Arroz en RD: qué propone el PLD y qué responde Abinader

La derogación del decreto que establecía medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz abrió un nuevo frente de discusión entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Gobierno de Luis Abinader. Mientras la organización opositora reclama un plan de contingencia para los productores, el mandatario sostiene que la decisión no coloca al país en una posición vulnerable frente a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

El PLD presentó el 12 de octubre de 2026 cinco propuestas para enfrentar la situación del sector arrocero, entre ellas una mesa nacional de negociación, una evaluación de la política aplicada entre 2021 y 2026, mayor transparencia sobre las decisiones gubernamentales, conversaciones formales con el país norteamericano y un programa extraordinario de modernización agrícola. La organización pidió que las medidas incluyan presupuesto, plazos y objetivos verificables.

Por su parte, Abinader, afirmó que la eliminación de la disposición no implica abandonar a los arroceros y que el país mantiene mecanismos para regular la entrada de productos agrícolas mediante requisitos fitosanitarios y zoosanitarios. A la vez, defendió la preferencia de los consumidores dominicanos por el arroz nacional y aseguró que el Gobierno continuará procurando condiciones que protejan a los productores y permitan mantener precios justos.

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¿Qué pasó con el decreto que protegía al arroz dominicano?

El presidente Abinader derogó el Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026. La disposición anterior, firmada el 17 de diciembre de 2024, establecía condiciones arancelarias para regular las importaciones de arroz en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

El Decreto 693-24 contemplaba un arancel de 20% para determinadas importaciones dentro del contingente arancelario establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y de 99% para las cantidades que superaran ese límite. Y establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de aranceles.

Ahora bien, la derogación se produjo en medio de las conversaciones comerciales con Estados Unidos sobre el acceso de productos agrícolas al mercado dominicano y el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el DR-Cafta. El cambio eliminó el régimen específico establecido por ese decreto.

Cinco medidas que proponen para enfrentar la situación del arroz

De igual forma, el PLD considera que la derogación debe estar acompañada de acciones concretas para mantener la competitividad de la producción nacional. Las propuestas fueron presentadas por dirigentes de la organización durante una rueda de prensa el 12 de octubre.

Estas son las medidas planteadas:

Crear una mesa nacional de negociación: reunir a productores, industriales arroceros y autoridades gubernamentales para evaluar las consecuencias de la derogación y acordar respuestas inmediatas

Evaluar la política arrocera de 2021 a 2026: presentar un balance de los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos y las acciones realizadas para preparar al sector ante la apertura comercial

Garantizar transparencia sobre la decisión: publicar los informes jurídicos que sustentaron la emisión y posterior derogación del Decreto 693-24, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan)

Negociar formalmente con Estados Unidos: identificar mecanismos de cooperación, transición y respaldo a los agricultores que sean compatibles con las disposiciones del DR-Cafta

Implementar un programa extraordinario de modernización: invertir en infraestructura de riego, mecanización, investigación agrícola, crédito, asistencia técnica y reducción de los costos de producción

La organización pidió que el Gobierno presente un plan de contingencia con presupuesto y calendario de ejecución, que incluya medidas específicas para pequeños y medianos productores y permita evaluar los resultados.

¿Qué responde Abinader sobre la derogación del decreto?

El presidente rechazó que la eliminación del Decreto 693-24 deje al país en una situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Durante una intervención por videollamada en el programa El show del Mediodía, explicó que el país conserva la potestad de regular la entrada de productos agrícolas mediante requisitos fitosanitarios y zoosanitarios.

El mandatario sostuvo que el arroz producido en República Dominicana cuenta con una ventaja vinculada a las preferencias de los consumidores locales. Según sus declaraciones, el arroz estadounidense necesita mezclarse con el dominicano para comercializarse en el país.

Asimismo, defendió la decisión como parte de las discusiones sobre las condiciones formales del tratado comercial y aseguró que el Gobierno mantendrá su respaldo al sector arrocero.

El presidente afirmó que las negociaciones apenas comienzan y que la nación caribeña busca avanzar hacia la eliminación de aranceles para sus productos, de acuerdo con los compromisos de libre comercio. Y sostuvo que el objetivo es defender la producción nacional, preservar la seguridad alimentaria y procurar precios justos para los consumidores.

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¿Por qué el DR-Cafta está en el centro de la discusión?

El tratado establece compromisos comerciales que inciden en el acceso de productos agrícolas a los mercados de los países participantes.

En el caso del arroz, la discusión está relacionada con la eliminación progresiva de los aranceles y las condiciones de competencia entre las importaciones y la producción local. El PLD sostiene que el Gobierno conocía desde hace años la fecha prevista para el fin del período de desgravación arancelaria y que debió preparar con anticipación a los agricultores.

También, la organización cuestiona que durante 2024 se autorizaran importaciones de arroz que, según los datos que presentó, alcanzaron los 4.7 millones de quintales. A su juicio, esa situación debe examinarse dentro de una evaluación integral de la política arrocera. Por su parte, el Gobierno, defiende la continuidad de las negociaciones comerciales y sostiene que la derogación no supone renunciar a la protección de los productores nacionales.

¿Cuántos productores y empleos dependen del sector arrocero?

El debate tiene implicaciones económicas y sociales debido al peso de la actividad arrocera en las comunidades rurales. Según las cifras citadas por el PLD, el sector reúne alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos. Estas cifras justifican la necesidad de establecer medidas que permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y reducir los riesgos asociados con los cambios en las condiciones de importación.

Además, el partido recordó que el rendimiento del arroz pasó de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos por hectárea en 2019, un incremento de 1,018 kilogramos por hectárea. Se trata de datos históricos presentados por la organización, no de una medición actual de la productividad del sector.

Entre los aspectos que propone atender están la rehabilitación de canales de riego, el acceso al financiamiento, la mecanización de las labores agrícolas y la asistencia técnica. Estas acciones, según su planteamiento, ayudarían a disminuir costos y fortalecer la competitividad de los productores.

¿Qué falta por definir para el futuro del arroz dominicano?

La organización reclama que las autoridades publiquen los recursos disponibles, los plazos de ejecución y los mecanismos para medir los resultados de las políticas que se adopten. Plantea que las negociaciones con Estados Unidos deben contemplar las necesidades del sector agrícola nacional.

Abinader ha reiterado que el Gobierno defenderá la producción dominicana y que conserva instrumentos para regular las importaciones. Sin embargo, la aplicación concreta de esa posición dependerá de las medidas que adopten las autoridades y de las condiciones que se definan en las conversaciones comerciales.

Para los productores, los puntos clave serán conocer qué apoyos estarán disponibles, cómo evolucionarán los costos de producción y qué condiciones regirán la entrada de arroz importado. Para los consumidores, el desafío será preservar el abastecimiento y evitar que las decisiones comerciales se traduzcan en aumentos injustificados de precios.

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