Querella contra Julio Iglesias: delitos que investigará la Justicia española
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La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales

El juez abrió una investigación por las denuncias de dos exempleadas que sitúan los hechos en República Dominicana y Bahamas. La decisión también incluye señalamientos por lesiones y trato degradante.

Plano medio de perfil del cantante español Julio Iglesias vistiendo traje oscuro, camisa blanca y corbata negra mientras canta sosteniendo un micrófono con cable en un escenario iluminado sobre fondo negro.

Foto: Un juez de la Audiencia Nacional inicia diligencias de investigación contra el intérprete Julio Iglesias a raíz de las acusaciones presentadas por dos antiguas trabajadoras sobre hechos presuntamente ocurridos en el Caribe.

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La Audiencia Nacional de España admitió la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos antiguas trabajadoras, quienes lo acusan de presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. La decisión del magistrado Antonio Piña abre una investigación judicial sobre hechos que, según las denunciantes, ocurrieron en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.

El juez consideró que los testimonios y los elementos aportados son suficientes para iniciar el procedimiento, aunque aclaró que esta decisión no supone una valoración sobre la credibilidad de las acusaciones. Como parte de las diligencias, las dos querellantes fueron citadas a declarar presencialmente el próximo 3 de febrero de 2027, con el propósito de ratificar su denuncia.

La resolución admite investigar tres categorías de presuntos delitos, pero deja fuera otros señalamientos incluidos originalmente en la querella: trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. El proceso representa un nuevo capítulo judicial después de que la Fiscalía archivara una primera denuncia en enero de 2026 por considerar que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar los hechos.

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¿De qué acusan las dos exempleadas a Julio Iglesias?

La querella fue presentada por dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe. A través de la organización Women’s Link Worldwide, las denunciantes sostienen que durante 2021 fueron sometidas a situaciones de acoso y agresiones sexuales, además de condiciones laborales que consideran abusivas y degradantes.

Según el relato recogido en la denuncia, los hechos habrían ocurrido en propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Las mujeres también alegan que el artista habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

La querella incluye señalamientos relacionados con presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante. A la vez, plantea que las condiciones en las que trabajaban podrían constituir delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y contra los derechos laborales. Pero estas afirmaciones forman parte de la denuncia de las exempleadas y todavía deben ser examinadas durante la investigación judicial. Iglesias ha negado las acusaciones y las ha calificado públicamente de falsas.

¿Qué delitos investigará la Audiencia Nacional?

El magistrado Antonio Piña admitió la querella por tres categorías de presuntos delitos:

  • Delitos contra la libertad sexual: relacionados con las conductas que las denunciantes describen como presuntas agresiones y situaciones de contenido sexual no consentidas.

  • Lesiones: por los daños físicos que una de las mujeres atribuye a los hechos denunciados.

  • Trato degradante: por las condiciones y conductas que las exempleadas describen durante su relación laboral con el cantante.

Sin embargo, el juez rechazó investigar en este procedimiento los señalamientos de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. La admisión parcial significa que la investigación tendrá un alcance delimitado. No supone que todos los delitos incluidos originalmente en la querella hayan sido reconocidos judicialmente ni que se haya establecido la responsabilidad penal del artista.

¿Qué pruebas presentó una de las exempleadas?

Entre los elementos que el juez tuvo en cuenta figura el relato detallado de las dos denunciantes y una fotografía aportada como prueba documental.

De acuerdo con la información difundida por la Audiencia Nacional, en la imagen se observa un hematoma en uno de los brazos de una de las trabajadoras, compatible con la posibilidad de haber sido agarrada con fuerza. Aparecen dos marcas en uno de sus muslos que podrían corresponderse con mordeduras. La querella sostiene que esas lesiones estarían relacionadas con actos de contenido sexual a los que, según la denunciante, habría sido obligada a participar.

El magistrado consideró que los testimonios constituyen un principio de prueba que justifica iniciar las diligencias. Destacó la importancia de las declaraciones de las víctimas en investigaciones por presuntos delitos sexuales, que suelen producirse en espacios privados y sin testigos directos.

No obstante, el juez precisó que admitir estos elementos no equivale a confirmar que los hechos ocurrieron tal como fueron relatados. Su alcance y credibilidad deberán examinarse durante el procedimiento.

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¿Por qué la Audiencia Nacional española puede investigar hechos ocurridos en RD?

Uno de los puntos centrales del caso es la competencia de los tribunales españoles, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España.

Asimismo, en enero de 2026, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había archivado una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción. Entre sus argumentos señaló que los hechos se situaban en el extranjero, que las denunciantes no tenían vínculos de residencia con España y que el presunto autor tampoco se encontraba en ese país.

La situación cambió después de que Women’s Link Worldwide presentara una querella directamente ante los juzgados de la Audiencia Nacional en septiembre. En octubre, la Fiscalía modificó su criterio y consideró que el tribunal podía examinar el caso. El juez Antonio Piña finalmente aceptó la competencia de la jurisdicción española, tomando en consideración la nacionalidad española de Iglesias y las disposiciones que permiten investigar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos españoles.

¿Cuándo declararán las denunciantes y qué sigue en el proceso?

Las dos exempleadas fueron citadas a declarar presencialmente el 3 de febrero de 2027. En esa comparecencia deberán ratificar la querella y responder a las preguntas relacionadas con los hechos denunciados.

La investigación permitirá examinar sus testimonios, los documentos aportados y otros elementos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido. Deberá determinarse el alcance temporal de los presuntos delitos de lesiones y trato degradante, debido a que el juez señaló que algunas conductas podrían estar prescritas, según la fecha en que se hubieran cometido y su calificación jurídica.

La decisión de admitir la querella no significa que el cantante haya sido condenado ni que exista una declaración judicial de culpabilidad. Se trata de la apertura de una investigación penal para determinar si hay elementos que permitan avanzar en el procedimiento.

¿Qué ha dicho Julio Iglesias sobre las acusaciones?

El cantante ha rechazado públicamente los señalamientos de sus antiguas empleadas. Cuando se conoció la primera denuncia, en enero de 2026, negó las acusaciones en sus redes sociales y las calificó de falsas.

También emprendió acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por considerar que sus declaraciones sobre el caso habían afectado su honor. Sin embargo, el Tribunal Supremo no admitió a trámite esa demanda.

Hasta la información difundida por el momento, la admisión parcial de la querella constituye el principal avance judicial del caso. La investigación deberá establecer qué ocurrió en las residencias del cantante en el Caribe y si las conductas denunciadas pueden atribuirse penalmente a las personas señaladas.

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