Trump revoca regulaciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero en EE.UU.

La decisión impacta directamente la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. El gobierno desmonta el argumento técnico que sostenía que seis gases contaminantes amenazan la salud pública. Entre ellos destacan el dióxido de carbono y el metano. Con este cambio, la Casa Blanca traslada el debate desde la ciencia hacia la economía y la competitividad energética

La EPA pierde su base legal para regular el CO2

La Determinación de Peligro surgió tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Massachusetts vs. EPA de 2007. Esa decisión reconoció que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. En 2009, la administración de Barack Obama concluyó que estas emisiones representaban una amenaza directa para la población. A partir de ese dictamen se estableció su regulación federal.

Al revocar ese fundamento, la administración Trump elimina el soporte jurídico que permitía fijar límites obligatorios a las emisiones de CO2. Las restricciones afectaban a plantas eléctricas, vehículos e industrias. Desde la perspectiva del Gobierno, la medida libera a empresas y consumidores de lo que califican como “regulaciones asfixiantes”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que la anulación podría generar un ahorro estimado de 1,300,000,000,000 dólares. Según la Casa Blanca, la desregulación impulsará el dominio energético del país. También reducirá los costos asociados a la transición hacia energías limpias.

Sin embargo, expertos en derecho ambiental advierten que la derogación no es un simple ajuste técnico. La consideran un cambio estructural. A su juicio, podría dificultar que futuras administraciones impongan controles federales sobre la contaminación derivada de combustibles fósiles.

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Golpe a la política climática de Obama y Biden

La decisión supone un revés directo a las estrategias climáticas de gobiernos anteriores. Durante la presidencia de Joe Biden, el plan climático buscaba reducir las emisiones de carbono en un 50 % para 2030. La estrategia se apoyaba en incentivos fiscales y subsidios incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación.

Esa legislación promovía inversiones en energías renovables y tecnologías limpias. El objetivo era abaratar la transición energética. Paralelamente, la EPA endureció los estándares de emisiones. Con ello buscaba acelerar el abandono del carbón y el petróleo.

En el último año, el Congreso de mayoría republicana recortó varios incentivos. Esto debilitó el alcance de la ley. Ahora, con la eliminación de la Determinación de Peligro, también se desmonta el andamiaje regulatorio que obligaba a la industria a adaptarse.

Organizaciones ambientales califican la medida como un retroceso histórico en la lucha contra el cambio climático. Michelle Roos, directora ejecutiva de la Red de Protección Ambiental, advirtió sobre sus efectos. Señaló que la decisión podría traducirse en más contaminación y mayores costos de salud. También alertó sobre un impacto climático agravado para las comunidades vulnerables.

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Estados Unidos frente a un clima cada vez más extremo

El debate político ocurre en un contexto de evidencia científica creciente. La Evaluación Nacional del Clima de 2023 reveló que las temperaturas en Estados Unidos han aumentado 1.4 °C desde 1970. Durante el siglo XX, el incremento fue de 0.7 °C. La aceleración es evidente.

La frecuencia anual de las olas de calor se ha triplicado desde la década de 1960. Las tormentas producen lluvias más intensas. Los incendios forestales son cada vez más severos. Además, los huracanes muestran una rápida intensificación desde comienzos de la década de 1980.

Un panel de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina fue categórico. Señaló que la evidencia sobre los daños causados por los gases de efecto invernadero es científicamente indiscutible. El informe presentado durante el proceso de derogación refuerza esa conclusión. Diversas líneas de evidencia confirman que las actividades humanas son el principal motor del calentamiento observado.

Los científicos sostienen que las fuerzas naturales no explican los cambios actuales en el balance energético del planeta. A pesar de ello, la administración Trump no solicitó formalmente la opinión de las Academias. La Ley de Aire Limpio contempla consultas científicas en este tipo de procesos.

Impacto económico y diplomático

La derogación también puede tener consecuencias en la diplomacia climática internacional. Al eliminar la base científica que sustentaba su compromiso regulatorio, Estados Unidos debilita su posición en acuerdos multilaterales.

Para los mercados energéticos, el mensaje es claro. Se prioriza la producción nacional de combustibles fósiles como motor de crecimiento. Para los defensores del clima, en cambio, la señal es de retirada frente a un desafío global que exige coordinación.

En el plano político, la medida refuerza el perfil de Trump ante su base electoral. Muchos de sus seguidores asocian la regulación ambiental con pérdida de empleos y mayores costos industriales. No obstante, la decisión abre la puerta a una batalla judicial. Estados demócratas y organizaciones ambientales ya han anunciado impugnaciones.

La eliminación de la Determinación de Peligro redefine el mapa regulatorio estadounidense. La Casa Blanca celebra un ahorro billonario y mayor independencia energética. Sus críticos advierten que el costo podría medirse en calidad del aire, salud pública y resiliencia climática en las próximas décadas.

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