¿Qué cambia con las nuevas órdenes de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas con las que busca restringir el alcance de la ciudadanía por nacimiento y prohibir el denominado turismo de maternidad, una práctica mediante la cual personas extranjeras viajan al país con el objetivo de que sus hijos obtengan automáticamente la nacionalidad estadounidense.

Estas medidas representan un nuevo intento de la administración Trump por modificar la aplicación del principio de ciudadanía por nacimiento, en un contexto de debate jurídico por la interpretación de la Enmienda 14 de la constitución de Estados unidos. La decisión llega después de un fallo adverso de la Corte Suprema emitido a finales de junio en el caso Trump v. Barbara.

Según la Casa Blanca, las nuevas directrices buscan reforzar la seguridad nacional y evitar el uso indebido del sistema migratorio estadounidense.

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¿Qué cambia con la nueva orden sobre ciudadanía por nacimiento?

La primera orden ejecutiva establece que determinados grupos de personas quedarán excluidos del beneficio de la ciudadanía automática por nacimiento para sus hijos.

De acuerdo con el subjefe de gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, la medida incluye a los hijos de personas consideradas:

• Enemigos extranjeros de Estados Unidos
• Integrantes de organizaciones terroristas internacionales
• Personas que actúen o hagan cabildeo en representación de gobiernos extranjeros

Es más, la administración sostiene que estos grupos no están sujetos a la jurisdicción plena de Estados Unidos, argumento que considera respaldado por excepciones legales previamente reconocidas.

Trump busca frenar el turismo de maternidad

Ahora bien, la segunda orden ejecutiva está dirigida específicamente contra el llamado turismo de maternidad.

Dicha normativa instruye a las autoridades migratorias a negar visas a extranjeros que pretendan ingresar a Estados Unidos con el propósito deliberado de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

La Casa Blanca fundamenta esta decisión en la Sección 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y calificó esta práctica como un «fraude al sistema de los Estados Unidos».

Asimismo, ordenó al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional identificar y desmantelar las redes que organizan este tipo de viajes con fines comerciales.

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La Casa Blanca defiende la legalidad de las medidas

De igual forma, durante la presentación de las órdenes ejecutivas, Trump afirmó que se han creado negocios alrededor de la ciudadanía por nacimiento. «Están creando negocios alrededor de la ciudadanía por nacimiento; no es así como debía funcionar. Es una vergüenza, están comprando su entrada y no lo vamos a permitir», declaró el mandatario.

Por su parte, el secretario de la Casa Blanca, Will Scharf, aseguró que las nuevas disposiciones se apoyan en facultades ejecutivas previamente reconocidas por la jurisprudencia y expresó su confianza en que resistirán eventuales impugnaciones judiciales.

El debate gira en torno a la Enmienda 14

Las nuevas órdenes ejecutivas reavivan el debate sobre el alcance de la Enmienda 14, vigente desde hace más de un siglo.

También, esta disposición constitucional establece que prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, principio conocido como birthright citizenship o ciudadanía por derecho de nacimiento.

Además, diversos especialistas consideran que cualquier intento de limitar este derecho podría enfrentar nuevos desafíos legales en los tribunales federales. Hasta el momento la Casa Blanca no ha publicado el texto íntegro de las órdenes ejecutivas.

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Se anticipan nuevos litigios

A la vez, se prevé que las medidas serán objeto de demandas en los próximos meses. La administración Trump sostiene que el enfoque de las órdenes está centrado en la seguridad nacional y no contradice directamente la jurisprudencia vigente.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y juristas ya han anticipado que analizarán el alcance de las nuevas disposiciones una vez se conozca su contenido completo.

El resultado de esos procesos podría definir el futuro de una de las interpretaciones más relevantes de la Constitución estadounidense en materia migratoria.

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