El DR-CAFTA abarata los cortes de cerdo y las habichuelas

Hasta la década de 1990, los aranceles eran la principal fuente de ingresos fiscales del Gobierno dominicano, pero el ITBIS lo ha desplazado. Este cambio marcó el inicio de una transformación en la política tributaria y comercial del país.

Rodrigo Muñoz

DIGITAL EDITOR

03.03.2020 02:42

El 1 de marzo de 2007, República Dominicana se incorporó al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). Aunque en las siglas en inglés el país aparece primero, lo cierto es que fue el último en firmar el acuerdo, ya redactado, para evitar quedar fuera y afectar a las zonas francas.

Compromisos y desgravación arancelaria

Con la firma, el país asumió el compromiso de desgravar diversos productos agropecuarios en un calendario que se extendería por varios años. Este proceso buscaba integrar la economía dominicana al comercio internacional, ofreciendo ventajas competitivas y acceso a mercados más amplios.

Al llegar 2020, numerosos productos agrícolas y agroindustriales comenzaron a entrar libres de aranceles desde Estados Unidos y Centroamérica. 140 líneas arancelarias alcanzaron el libre comercio ese año, incluyendo rubros como cebolla, ajo, queso cheddar, maíz, embutidos, carne de res, cortes de cerdo, yuca, batata, bananos, habichuelas y harina de trigo.

Impacto en precios y competencia

Este proceso continúa hasta 2025, cuando productos estratégicos como arroz y pollo ingresarán al país con tasa cero desde Estados Unidos y las naciones centroamericanas del bloque: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Panamá, por su parte, mantiene un acuerdo comercial parcial con República Dominicana desde 1985.

Para los productores locales, esto representa un reto significativo, ya que deberán adaptarse a la competencia internacional o enfrentar el riesgo de quiebra. Sin embargo, los consumidores dominicanos podrían beneficiarse con mejores precios y mayor variedad de productos.

El dilema del libre comercio

Los tratados como el DR-CAFTA plantean un dilema: agilizan el mercado y reducen costos, pero también pueden provocar destrucción de empleos en el corto plazo. El calendario de desgravaciones, que parecía lejano en 2007, se está cumpliendo con precisión, obligando a la agropecuaria dominicana a reinventarse.

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