Elecciones Perú 2026: qué dice la ley si hay empate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Mientras el escrutinio avanza voto a voto, crece el interés por conocer qué establece la legislación electoral en caso de que la diferencia entre los candidatos sea mínima.
Foto: El avance del escrutinio oficial mantiene un escenario de paridad absoluta entre ambos líderes políticos desatando el interés público por las garantías establecidas en la normativa vigente.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú 2026 mantiene al país en expectativa ante la estrecha disputa entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.
Con un margen de apenas unas décimas porcentuales entre ambos aspirantes y miles de actas aún por procesar, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es qué ocurre si el resultado final termina prácticamente empatado.
De igual forma, la legislación peruana contempla mecanismos específicos para resolver este tipo de escenarios y garantizar la proclamación de un ganador, incluso cuando la diferencia sea mínima.
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¿Qué establece la ley electoral peruana?
La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) señala en su artículo 18 que, durante la segunda vuelta presidencial, resulta elegido el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.
Además, esto significa que no existe un porcentaje mínimo requerido para ganar la elección. Los votos nulos y en blanco no forman parte del cálculo final, por lo que una diferencia de un solo voto válido es suficiente para definir al próximo presidente de la República.
En consecuencia, la legislación no contempla la posibilidad de repetir la elección ni realizar sorteos para decidir la Presidencia en caso de una diferencia extremadamente reducida.
El concepto de «empate técnico» no existe en la ley
Aunque los analistas y encuestadoras suelen utilizar el término para describir diferencias estadísticamente insignificantes, esta expresión no tiene validez jurídica dentro del sistema electoral peruano.
Ahora bien, las autoridades electorales únicamente toman en cuenta el resultado oficial del conteo de votos válidos. Por tanto, aunque dos candidatos aparezcan empatados dentro del margen de error de una encuesta, la elección será definida por el escrutinio final.
¿Por qué puede demorarse el resultado oficial?
Cuando la diferencia entre candidatos es muy estrecha, el proceso de proclamación suele extenderse debido a la revisión de las denominadas actas observadas.
Estas actas son remitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a los Jurados Electorales Especiales (JEE) cuando presentan inconsistencias numéricas, errores de llenado, datos ilegibles o ausencia de firmas.
Es más, los JEE analizan cada caso en audiencias públicas donde participan representantes de las organizaciones políticas antes de emitir una resolución.
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La última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones
Aunque la ONPE publica avances permanentes del conteo, estos resultados tienen carácter informativo y no constituyen el resultado legal definitivo.
La proclamación oficial corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de validar el proceso, resolver apelaciones y declarar formalmente al ganador.
Solo después de concluir esta etapa el país conocerá de manera definitiva quién gobernará Perú durante el período 2026-2031.
Un escenario que Perú ya ha vivido
Asimismo, la posibilidad de una definición ajustada no es nueva en la política peruana. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski por poco más de 40,000 votos. Cinco años después, en 2021, volvió a caer por una diferencia similar ante Pedro Castillo.
Ambos procesos estuvieron marcados por impugnaciones, revisiones de actas y varias semanas de espera antes de la proclamación oficial de los resultados.
Ahora, con un nuevo final cerrado entre Fujimori y Sánchez, Perú vuelve a enfrentar un escenario de alta tensión política, aunque la legislación electoral establece que, independientemente del tiempo que tome el escrutinio, el nuevo presidente deberá asumir el cargo el próximo 28 de julio de 2026, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.
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