelve al centro de la agenda política
La decisión representa uno de los posicionamientos más contundentes de Milei sobre la cuestión Malvinas desde que llegó al poder.
Durante su mensaje televisado, el mandatario reafirmó que las islas son argentinas “por historia y por derecho” y sostuvo que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas y legales disponibles para defender su reivindicación soberana.
El presidente advirtió además que permitir el avance de proyectos petroleros sin respuesta podría fortalecer la presencia británica en el archipiélago y consolidar la explotación de recursos que Argentina considera propios.
También anuncia una nueva base naval
Junto con las sanciones, Milei presentó medidas de carácter estratégico y militar.
Entre ellas figura el fortalecimiento presupuestario del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, la provincia argentina más cercana a las Malvinas.
El Gobierno considera que esta infraestructura permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y potenciar su proyección hacia la Antártida.
Un nuevo foco de tensión con Reino Unido
Las medidas anunciadas por Buenos Aires podrían aumentar la tensión diplomática con Londres.
Desde el Reino Unido se mantiene la posición de que las islas seguirán siendo británicas mientras así lo decidan sus habitantes, apoyándose en el referéndum celebrado en 2013, cuando la población local votó masivamente por mantener su condición de territorio británico de ultramar.
Mientras tanto, Argentina insiste en que la soberanía del archipiélago sigue siendo una cuestión pendiente de resolución y rechaza la legitimidad de las licencias otorgadas por las autoridades isleñas para la explotación de recursos naturales.
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